Desde que el Tribunal Supremo avalase la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en la que se obligaba a impartir un 25% de las clases en castellano, algunas familias han solicitado que la sentencia se ejecute provocando situaciones como la vivida en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar. En la que por petición de una familia se deberán impartir 6 horas y media de clase en castellano en una clase de P5.
Responsabilidad del centro
Lo que ha cambiado en este caso es que la responsabilidad de aplicar la ley no recae sobre el Departamento de Educación, sino sobre la dirección del centro: «La decisión del tribunal se dirige a la directora de la escuela y eso nos impide que desde el Departamento de Educación respondamos directamente. Quien responde es la directora, y yo como consejero siempre protegeré a mis trabajadores, los centros educativos y las direcciones. Le hemos acompañado y orientado de cara a la ejecución de estas medidas.» Manifestaba el Consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray.
Politizar la lengua
Desde el PSC, partido que ganó las últimas elecciones en Cataluña, también se muestran favorables a dejar que los centros administren las clases siguiendo criterios pedagógicos. «Lo que hay que hacer en Cataluña es dejar de politizar el uso de la lengua y la educación. Hay que serenar los ánimos, aislar a las familias de este debate y dejar que los profesionales del ámbito educativo hagan su trabajo, como lo hacen en la inmensa mayoría de los casos”, manifestaba Salvador Illa.
Consenso
Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de la escuela también han declarado que defienden el modelo que se seguía hasta ahora: “porque es el que se aprobó por el claustro y después por el consejo escolar y es el que tiene el consenso de toda la comunidad educativa. Creemos que este es el modelo que deberían tener todos los niños de la escuela y no debería romperse por un interés particular”.
Tuit polémico
Desde algunos medios se a hablado de miedo de las familias a la hora de pedir que se aplique la sentencia del 25% de clases en castellano, pero lo cierto es que en este caso el único accidente que consta ha sido el tuit del consultor gastronómico, Jaume Fàbrega, que instaba a apedrear la casa de la familia que pedía más clases en castellano. La alcaldesa de Canet de Mar, Blanca Arbell manifestaba al respecto que: “En ningún momento se ha visto alterado con ninguna novedad el día a día ni se ha alertado a la policía que hubiera ningún conflicto de ningún tipo”.
El 55% de sus ciudadanos de Cataluña (los de lengua materna y propia española) no puedan escolarizar a sus hijos en español. Por contra el 35% los de lengua catalana si pueden hacerlo.
Que un grupo lingüístico tenga unos derechos que el otro carece tiene un nombre; «discriminación».
Los nacionalistas utilizan el argumentos de que todos los niños terminan aprendiendo el español en la calle, pero aunque así sea, ninguna razón instrumental, puede justificar la discriminación.
Los derechos no puede ser suprimidos, por razones instrumentales. La imposición (inmersión) lingüística es contraria a la democracia a la libertad y a la igualdad y debe ser abolida ya.
El modelo lingüístico a seguir es el de Finlandia donde los niños suecohablantes y fineses estudian en su lengua (tal como recomienda la ONU) y aprenden la otra como asignatura. El modelo neofranquista de inmersión practicado en Cataluña es incompatible con la democracia, la igualdad y la libertad.