El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamina que Hungría infringió el Derecho europeo con su ley que castiga incluso con penas de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo.
Así, la justicia europea da la razón a la Comisión Europea (CE), que llevó a Hungría ante el TJUE el pasado julio tras abrir un procedimiento de infracción un año antes y considerar insatisfactorias las respuestas del Gobierno de ultraderecha de Viktor Orbán.
Bruselas consideró esa legislación contraria al derecho de la Unión Europea porque restringe el derecho de los demandantes de asilo a comunicarse y recibir asistencia de ONG y organizaciones nacionales e internacionales.
En 2018, Hungría adoptó leyes contra la inmigración irregular para dificultar las solicitudes de asilo y, tipificó penalmente las actividades de organizaciones que ayudaban a los demandantes que no tenían derecho en virtud de la legislación del país.
El Tribunal de Justicia estimó hoy, en lo esencial, el recurso de la Comisión y argumenta que ningún motivo de inadmisibilidad de los introducidos por Hungría en su normativa está contemplado en la directiva de «procedimientos» de derecho de asilo.
Además, el Tribunal de Justicia declara que Hungría incumplió las obligaciones que le incumben en virtud de la citada directiva, y de otra sobre «acogida», al sancionar penalmente el comportamiento de todo aquel que, en el marco de una actividad de una organización, preste asistencia para formular o presentar una solicitud de asilo en su territorio, cuando pueda demostrarse, más allá de toda duda razonable, que era consciente de que dicha solicitud no podía prosperar con arreglo a ese Derecho.
