El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto que modificaba la ley de memoria histórica. “En el Valle de los Caídos no puede estar enterrado nadie que no hubiese muerto en la Guerra Civil. Franco no cumplía este requisito”, así lo ha comunicado en la rueda de prensa posterior, la ministra de Justicia Dolores Delgado.

«Hemos llegado al final de un proceso que se inició con una decisión política de Estado. Cuando el Gobierno tomó posesión con el presidente Sánchez había una decisión de memoria histórica», ha señalado la ministra.

El Gobierno ha acordado dar un plazo de 15 días a la familia para que comuniquen dónde procede la inhumación una vez sean exhumados. “Con una salvedad, la Catedral de La Almudena. Allí no  pueden ir. Por razón de orden público. Y porque así se convertiría un lugar público en un lugar de dignificación. Excluida la Catedral de La Almudena se les pide a los familiares dónde quieren enterrar los restos de Francisco Franco”, ha advertido la ministra.

Y ha recordado que “la familia puede indicar el lugar en el que desea enterrar los restos”, pero en el caso de que la familia no lo indique, “tendrá que intervenir el Consejo de Ministros”.

“Los efectos de la Lomce son nocivos”

Delgado ha señalado que se tomó la determinación de cumplir con la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. “Porque su significación era de dignificación y de recuerdo de algo que ocurrió y que no ayudaba a la convivencia de los españoles».

El acuerdo no especifica el lugar de enterramiento de los restos del dictador para dar una última oportunidad a la familia y elegir un lugar que supere la imposibilidad legal que, según el Ejecutivo, reviste la opción de la céntrica cripta de La Almudena, donde la familia cuenta con unas sepulturas a perpetuidad, de la hija y el yerno del dictador, Carmen Franco Polo y Cristóbal Martínez-Bordiú.

El Gobierno se basa en un informe de la Delegación del Gobierno para argumentar que razones de seguridad y de orden público impiden llevar los restos de Franco a ese emplazamiento. Desde el entorno de la familia acusa al Ejecutivo de sacarse de la manga ese informe, cuya legalidad cuestionan.

 

Proyecto de Ley de educación

También el Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley de educación que ha defendido la ministra Isabel Celaá en la rueda posterior al Consejo de Ministros y cuyo articulado busca derogar la LOMCE, aprobada durante el mandado del peor ministro de Educación de la historia, José Ignacio Wert Ortega, del Partido Popular, (PP), quitando peso a la asignatura de Religión y a los centros concertados y dejando decidir a las autonomías con lengua cooficial la proporción de uso del castellano.

Este Consejo de Ministros ordinario llega después de que Pedro Sánchez haya convocado elecciones generales para el próximo 28 de abril.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá ha comenzado parafraseando a Pedro Sánchez, “hemos escuchado un discurso de Estado, que es el momento de poner fin a la crispación. Darle una oportunidad de volver al diálogo”.

Celaá se ha mostrado satisfecha con el trabajo realizado durante estos casi nueve meses, “vamos a ver si el ruido deja paso a la política. Estamos satisfechos del balance de nuestro trabajo. El Consejo ha trabajado sobre los problemas de los hogares. Sobre todo, los que han pagado un precio que no merecían”.

“Hemos peleado desde el día uno por reducir las desigualdades. Pretendemos contagiar a la vida política el sentido de Estado que en los últimos meses por parte de la oposición ha aparecido muy adormecido”, ha dicho Celaá.

La ministra de Educación explica las razones por las que defiende la reforma de la Lomce.  “Los efectos de la Lomce son nocivos. La Lomce se equivocó gravemente.  Lo que hace esta ley es un cambio de tendencia, para llevar a la mayor proporción de alumnos a que se titulen, a un único título de la ESO.

El Gobierno presenta la Lomloe, como una ley que significa la concreción de los anhelos que ha tenido la comunidad educativa desde 2013. “Derogará la Lomce cuando sea aprobada”, ha explicado Celaá.

“Este es un proyecto de ley progresista. Parte de la base de que nadie se quede atrás. Es un referente”, menciona la ministra de Educación, Isabel Celaá.

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