Durante el estado de alarma se han registrado más de 1 millón de multas. La plataforma estatal Defender a Quien Defiende (DqD) observó desde el inicio de esta situación la aplicación de una normativa que venía dada por la Ley de Seguridad Ciudadana para sancionar a las personas que se saltaran el confinamiento y hoy ha publicado un manual para burorresistir, elaborado en torno a esta ley para saber cómo recurrirla y presentar alegaciones.

¿Qué es la burorrepresión? Según esta guía, se conoce como burorrepresión “a la forma que tienen los gobiernos de desincentivar la protesta ciudadana a golpe de multas, imponiendo mordazas a las voces críticas que cuestionan sus políticas y proponen alternativas”. Esta, al igual que otro tipo de precesiones físicas o que llevan a la cárcel, “provoca un miedo a ejercer libremente los derechos básicos que garantizan la convivencia democrática, tales como el de expresarse libremente y el de manifestar las opiniones junto a otras personas”. Sin embargo, la plataforma apunta que, a diferencia de la represión violenta, “la burorrepresión dificulta la solidaridad y la capacidad para percibir qué nos está pasando a mucha gente, porque castiga fuera del contexto local y temporal en el que se dio la manifestación; individualiza el sufrimiento y resulta especialmente injusto, porque apuntan a los bolsillos de las personas que salen a manifestarse precisamente porque el propio sistema precariza sus vidas”.

No obstante, con la llegada del COVID-19 el escenario ha cambiado y las multas se han disparado. Motivo por el que Legal Sol, dentro del marco Defender a Quien Defiende, han actualizado este manual para “crear alegaciones tipo, que puedan servir para recurrir sanciones en el Estado de alarma”, explican fuentes de la plataforma a Diario16. “Este material está hecho para que las personas se sientan capaces de hacerlo por si mismas, sin necesidad de un abogado o de pagar directamente la sanción sin más”, añaden.

En el registro de incidentes de la plataforma todavía no tienen ningún motivo de sanción inventado, pero sí registros de casos en los que las personas han sido injustamente sancionadas por esta propuesta de sanción o, en otros casos, donde han llegado sanciones con motivos “pillados con pinzas”. Defender a Quien Defiende confirma 211 incidentes, aunque no todos coinciden con sanción administrativa porque “55 incidentes son de malos tratos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y más de 100, a las que se les ha dado una notificación oral o se le ha identificado, pero por ahora no ha llegado nada y ni siquiera le entregaron el resguardo de sanción en su momento”, advierte la plataforma.

“Nosotras desde DqD con los diversos colectivos y organizaciones de los que formamos parte, estamos a la espera de que lleguen todas estas sanciones y comprobar si todas están recogidas por el art. 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza -comenta una integrante de la plataforma a este periódico- Esto abriría el debate de si la desobediencia es a la gente o si el Real Decreto era suficiente comunicación a la ciudadanía, argumento del ministro Marlaska”.

La burorrepresión tiende a que la persona tenga miedo y sienta la limitación en lo económico. “Por eso mucha gente, antes de recurrir, utiliza el pronto pago, paga la mitad de la sanción y se olvida del todo”, argumenta una de las voces de DqD. A su juicio, “ha habido un fin disuasorio a través de las sanciones administrativas, que funciona muy bien para que la gente no siga haciendo las cosas, pero también hay casi un fin recaudatorio”. Con todo esto, recuerda que “los datos actuales han registrado 1.013.000 multas y si se sostienen con muy pocos argumentos legales y si las personas comienzan a decir que son inventadas, habrá que empezar a alegar, recurrir y, si es necesario, llegar al contencioso-administrativo”.

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