Hace 5 años que el mundo sufrió uno de los shocks más importantes de su historia reciente. No se trató de un atentado terrorista, ni de un bombardeo, ni siquiera de una pandemia. Hace un lustro varios medios de comunicación de todo el mundo publicaban en sus páginas los Papeles de Panamá, información en la que la humanidad conoció de primera mano una parte mínima de los tratos financieros secretos y los escondites fiscales que políticos, estafadores, empresarios, banqueros, grandes fortunas o personas famosas siguen utilizando a día de hoy para no pagar impuestos en sus países o para, directamente, blanquear dinero.

A raíz de esta información sacada a la luz por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) un grupo de líderes mundiales se reunió en Londres para denunciar el alto índice de dinero sucio que circulaba por el mundo y firmaron la Declaración Global contra la Corrupción, un acuerdo, a priori, para tomar medidas enérgicas contra las empresas fantasma, detener a los abogados y contables que ayudan a los funcionarios corruptos y aumentar la transparencia como método de disuasión la evasión fiscal.

Cinco años después la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal en el extranjero continúa, con una combinación de victorias y fracasos y más batallas por venir porque, no debe olvidarse jamás, la humanidad está en guerra contra las élites del capitalismo más cruel que ha tomado el poder político de las democracias occidentales. Esto es lo que permite que los países creen legislaciones demasiado laxas o que, anteponiendo otros intereses, se siga permitiendo la existencia de paraísos fiscales o que se nieguen las herramientas y los recursos necesarios a los organismos encargados de la prevención del blanqueo de capitales o de la evasión fiscal para que realicen su trabajo.

Los firmantes de esa Declaración Global contra la Corrupción no pudieron eludir sus responsabilidades respecto a los hechos que en ella se denuncian. David Cameron se tuvo que retirar de la política después de que las revelaciones de los Papeles de Panamá publicadas por The Guardian lo obligaran a admitir que se benefició de un fideicomiso offshore creado por su padre. La Nigeria de Muhammadu Buhari pierde miles de millones al año debido a la corrupción y la evasión fiscal. Los Emiratos Árabes Unidos recibieron en 2020 una calificación de expertos mundiales que lo definieron como un destino atractivo para los delincuentes.

Aunque los Papeles de Panamá enviaron a criminales a la cárcel, una miscelánea de leyes plagadas de lagunas legales, administraciones de Justicia laxas con los delitos de cuello blanco, los paraísos fiscales y los intermediarios inteligentes siguen permitiendo la impunidad los delitos financieros.

Los países, eso sí, han iniciado una cruzada contra los delitos financieros a través del camino correcto de amplificar la gravedad del problema porque esas naciones empiezan a darse cuenta de que la permisividad con las multinacionales, las grandes fortunas o los grupos de poder económico está teniendo una repercusión muy negativa que se traslada directamente a la imposibilidad de esos gobiernos de mantener el bienestar de sus ciudadanías.

Durante mucho tiempo el problema fue que todos estos crímenes económicos estaban sucediendo en espacios muy oscuros porque la gente ni siquiera era consciente de ello y, cuando ocurría algún escándalo, las clases dominantes se encontraban con la complicidad de determinados aparatos judiciales muy proclives a defender sus privilegios frente a la propia ley.

Sin embargo, el sistema financiero mundial sigue desequilibrado, continúa siendo un verdadero problema para la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Hay que recordar que diferentes informes determinan que el volumen de dinero negro que se mueve en el mundo o de dinero transferido para eludir el pago de impuestos puede llegar a alcanzar el billón de dólares anuales. Y todo eso se facilita a través del sistema financiero: bancos, oro y vehículos de inversión opacos.

Por otro lado, está el sistema offshore, los paraísos fiscales, que es tan grande y está tan arraigado que desmantelarlo, o incluso reformarlo, no es algo que se pueda hacer en unos pocos años.

Por eso fue muy importante la publicación de Los Papeles de Panamá. Hasta ese momento, el debate sobre cómo tomar medidas enérgicas contra el blanqueo de capitales se daba entre funcionarios gubernamentales, banqueros y otros facilitadores corporativos del sistema extraterritorial. La sociedad civil quedaba muy al margen. 

