El PP ha declarado la guerra sin cuartel al Gobierno de Pedro Sánchez por sus recientes acuerdos con Bildu para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El líder popular, Pablo Casado, ha tachado de “infame” el apoyo abertzale al presidente socialista, al que ha augurado que tales contactos “le van a perseguir toda la vida”. “El mismo día que debatimos los Presupuestos, les dio Bildu su apoyo y usted le pagó acercando a los asesinos de mis compañeros a las cárceles vascas”, manifestó Casado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados refiriéndose al asesinato del concejal sevillano Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García Ortiz.

Sin embargo, el PP no siempre se ha mostrado tan exquisito a la hora de ponerle el cordón sanitario al mundo etarra y a todo aquel que tenga algo que ver con él. La hipocresía del partido conservador en este asunto viene de lejos, tanto como 1998, cuando el Gobierno presidido por José María Aznar decidió abrir negociaciones con la cúpula etarra, que en aquel momento se sentía fuerte y aún creía en la posibilidad de avanzar en la independencia de Euskadi por cualquier vía a su alcance, violenta o pacífica. En aquella ocasión Aznar no contó con la férrea oposición que muestra hoy el intransigente Casado. De hecho, todos los partidos de la oposición le dejaron hacer dando una muestra de total lealtad institucional. El Gobierno popular decidió negociar con ETA sin consultar previamente con las demás fuerzas políticas mes y medio después de que la banda terrorista anunciara su tregua del 16 de septiembre (“el alto el fuego total e indefinido”, según el comunicado que emitieron los pistoleros encapuchados). ETA aseguraba en aquella ocasión que “vemos oportunidades únicas para que surjan nuevos acuerdos y puntos de unión en el camino de la independencia de Euskal Herria”. El grupo armado veía necesaria la creación de una “institución única y soberana” que agrupara también a Navarra (y que más tarde sería la Asamblea de Municipios Vascos). “No hay lugar para desaparecer bajo la dependencia de España y Francia”, concluía el comunicado, que sirvió para llenar portadas a cinco columnas en la prensa nacional e internacional.

Pese a todas las exigencias de los asesinos de ETA, un gobernante tan patriota y defensor de la unidad de España como Aznar informaba a la opinión pública que había decidido autorizar contactos con los terroristas, a los que calificó de “Movimiento Vasco de Liberación”. Ese mismo año 98, antes de haber declarado la tregua, la banda terrorista había asesinado a 6 personas, de manera que el PP iniciaba conversaciones con gente que tenía las manos manchadas de una sangre aún caliente. “El Gobierno, y yo personalmente, he autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación. Yo he autorizado personalmente y quiero que los españoles lo sepan (…) Un proceso de reuniones o conversaciones, la materialización, lo concreto, el detalle de eso, tiene que estar sujeto al principio como es lógico de la discreción y la reserva y yo estoy seguro que al mantenimiento de ese principio me van a prestar ustedes su colaboración y su comprensión entusiasta (…) Yo sugeriría claramente mucha tranquilidad, porque hay muchas razones para que todos los grupos parlamentarios y todos los partidos, en este caso el principal partido de la oposición, pues estén sumamente tranquilos en toda esta cuestión”.

Esto es lo que decía José María Aznar el 4 de noviembre 1998. El Gobierno no dio explicaciones previas de sus contactos con la banda a las demás fuerzas parlamentarias ni estas se las pidieron a él. No hubo ruido ni ataques encarnizados. Todo se hizo de forma discreta y los partidos remaron en la misma dirección en una sola tarea, la pacificación de Euskadi, que era una cuestión de Estado y que abría una puerta a la esperanza tras décadas de crueles asesinatos.

Aznar designó como intermediario para las conversaciones con ETA al entonces obispo de Zamora, Juan María Uriarte. Tres personas de la confianza del presidente del Gobierno, el jefe de gabinete, Javier Zarzalejos; el secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxá; y el sociólogo Pedro Arriola, se reunieron el 19 de mayo de 1999 en Zúrich (Suiza) con los dirigentes etarras Mikel Albizu Iriarte, Antza, y Belén González Peñalva, Carmen. Hasta donde se sabe, la reunión se prolongó durante más de dos horas y media, aunque no se llegó a ningún acuerdo concreto. ETA se mantuvo firme en sus postulados, el principal de todos ellos el referéndum de autodeterminación del País Vasco. No gustó a los emisarios del Gobierno popular tener que sentarse a discutir cuestiones políticas con los pistoleros. La banda pretendía erigirse en interlocutor del pueblo vasco y el gabinete de Aznar se negó en rotundo, ya que pretendía limitar las conversaciones exclusivamente a los detalles concretos sobre el abandono de las armas por parte de la organización. Aunque se acordó celebrar una nueva reunión, para la que no llegó a fijarse fecha, no hubo segundo encuentro. La tregua se rompió y la ruptura del alto el fuego supuso un punto de inflexión y el declive paulatino de ETA. Pero el PP no puede decir hoy que nunca negoció nada con los asesinos. Se sentó cara a cara con ellos, todos se miraron a los ojos, hablaron, conversaron e intercambiaron opiniones. Que Casado no engañe a los españoles.

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