La reactivación macroeconómica que se inició a partir del tercer trimestre de 2020 no se reflejó a corto plazo en una mejora sustancial de las condiciones socioeconómicas de la población joven, uno de los grupos más perjudicados por la crisis derivada de la COVID-19.
Hoy, los menores de 30 años no disponen de los ingresos para poder alquilar o comprar en solitario una vivienda del mercado libre en ninguna de las 17 comunidades autónomas españolas, una realidad en regiones tradicionalmente más caras, como Baleares, Cataluña, Madrid, Canarias o País Vasco, pero que ahora también está sucediendo en las más asequibles, como Castilla-La Mancha, Extremadura o Murcia.
A nivel estatal, de media, tendrían que destinar casi el 60% de sus ingresos a costear las rentas de cada mes y más del 90% al pago de una hipoteca, unos porcentajes que doblan y triplican el máximo recomendable y que por tanto son inviables para poder afrontar el resto de los gastos del día a día.
Acceso de la población joven a la vivienda
Entre el primer y segundo semestre de 2020 el precio de la vivienda experimentó un moderado descenso que se tradujo en una reducción del esfuerzo económico que debería asumir una persona joven asalariada tanto para el arrendamiento como para la compra de vivienda libre, con una disminución de 1,26 y 1,34 puntos porcentuales respectivamente.
Al término de 2020 más de la mitad de la población de entre 16 y 29 años que residía en una vivienda independiente (el 57,5 %) optaba por la fórmula del alquiler, a pesar del sobreesfuerzo económico que entrañaba. El coste teórico del alquiler para una persona joven en solitario suponía tener que destinar el 91,6 % de su sueldo. A priori, la compra de vivienda resultaba más económica, siendo necesario reservar el 55,1 % del salario para el pago de la cuota hipotecaria.
Imposible comprar
Sin embargo, la compra de vivienda resulta muy restrictiva para gran parte las personas jóvenes debido a las condiciones de acceso a la financiación hipotecaria y el necesario ahorro previo para cubrir el desembolso inicial (generalmente del 20 % del valor del inmueble, a los que se suman otros gastos administrativos y fiscales). Además, debe tenerse en cuenta que a finales de 2020 apenas el 36,4 % de las personas jóvenes estaba trabajando, en una coyuntura de fuerte incidencia de la temporalidad contractual que lastraba la estabilidad económica necesaria para hacer frente a los pagos derivados de la vivienda.
Mejor alquilar
Entre todas las opciones, la fórmula menos costosa para efectuar la salida del hogar familiar era la de compartir el alquiler de la vivienda con otras personas. El coste de acceso de alquiler de un piso compartido para una persona joven asalariada supondría destinar el 27,8 % de sus ingresos.
Las trayectorias de emancipación residencial de la población joven intensificaron su descenso hasta alcanzar mínimos históricos a finales de 2020. A cierre de 2019, la tasa de emancipación registraba un 18,7 %, cayendo en 1,3 puntos porcentuales a mitades de 2020 (17,3 %) y reduciéndose todavía más en el último trimestre del pasado año (-1,5 puntos). A finales de 2020 la proporción de personas jóvenes que residía de manera autónoma se desplomaba, con una tasa de emancipación resultante del 15,8 %.
Constituir un hogar, una quimera
La constitución de hogares jóvenes, uno de los hitos que define los procesos de transición hacia la vida adulta, depende en gran medida de su vinculación al mercado laboral. Si bien entre el segundo trimestre y el cuarto trimestre de 2020 se experimentó un aumento en la tasa de empleo juvenil de 2,9 puntos porcentuales (pasando de un 33,5 % a un 36,4%), la mayoría de los nuevos contratos fueron de carácter temporal.
En el último trimestre de 2020, el 52,1 % de las personas jóvenes asalariadas tenía contratos temporales. Además, entre las personas ocupadas se produjo una acusada reducción de las horas trabajadas con un aumento de la tasa de parcialidad (26,1 %) que se reflejó también en quienes trabajaban a tiempo parcial de manera involuntaria.
Coste efectivo de la vivienda para la población joven
A diferencia del “coste de acceso” que mide la proporción de la renta neta que teóricamente debería destinarse para alquilar o comprar una vivienda libre, el «coste efectivo» se refiere al desembolso que realmente realizan los hogares cuando están ocupando una vivienda.
En el caso de los hogares con personas jóvenes emancipadas, el coste efectivo medio en 2019 era superior cuando vivían de alquiler que cuando lo hacían en una vivienda de propiedad con una hipoteca en curso, del 29,4 % y el 24,3 % sobre el conjunto de los ingresos netos del hogar, respectivamente.
La novedad de 2019 fue que los hogares en riesgo de sobrendeudamiento, situación que se produce cuando se está aportando más del 40 % de toda la renta disponible al pago de la vivienda, en comparación con 2018 aumentó en los hogares que vivían de alquiler, a la vez que disminuía entre los que eran propietarios de sus respectivas viviendas.
