El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha propuesto la creación de un fondo público de pensiones con garantía pública y que competirá con los que ofrecen los bancos, al reducir las comisiones a un máximo del 0,4%. Sería el primero que se pondría en marcha en nuestro país.
PGE 2021
Ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se contemplaba su creación. Con esta medida el objetivo del Gobierno es que la mayor parte de trabajadores tengan un plan de empleo de pensiones, algo que ahora es una excepción.
¿Cuánto pagas por el rescate de un plan de pensiones privado?
Los planes de pensiones individuales, los garantizados y los no garantizados, que ofrecen todos los bancos, han perdido rentabilidad. Pero ahora se van a ver mermados en el IRPF, al desgravar menos el año que viene.
El rescate del plan de pensiones tributa como mínimo al 19% y como máximo al 45% para cuando las rentas superen los 60.000 euros anuales.
El año 2021 comenzó con la reducción del 75% de la aportación máxima con derecho a deducción en los planes de pensiones, concretamente, el importe total que el ahorrador podía desgravar del IRPF ha disminuido desde los 8.000 hasta los 2.000 euros.
Límite de comisiones
Escrivá plantea un límite en la comisión que se lleve la entidad gestora que se encargará de invertir los ahorros de los trabajadores para que disfruten de un extra en su jubilación -y que se adjudicará por concurso público-: nunca podrá cobrar más del 0,4% por gestionar un presupuesto que podría ascender a 100.000 millones de euros. Así consta en el borrador del anteproyecto de ley reguladora al que ha tenido acceso este periódico.
“En ningún caso las comisiones devengadas por la entidad gestora, incluyendo las retribuciones correspondientes a las entidades en las que se hubieran delegado funciones, podrán resultar superiores, por todos los conceptos, al 0,4 por ciento del valor de las cuentas de posición a las que deberán imputarse”, explica el texto.
En la actualidad la comisión de los planes de empleo se sitúa en el 0,3%, mientras que la de los planes individuales se eleva hasta el 1,2%.
Además, el límite que corresponda resultará aplicable diariamente, tanto a cada plan de pensiones integrado, como al fondo de pensiones en su conjunto, e, individualmente, a cada partícipe y beneficiario.
Patrimonio mínimo fondo público pensiones
Otra obligación que contraerán las entidades gestoras es alcanzar un patrimonio mínimo en los términos que se establezcan en el proceso de selección.
A su vez, tendrán que utilizar una plataforma digital común que permita el acceso remoto y por medios telemáticos tanto a las empresas como a sus representantes, dando servicio a partícipes y beneficiarios.
Es decir, la plataforma digital común permitirá la trazabilidad del histórico de movimientos económicos de los partícipes y de los promotores independientemente de los traslados de plan que se hayan registrado.
Concurso libre cada tres años
Con una periodicidad máxima de tres años, el Ministerio de Seguridad Social convocará un procedimiento abierto entre entidades gestoras de fondos de pensiones para la constitución y gestión de nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública.
Se les impondrá una serie de requisitos que deben cumplir, como tener un volumen de patrimonio bajo gestión en fondos de pensiones al cierre del ejercicio anterior superior a 1.000 millones de euros, o estar constituida como mutualidad de previsión social cuyas provisiones matemáticas del ejercicio anterior superen los 1.000 millones de euros, así como presentar un máximo de tres propuestas.
Rentabilidad y riesgo
El Ejecutivo vigilará que los activos de los fondos de pensiones sean invertidos exclusivamente en interés de los partícipes y beneficiarios tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones.
La estrategia de inversiones del fondo de pensiones se hará constar en escritura pública y no podrá ser modificada, salvo con su autorización y tendrá un carácter estable y a largo plazo. Asimismo, deberá ser revisada al menos cada cinco años.
Funcionamiento
El funcionamiento y control de este fondo público recaerá en una comisión que se creará específicamente para tal fin y -según consta en el texto- estará compuesta por diecisiete miembros: cuatro serán propuestos por las organizaciones sindicales más representativas (UGT y CCOO), cuatro por las organizaciones empresariales más representativas (CEOE y Cepyme) y nueve serán designados por el Ministerio.
Los sindicatos en desacuerdo
CCOO y UGT han mostrado su desacuerdo con lo que consideran “un desarrollo parcial de su compromiso de fondo público que no aborda cuestiones esenciales en esa materia en relación de los derechos de las personas trabajadoras y que supone cambios sustanciales sobre la regulación actual”.
Además, para los sindicatos, el texto “contiene muchas controversias, entre ellas, que no detalla de dónde se va a sacar el dinero para financiarlo”. Critican que se cree una comisión con personas retribuidas.
Factor de sostenibilidad
Este tema ahora no toca tratarlo, y se debería debatir en la segunda fase de la reforma, mientras que otros temas principales como el factor de sostenibilidad o la reforma del RETA están aparcados.