Sin embargo, el hecho de poder comprobar las maniobras de blanqueo de capitales y de evasión fiscal de las grandes fortunas o de las multinacionales hizo que la humanidad despertara y conformara, a través de los grupos anticorrupción, una especie de lobby de la humanidad contra la impunidad fiscal y financiera porque ya disponían de ejemplos reales que están utilizado para abrirse camino y defender los estándares globales más estrictos y las leyes nacionales más rigurosas.

A largo plazo, por mucho que se pueda pensar, los escándalos financieros no son una señal de fracaso en la lucha de la humanidad contra el capitalismo más cruel, sino que son puntos de referencia que muestran el camino hacia una reforma real transformadora de la sociedad capitalista inhumana. El hecho de que se descubran nuevos escándalos lo que nos dice es que se está empezando a hacer bien, que queda mucho camino por recorrer pero que las victorias, aunque pequeñas, son un modo de presionar al poder político para que implemente, sin ningún miedo a las represalias de las clases dominantes, las estrategias necesarias para acabar con la mayor injusticia que hay en la actualidad.

Represalias

Las clases dominantes, tanto personales como empresariales, siguen adoptando medidas coercitivas contra los Estados y la ciudadanía. Cuando se abre un proceso de investigación contra una gran empresa o cuando los gobiernos pretenden aplicar medidas de justicia social que van en contra de los intereses de las multinacionales, la represalia es inmediata y la aplican, no sobre el país de turno, sino contra su ciudadanía en forma de cerrar fábricas o de retirar su actividad. Este hecho genera, evidentemente, el pánico en el gobierno de turno por los incrementos de las tasas de desempleo, lo que provoca la sumisión a las exigencias fascistas de estas élites empresariales.

La lucha por la transparencia

A pesar de que el número de leyes leyes que prohíben la creación de empresas anónimas es creciente, múltiples análisis demuestran que ningún país logra el nivel de transparencia necesario para frenar en seco los crímenes financieros.

Transparencia Internacional, en un informe al que Diario16 ha tenido acceso, afirmaba que, si bien muchos países prometieron crear registros de propiedad, la implementación se ha retrasado. Los pocos registros públicos que existen, la mayoría están en Europa. 

Según Tax Justice Network, sólo tres países africanos tienen un registro de propiedad empresarial digno de elogio. Otros Estados crean lagunas legales para los fideicomisos o no requieren que la información se haga pública.

En Reino Unido, por ejemplo, a pesar de que existe una ley que exige que la mayoría de las empresas revelen a los propietarios que controlan más del 25% de las sociedades, algunas corporaciones no proporcionan la información o declaran que sus propietarios son empresas fantasmas registradas en paraísos fiscales lejanos como las Seychelles.

Los lobbies de la evasión fiscal

Tras la publicación de los Papeles de Panamá, los paraísos fiscales más importantes vieron cómo se colapsó su modelo de negocio. A fines de 2016, las Islas Vírgenes Británicas reportaron una caída del 30% en el número de nuevas empresas creadas o domiciliadas en comparación con el mismo período del año anterior.

Sin embargo, han surgido otras naciones, grandes y pequeñas, para llenar el vacío y, en consecuencia, evitar la vigilancia. Estados Unidos, liderado por paraísos secretos como Delaware y Dakota del Sur, corteja agresivamente el dinero extranjero y se niega a unirse al Common Reporting Standard, un acuerdo global en virtud del cual más de 100 países y territorios se proporcionan automáticamente entre sí información financiera relacionada con los no ciudadanos.

El movimiento de las economías occidentales y avanzadas para limpiar hará que sea más difícil, aunque no imposible, mover dinero sucio o evadir impuestos, incluso a otras jurisdicciones.

No obstante, todavía hay muchas cosas que hacer para cerrar las brechas a los asesores y lobbies financieros que quedan en las leyes determinados vehículos de inversión, las criptomonedas o el mercado inmobiliario porque el «lobby de la evasión fiscal» sigue siendo muy fuerte dado que los intereses a los que defiende son muy potentes.

Los Emiratos Árabes Unidos, 118 veces más pequeños que Estados Unidos, es otro paraíso fiscal. El año pasado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo de control global contra el blanqueo de capitales, criticó a los Emiratos Árabes Unidos por su pobre historial de frenar los delitos financieros. La breve lista de enjuiciamientos de los Emiratos, a pesar de los riesgos bien conocidos, fue, según GAFI, particularmente preocupante. Desde entonces, el país ha anunciado medidas enérgicas contra un puñado de bancos y bufetes de abogados.

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