Fue en la época de la Presidencia de Mariano Rajoy, en el 2012, cuando se emitía una instrucción que obligaba a la Guardia Civil a informar al Gobierno de cualquier investigación judicial. Faltar a esa orden es motivo más que suficiente para haber cesado a Pérez de los Cobos, aunque al ser un cargo puesto a dedo no necesita motivo alguno para destituirlo, tal y como hicieron cientos de veces en los gobiernos populares, en pleno derecho de sus facultades.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), a través de un comunicado remitido a Diario16, explica que “la Dirección General emitía en 2012, con el Gobierno de entonces, una instrucción mediante la cual se cambiaba, y así continúa siendo a día de hoy, la manera de realizar las investigaciones. Así, desde entonces, las unidades de Policía Judicial han de informar semanalmente al Ministerio del Interior, entre otras cuestiones, sobre “posibles implicaciones (de investigaciones judiciales) de cargos públicos, de personas y de registros de sedes oficiales.” Es decir, esta instrucción establece una obligación aún vigente de dar cuenta a Interior de las investigaciones que se estén llevando a cabo. No de su contenido, sino de su mera ejecución”, confirma la asociación.

AUGC pide independencia

Desde AUGC insisten en la independencia que debe preservar las investigaciones de la Guardia Civil, y “solicitamos por lo tanto la retirada de esta instrucción de 2012 por la que se obliga a informar sobre investigaciones en curso sobre personas con responsabilidades públicas”, piden.

Con respecto a la situación creada con el cese de Pérez de los Cobos, la AUGC considera la pérdida de confianza es motivo suficiente para una destitución.

Aclara la organizació, sin embargo, que “las declaraciones del Ministro del Interior en sede parlamentaria asegurando que este cese se debía a un “nuevo impulso” en el marco de la reconstrucción de equipos de trabajo se contradicen con la verdadera causa de esa “pérdida de confianza”, la cual fue comunicada al afectado en un documento reservado donde se hace constar que la destitución se acuerda por no cumplir con la obligación de informar: “No informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil”.

Además, demandan una aminoración de los puestos de trabajo asignados mediante el sistema de Libre Designación, por el elevado número de estas vacantes que existen en la Guardia Civil, “donde llegan al 11%, por lo que muchos de estos puestos son ocupados por personal con nivel 17, pertenecientes a la escala de Cabos y Guardias. Este criterio se contrapone al utilizado en la Policía Nacional, donde este tipo de vacantes alcanza el 3%. Los destinos de libre designación deben ser de carácter excepcional y estar debidamente  justificados”.

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2 Comentarios

  1. …y como es eso de la nueva normalidad ” a su gusto ” a gusto del Gobierno supongo, que quieren decir por ahí.

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