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El juzgado admite la demanda de Iglesias contra ‘El programa de Ana Rosa’ por responsabilizarle de las residencias de mayores

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid desde 1983 en su artículo 1.23, establece entre las competencias del gobierno autonómico la 'promoción y ayuda a la tercera edad incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación

Eva Maldonado
Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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análisis

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El día 22 de abril la presentadora de Telecinco, Ana Rosa Quintana, echaba la culpa de lo ocurrido con las residencias de mayores, durante la pandemia, al entonces candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Ahora, el juzgado de Primera Instancia nº 84 de Madrid admite a trámite la demanda de Iglesias una vez que el programa y la cadena se negaron a rectificar.

Según informa el diario Público, Iglesias exigió rectificación a Mediaset España Comunicación S.A, a CONECTA5 TELECINCO y a Óscar de la Fuente de la Morena, director de El programa de Ana Rosa, argumentando que «no es responsable de las muertes en las residencias».

Para ello, la demanda argumenta que «el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid desde 1983 en su artículo 1.23, establece entre las competencias del gobierno autonómico la ‘promoción y ayuda a la tercera edad incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación«, es decir, la gestión de los centros.

En el escrito de solicitud de rectificación, Iglesias recuerda cómo el 21 de abril de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid acordó que la Consejería de Sanidad madrileña debía «dotar de manera inmediata a las residencias de mayores, el personal sanitario necesario así como los medios materiales«. También la orden por la que esta Consejería asumía el mando único de la gestión sanitaria ante la crisis de la pandemia.

La única contestación que recibió Iglesias a su escrito fue un burofax a su abogada, Marta Flor, informando de que no lo iba a hacer y argumentaban que el escrito estaba firmado por la letrada sin ningún documento que acreditara la representación y añadían, a modo de justificación, que las palabras de Ana Rosa eran una opinión, y no una información.

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