Comienza la cuenta atrás del segundo estado de alarma de la pandemia en medio de cierta inseguridad desde la comunidades autónomas sobre las que recaerá toda la responsabilidad en las medidas restrictivas del día a día de los ciudadanos. Algo que algunos presidentes reclamaron cuanto se mostraban en contra del estado de alarma hace seis meses. Cabe recordar que el PP, de hecho, se abstuvo en la votación en el congreso ante esta medida propuesta por Pedro Sánchez.
Hoy, los mismos, como el lehendakari Urkullu, y el presidencia murcionado, acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de desentenderse de la seguridad de los ciudadanos cuando aún no se ha ganado la batalla al virus.
Aún así, sigue en vigor el uso obligatorio de marcarillas y las limitaciones de aforos y de horarios en el comercio, la hostelería, cines, teatros, museos, lugares de culto e instalaciones deportivas seguirán vigentes.
La Justicia ha avalado restringir la movilidad nocturna y las reuniones en Balears y el País Valencià mientras que la misma propuesta ha sido tumbara por el Tribunal Superior de Justicia en Euskadi. Otras comunidades como Castilla y León han decidido no intentarlo, ante los consejos de sus asesores jurídicos.
El Tribunal Supremo ha cuestionado la norma del Ejecutivo para que cada comunidad pueda aplicar sus restricciones y la Fiscalía ha establecido pautas para que los fiscales puedan unificar la respuesta procesal inmediata ante el nuevo escenario de recursos. Aun así, las comunidades seguirán necesitando el aval de los jueces para imponer restricciones que afecten a derechos fundamentales.
La función del Tribunal Supremo, en este caso, se basará así en dictar jurisprudencia y se creará un criterio unificado sobre las medidas para todas las autonomías.
Mientras epidemiólogos y sanitarios temen que la gente baje la guardia. De hecho, se esperan que se disparen las contrataciones de viajes para los próximos fines de semana.
