La Comisión de congresistas y senadores que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero por parte de los partidarios de Donald Trump están concentrando sus miradas en un opaco trío de funcionarios que están a cargo de la seguridad del Congreso, sobre todo después de que los graves errores de ese grupo durante los disturbios incrementaran la violencia.
La Junta de Policía del Capitolio es la responsable de proteger a los legisladores y al edificio en sí. Está formada por tres personas y tiene poder sobre casi todas las decisiones de seguridad que se toman bajo la cúpula del Capitolio, durante los trabajos cotidianos y en eventos importantes como, por ejemplo, el discurso del Estado de la Unión que da el presidente de Estados Unidos. A pesar de ese notable poder sobre el bienestar de toda una rama del gobierno, la Junta es quizás mejor conocida porque apenas ha cambiado desde sus inicios en 1873.
Entre sus miembros siempre se encontraban los sargentos de armas de la Cámara y el Senado y el arquitecto del Capitolio. La Junta operó durante todos estos años sin la atención pública ni el escrutinio político hasta que una turba de partidarios de Donald Trump irrumpió en el Capitolio el 6 de enero. Durante el caótico asedio, los errores en la comunicación de la Junta sembraron confusión, complicando el despliegue de la Guardia Nacional en la escena.
La obsolescencia de la Junta se puede haber convertido en el obstáculo más obvio para asegurar el Capitolio en un momento en que hay un problema inmediato o, francamente, incluso en preparación para lo que podría ser un problema.
En realidad, la Junta está diseñada para no funcionar en absoluto en una crisis como la que los congresistas vivieron de primera mano el 6 de enero. Por eso se está estudiando, en una comisión bipartidista, la reforma absoluta de este cuerpo y será una de las principales recomendaciones que se incluya en el informe conjunto del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, que está previsto que se haga público en este mes.
Después de la insurrección de los partidarios de Trump, los congresistas han aprendido mucho sobre el torpe sistema que saltó en pedazos mientras una turba se apoderaba del edificio. El entonces jefe de policía del Capitolio, Steven Sund, hizo una serie de llamadas al entonces sargento de armas de la Cámara de Representantes, Paul Irving, y al entonces sargento de armas del Senado, Michael Stenger, durante el motín, y ahí se produjo una lucha entre los tres para decidir quién llamaba a la Guardia Nacional que contribuyó a la demora en obtener apoyo para un Capitolio atacado por hombres con cuernos en la cabeza y armados se paseaban con libertad por el edificio mientras los congresistas se escondían temiendo por sus vidas.
A raíz de la insurrección, es muy poco probable que la Junta de Policía del Capitolio siga operando sin control político. La propuesta de la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, para realizar una investigación revisión externa e independiente del ataque se ha estancado en medio de la resistencia del Partido Republicano, pero ambas partes parecen estar preparadas para hacer cambios significativos en la estructura de la Junta.
