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La gente de derechas se divorcia, aborta y también se beneficiará de la ley de eutanasia

Alianza Popular (con el apoyo de la Iglesia) se opuso a la ley del divorcio de 1981, al igual que hoy el PP casadista plantea una dura batalla contra la ley de eutanasia

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España tendrá una ley de eutanasia acorde con los nuevos tiempos y con las necesidades de la sociedad (más de un 80 por ciento de los españoles aprueban el texto legal, lo que da una idea de lo mucho que ha avanzado el país culturalmente en cuarenta años de democracia). El dictamen de la Comisión de Justicia de la pasada semana se tramitó con 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones, de tal forma que solo PP y Vox se opusieron a una ley de amplio consenso que además es “profundamente garantista”, como aseguran prestigiosos expertos en Derecho Constitucional.

Los grandes avances sociales siempre vienen de la mano de la izquierda, mientras las derechas se dedican a blindar y perpetuar los privilegios de las clases dominantes. Así ha sido siempre y así será en esa batalla secular entre lo viejo y lo nuevo, entre la igualdad y el abuso de poder. Los partidos esencialmente reaccionarios (y PP y Vox lo son) sienten auténtica alergia ante la palabra “cambio” y si de ellos dependiera en este país todavía irían a la universidad únicamente los hijos de las élites, las clases oprimidas malvivirían en poblados infectos (como en el feudalismo) y los principios generales del Movimiento Nacional seguirían plenamente vigentes. Vox es un partido emergente, o sea de reciente formación, que ya está dando muestras de hasta dónde piensa llegar para evitar que España siga avanzando en democracia, en igualdad y en derechos cívicos. Y qué podemos decir del PP, que tiene un amplio historial de batallas perdidas contra reformas necesarias, de conservadurismo a ultranza y de declarados intentos por dinamitar cualquier avance o progreso social. Leyes como la del aborto o la del divorcio fueron boicoteadas en su día por Alianza Popular, por no hablar de que la Constitución del 78 −esa que hoy dicen defender con tanto ahínco y fervor−, despertó recelos en amplios sectores de la derecha española durante la Transición. Curiosamente, los hijos y herederos de aquellos nacionalcatolicistas intransigentes del partido fundado por Manuel Fraga que hoy recurren a la interrupción voluntaria del embarazo, al matrimonio homosexual o al divorcio, se cuentan por miles, la prueba palpable de que las derechas siempre se oponen a los necesarios avances sociales impulsados por la izquierda pero terminan aprovechándose de ellos sin pudor.

La ley del divorcio de 1981 es el ejemplo paradigmático de ese extraño fenómeno ultrarreacionario que aqueja a la derecha española desde tiempos inmemoriales. Junto con el ingreso de España en la Alianza Atlántica, fue una de las iniciativas del Gobierno de Calvo-Sotelo que mayor polémica generaron en aquellos días inciertos. La ley no solo sirvió para acabar con los últimos y débiles restos de cohesión interna que quedaban en el seno de la UCD, sino que supuso una auténtica revolución social en nuestro país (téngase en cuenta que veníamos de un régimen patriarcal nacionalcatolicista profundamente impregnado de conceptos y dogmas religiosos donde la mujer tenía que pedir permiso al marido para firmar un simple contrato de trabajo). Conviene no perder de vista que la ley del divorcio fue presentada en su versión definitiva por un socialdemócrata en ciernes como Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Justicia, primero de Suárez y después con el propio Calvo-Sotelo.

Los obispos plantearon una feroz batalla ideológica, al igual que hace hoy la Conferencia Episcopal con la ley de eutanasia, que los sectores más reaccionarios de la curia romana consideran una normativa contra la vida. En 1981 la jerarquía católica también se puso de frente contra una ley que contemplaba el divorcio de mutuo acuerdo sin que el juez pudiera impedir la disolución del lazo conyugal, tal como los conservadores reclamaban. Hasta el nuncio del Vaticano, monseñor Innocenti, participó en las gestiones para derribar el proyecto de ley y acudió urgentemente a entrevistarse con el ministro de Justicia con el fin de expresarle su rotunda oposición a la iniciativa legislativa antes de que fuera votada en el Pleno del Congreso, donde la izquierda se preparaba para una de sus primeras grandes victorias en democracia. Una vez más, los partidos del arco parlamentario “rojo” impulsaban un avance social que nos equiparaba con el resto de países europeos y que superaba, por fin, la ley de Dios contumazmente difundida desde los púlpitos durante 40 años de dictadura. Cuando llegó el momento de ser sometida a votación en el Parlamento, no solo se confirmó la sospecha de que las derechas y la Iglesia iban de la mano formando un frente común contra la ley, sino que para sorpresa de las fuerzas nostálgicas del franquismo algunos diputados de la extinta UCD, los “más socialdemócratas”, por así decirlo, votaron «sí» con las izquierdas. Aquello, más que una traición, como dijeron algunos, fue un gran servicio a la patria.

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El 22 de junio de 1981 la ley del divorcio se aprobó en el Congreso. UCD sumó sus votos a los del PSOE, PCE, Minoría Catalana, Esquerra Republicana y el PNV. Los votos en contra fueron los del resto de diputados del grupo parlamentario de UCD (el ala conservadora) y los de Alianza Popular. Al día siguiente, Óscar Alzaga, uno de los más destacados dirigentes democratacristianos de UCD, exigió públicamente la dimisión del ministro de Justicia de su propio Gobierno con el siguiente argumento: “Esto es un fraude a nuestro electorado”. Por su parte, el también democratacristiano Fernando Álvarez de Miranda aportaba en el diario El País un diagnóstico de lo que estaba sucediendo en el seno de su partido: “Estas cosas evidencian que la unidad de UCD es una farsa […] ya que los modelos de sociedad que sostenemos los democratacristianos y los socialdemócratas son demasiado distintos”.

El partido centrista empezó a resquebrajarse con aquella ley que dejó profundas fracturas en el entonces partido del Gobierno. A finales de agosto, Fernández Ordóñez presentó su dimisión como ministro de Justicia. Pocas semanas más tarde abandonaba UCD junto con otros 16 parlamentarios socialdemócratas. Sin duda, Ordóñez presintió que el proyecto de Suárez tocaba a su fin una vez cumplido su efímero papel en la Transición y tras formar su propio partido −el denominado Partido de Acción Democrática (PAD)−, acabó integrándose en el PSOE, que terminó arrasando en las elecciones de 1982. Una vez más, la socialdemocracia reformista había ganado, desde dentro, la batalla de la historia frente a las fuerzas ultras. Y así es como, paso a paso, las corrientes progresistas siempre acaban imponiéndose a la resistencia conservadora empeñada en mantener la tradición y los privilegios de casta de un sistema injusto, caduco y obsoleto.   

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