En ningún otro país europeo se ha dado rienda suelta a la trifulca y a la pelea de gallos entre partidos, a cuenta del estado de alarma, como en España. Ese dato revelador demuestra, por sí solo, que Spain sigue siendo different, muy different habría que decir, y por momentos un lugar extraño donde se hace política con la enfermedad, con la pandemia y con la muerte. Ni en Francia, ni en Alemania, ni en Italia, ni siquiera en Portugal, un estado algo más parecido al nuestro, se ha visto el estado de alarma como algo negativo, arma arrojadiza u objeto de confrontación civil, sino como una herramienta sanitaria útil, un instrumento para luchar contra la plaga. La imagen esperpéntica y cainita que estamos dando al mundo ha sido alimentada en buena medida por Pablo Casado, un hombre sobreactuado en sus formas, atolondrado en sus estilos y desmesurado en sus políticas de oposición. Cada vez que el Gobierno Sánchez ha llevado el estado de alarma al Parlamento, para su tramitación, Casado ha hecho de ello una guerra civil. Cómo habrá sido su gestión en esta pandemia que hasta el escritor Juan Manuel de Prada, nada sospechoso de filocomunista, calificó anoche al líder popular, en la tertulia de Hora 25 de la Cadena Ser, de «algo botarate».
El estado de alarma que el Gobierno decretó por segunda vez hace seis meses decae este domingo y, con su finalización, se abre nueva fase de la lucha contra la pandemia, que deja la gestión de las medidas en manos de las comunidades autónomas y de los tribunales, y supone el inicio de un conflicto por la restricción de derechos fundamentales, informa Europa Press.
Desde que estalló la crisis del coronavirus en marzo de 2020, España ha vivido bajo la vigencia de este instrumento excepcional casi diez meses (la comunidad de Madrid un poco más). Ahora, la posible injerencia de las comunidades autónomas en los derechos fundamentales, si mantienen medidas como los cierres perimetrales o toques de queda, será el gran caballo de batalla, ya que tendrán que ser refrendadas por los tribunales.
El primer episodio no se ha hecho esperar: el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dictaminado este viernes que no pueden mantenerse en Euskadi los confinamientos autonómicos o municipales, el toque de queda nocturno ni el límite de agrupaciones de cuatro personas después del fin del estado de alarma el 9 de mayo, al considerar que afecta a derechos fundamentales garantizados en la Constitución.
A pesar de las críticas de la oposición y de varios ejecutivos autonómicos, el Gobierno ha decidido prescindir de este instrumento, que decretó por segunda vez en octubre de 2020, con la segunda ola del coronavirus. Según argumentan en Moncloa, las comunidades tienen suficientes instrumentos jurídicos para hacer frente a la pandemia en esta fase, en la que la vacunación va en aumento y la incidencia, en descenso.
Y ahora, una vez decaiga el domingo el estado de alarma, las decisiones que adopten las regiones sobre restricción de los derechos fundamentales deberán ser ratificadas o no por los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.
Para evitar disparidad de criterios que ya se produjo el verano pasado tras el fin del primer estado de alarma, el Ejecutivo ha aprobado un decreto creando un recurso de casación ‘expres’ para que el Tribunal Supremo unifique doctrina. No obstante, el propio TS ha advertido de que puede que «eso no ocurra» y ha cuestionado esta norma, por insuficiencia en el rango.
El primer real decreto de estado de alarma se aprobó el 14 de marzo de 2020. A este le siguieron 6 prórrogas, una cada quince días: 27 de marzo, 10 de abril, 24 de abril, 8 de mayo y 5 de junio. Y cada una de ellas salió adelante en el Parlamento con menor apoyo que la anterior. Vox solo apoyó la primera prórroga y el PP votó en contra en las dos últimas. Y la del 5 de junio salió adelante gracias a la abstención de ERC.
El 21 de junio finalizaba la última prórroga pero la controversia entre las medidas que adoptaban las comunidades y los recursos que comenzaron a producirse ante los tribunales obligó de nuevo al Gobierno a aprobar un decreto de alarma que diera cobertura a las medidas autonómicas. El 9 de octubre lo hizo para la Comunidad de Madrid y el 25 de ese mismo mes, para todas las comunidades autónomas. Se prorrogó el 3 de noviembre por 6 meses y esta última prórroga es la que concluye el domingo 9 de mayo. Un auténtico guirigay.
Si el gobierno decreta un estado de alarma, la derechona se opone.
Si el gobierno no renueva el estado de alarma, la dechona se queja y exige que se mantenga.
Menos mal que no gobierna la derechona (sólo en los reinos de taifas, que han demostrado, una vez más, que sólo sirven para fastidiar).