«El Congreso de los Diputados, que está tramitando la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC), también conocida como Ley Mordaza, tiene el deber de impulsar modificaciones de la ley para que responda plenamente a los estándares internacionales de derechos humanos», según informa Amnistía Internacional. Para ello es necesario que en la nueva ley se eliminen los artículos que limiten o interfieran de manera desproporcionada en el ejercicio de la libertad de reunión, expresión e información, y que se tomen medidas para corregir la posible arbitrariedad en la actuación de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado a la hora de aplicar sanciones..
El pasado 19 de noviembre, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la LOSC en mayo de 2015. En su sentencia, desestimó casi la totalidad del recurso al afirmar la constitucionalidad de los preceptos impugnados, aunque incluía criterios para su correcta interpretación y aplicación por parte de las fuerzas de seguridad.
«Es preocupante que el Tribunal Constitucional en su sentencia delegue en los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el juicio de proporcionalidad para salvaguardar y no desincentivar el derecho de reunión. También establece que sean ellos quienes valoren qué conductas pueden considerarse desobediencia, falta de respeto, o resistencia a la autoridad. Amnistía Internacional lleva años alertando del riesgo del aumento de poderes discrecionales para los agentes de las fuerzas de seguridad, sin que se haya establecido un mecanismo independiente de rendición de cuentas, lo que se ha traducido en comportamientos abusivos y arbitrarios», manifestó Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.
Riesgos que potencian la arbitrariedad policial
Para Amnistía Internacional algunos de los aspectos más preocupantes de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOSC que podrían potenciar la arbitrariedad policial y que deben ser eliminados o modificados son:
- La sanción al “uso de imágenes de agentes de la autoridad”. Amnistía Internacional ha documentado cómo las fuerzas de seguridad, a través de esta sanción o de la amenaza de aplicarla, han interferido de forma indebida en el ejercicio del derecho a la libertad de información. La sentencia del TC considera que este precepto es constitucional, salvo el inciso «previa autorización». De esta manera, recae en la persona que tome las imágenes de una actuación policial sopesar antes de publicarlas, si éstas poseen un interés general o si ponen en riesgo el operativo policial, con la posibilidad de enfrentarse a una denuncia o sanción. La organización considera que este artículo (36.23) debe ser eliminado.
- Registros corporales. El TC establece cómo y de qué manera tienen que actuar las fuerzas de seguridad para que este artículo (art. 20) sea constitucional, a quienes les sigue otorgando un amplio poder para decidir cómo aplicarlo, y deja en completa indefensión a quien sea objeto de abuso o actuación arbitraria. Amnistía Internacional considera que este artículo debe ser modificado para garantizar que los registros corporales queden reservados para delitos de entidad, y delimitar con mayor claridad los supuestos en los que deban llevarse a cabo.
- Eliminación de la sanción a las faltas de respeto dirigidas contra las fuerzas de seguridad en una concentración o reunión (art. 37.4) por ser innecesaria y constituir un riesgo para la libertad de expresión.
- Rechazos en frontera. El TC avala la figura del rechazo en frontera introducido en la Ley de Extranjería mediante una enmienda de la LOSC, sin embargo en su intención de ofrecer “garantías” en esta figura, nuevamente establece una serie de requisitos que terminan siendo contradictorios entre sí. A la vez que reconoce que estas personas están bajo la jurisdicción española y por lo tanto les debe aplicar las garantías y salvaguardas previstas en la legislación, ampara que se prescinda de todo tipo de procedimiento que dé seguridad jurídica a estas personas cuando son sorprendidas en el perímetro fronterizo. De nuevo otorga una gran discrecionalidad a los miembros de las fuerzas de seguridad. La falta de procedimiento hace imposible la detección de personas vulnerables y el control judicial de la actuación policial está en realidad vacío de contenido. Amnistía Internacional considera que debe garantizarse que todas las personas que acceden a territorio español, independientemente de por donde lo hagan, tienen acceso a un procedimiento con todas las garantías, y especialmente se les facilita su derecho a buscar protección internacional. Las denominadas devoluciones en caliente deben prohibirse expresamente.
No es de extrañar que el alto tribunal nombrado por un partido político con mayoría absoluta en el parlamento y el senado, que defiende una determinada ideología allá sentenciado que algunos derechos (los más lesibos)sean constitucionales arrogandoles a las fuerzas de seguridad del estado poderes arbitrarios, delante de la ciudadanía. eso si avalados por el mencionado tribunal y encima estos también se tienen que renovar y como es lógico los de siempre lo paralizan por algo sera he (ejemplos los tenemos sr. De los Covos militante cotizando del PP y asumir la presidencia del mismo) en fin spanis is diferen Viva la Republica.