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Mireia Plana, Vicepresidenta de Plataforma per la Llengua: “La presión por introducir el castellano es proporcionalmente pequeña, pero mediáticamente muy fuerte”

El Tribunal Supremo ha avalado la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y obliga a impartir un 25% de las clases en castellano

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El litigio en los tribunales para conseguir que el castellano tenga mayor presencia en las aulas se ha resuelto. El Tribunal Supremo avala la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en la que se obligaba a impartir un 25% de las clases en castellano. Sindicatos y entidades del ámbito de la enseñanza catalana ya han llamado a desobedecer una sentencia que puede poner en peligro la Inmersión Lingüística. Mireia Plana i Franch (Barcelona, 1964), vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, conoce bien la Inmersión y el efecto que puede tener la sentencia del TS en su aplicación. Lo explica a Diario 16.

¿Cómo se ha recibido desde Plataforma per la Llengua la sentencia del TS que obliga a impartir el 25% de las clases en castellano?

La hemos recibido con un poco de decepción porque una vez más se ha judicializado un tema que se tenía que haber resuelto desde un aspecto político y social. La inmersión lingüística es un pacto social y político que funciona en Cataluña desde hace muchos años.

¿El nivel de aceptación de la Inmersión Lingüística en la sociedad catalana se mantiene intacto?

Esta primavera hemos hecho una encuesta desde la plataforma para preguntar por la aceptación de la inmersión, y el 82 % de las personas que han respondido la encuesta se han mostrado favorables a ella.

¿Eso supera el apoyo que tienen los partidos soberanistas, que gozan de un respaldo del 52%?

En este 82% que se mostraba favorable a la Inmersión había hasta votantes de partidos que no son abiertamente independentistas, incluso había  votantes de Ciudadanos. Concretamente, casi un 40% de los votantes de la formación naranja estarían a favor de la Inmersión.

¿Y cuál es el efecto que tiene la sentencia del TS?

Lo que hace es distorsionar la aplicación de la Inmersión, que justamente ahora en Cataluña está siendo discutida, pero en el sentido contrario.

Es decir…

Se tendría que aplicar con más rigor y de una manera que pueda funcionar mejor, ya que lo que estamos comprobando es que el uso del catalán está bajando y si está bajando es porque alguna cosa está fallando en la aplicación de la Inmersión.

¿La sentencia supone que el Estado no avala la Inmersión?

No. Ya que el Estado español ha suscrito la carta europea de las lenguas minoritarias en su totalidad. Y un aspecto de esta carta prevé que se pueda hacer Inmersión Lingüística en las escuelas de los territorios donde hay lenguas oficiales diferentes al castellano. Pero ahora, con el porcentaje que dicta la sentencia, se nos impide que la Inmersión Lingüística que prevé la carta europea se pueda cumplir.

¿Hasta dónde puede alcanzar el impacto de la sentencia?

La sentencia vulnera los tratados internacionales que el Estado español ha firmado y, por otra parte, impide o pone trabas al consenso que existe en Cataluña sobre esta materia. Pero todavía hay otra cuestión: en Cataluña los centros educativos tienen proyectos lingüísticos mediante los cuales gestionan la realidad sociolingüística que les envuelve. Con la imposición de un porcentaje, estos proyectos lingüísticos pueden verse afectados.

¿Cambia mucho la realidad lingüística de las diferentes zonas de Cataluña?

Obviamente, no es el mismo tratamiento de las lenguas el que se tiene que hacer en una escuela del Raval de Barcelona que en una de la Seu d’Urgell o que en otra del Priorat.

¿El porcentaje del 25% puede funcionar en algunas zonas?

La imposición de un porcentaje desde un punto de vista pedagógico y social es absurda, porque habrá zonas donde se tendrá que dar más peso al castellano y otras donde se tendrá que dar más peso al catalán.

A efectos prácticos, ¿que va a suponer la sentencia?

A la hora de la verdad, dependerá de la decisión que tome el Departamento de Educación, el Departamento de Cultura y, evidentemente, cada centro educativo.

¿Hay mucha presión por mantener el uso del castellano?

La presión social por introducir el castellano es proporcionalmente pequeña, pero mediáticamente muy fuerte. En total, en toda Cataluña son 80 familias las que han pedido la escolarización en castellano. Por 80 familias se pretende cambiar un sistema que durante todos estos años ha tenido un amplio consenso político y social.

¿La Inmersión Lingüística se aplica correctamente en los centros educativos?

Los mecanismos para implantar la inmersión se han relajado bastante. Los estudios que hemos hecho, tanto desde plataforma de la lengua como desde el gobierno, demuestran que en estos momentos casi el 50% de las clases de la ESO se están impartiendo en castellano.

Desde sindicatos y entidades se ha llamado a desobedecer la sentencia

Desde la plataforma lo que animamos es a que se cumpla la Inmersión Lingüística, y a qué cualquier catalanoparlante pueda ejercer el derecho que le reconoce la constitución de poder utilizar el catalán. Para poder ejercer ese derecho se necesita que el entorno conozca el catalán; y eso es lo que pedimos nosotros, que el catalán esté presente en todos los ámbitos.

¿Y no lo está?

El castellano tiene una presencia predominante en los medios de comunicación, en la redes sociales, en el ámbito audiovisual y del entretenimiento; prácticamente en todos los sitios. El catalán es una lengua hablada por 10 millones de personas, mientras que el castellano es la segunda lengua más hablada del mundo. El catalán se puede perder, el castellano no.

¿La enseñanza está en manos de quien gobierna?

En este país la enseñanza es la gran maltratada porque según las mayorías se cambia la orientación no solo en el tema de las lenguas, sino también en el tema de los contenidos.

¿Cuál es la solución?

Se necesita un gran pacto a nivel estatal. Entre otras cosas porque España es un estado plurilingüe y la responsabilidad de mantener las lenguas oficiales del Estado debería ser de todo el Estado no solo de las Comunidades Autónomas. Así lo recoge el artículo tres de la Constitución española.

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