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El exconsejero del PP Manuel Lamela se ofrece a exprimir las arcas del Estado en favor de la sanidad privada

El ideólogo de la privatización sanitaria en Madrid, ultima una demanda para rapiñar el 8% de todas las compensaciones y se ofrece a empresarios para reclamar indemnizaciones al Estado

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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Manuel Lamela, uno de los consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, se ofrece como el supuesto cerebro a las empresas de la sanidad privada para pedir indemnizaciones por las supuestas incautaciones o expropiaciones que conllevó el estado de alarma. Por estas gestiones cobrará un 8% de todas las compensaciones económicas que consiga en los tribunales.

La realidad es que según denunciaron a Diario16, fuentes de la Marea Blanca y de los sindicatos madrileños, la presidenta de la Comunidad de Madrid apenas utilizó los recursos de la sanidad privada.  

Lamela defendió en un acto virtual celebrado hace varias semanas por el despacho Acountax Madrid, al que ha tenido acceso Diario16 y del que es socio principal y presidente, que las empresas del sector de la sanidad privada deben ser indemnizadas por el Estado por las obligaciones impuestas durante la crisis del coronavirus, según desvela La Cadena SER

Como se puede ver en el vídeo del acto, organizado por el bufete para captar clientes, fue publicitado como un acto dirigido “a interesados en reclamar indemnizaciones derivadas de la pandemia”.

El 29 de julio la cuenta de Twitter del despacho de Lamena ya animaba a “los empresarios madrileños” a reclaman “a la Administración indemnizaciones por los daños sufridos por el Covid-19”.

En el trascurso de su intervención, Lamela animó “al sector de la sanidad privada a demandar indemnizaciones al Estado en concepto de prestaciones obligatorias de establecimientos sanitarios privados” ya que, según entender, “como consecuencia del mando único, la sanidad privada ha estado a disposición de la Administración Central, y los servicios forzosos prestados durante ese periodo deben compensarse una vez calculado el lucro cesante y el daño emergente producido”.

Lamela también se refiere de “incautaciones y requisas de material sanitario durante la crisis”, invitando a los empresarios a abordar legalmente estos casos como “expropiaciones” que “deben ser indemnizadas sí o sí”.

El exconsejero trasmitió a sus potenciales clientes que la recomendación profesional de su bufete era reclamar al Estado “cuanto antes mejor”, ya que a su juicio la fecha límite para hacerlo “es un año desde que se declaró el estado de alarma”.

Contratos cerrados con empresarios y comerciantes madrileños

El que fuera artífice de la privatización sanitaria en Madrid durante los gobiernos de Esperanza Aguirre ha sido ya contratado por dos importantes asociaciones empresariales madrileñas: la Confederación de Comercio Especializado de Madrid, , así como por Madrid Foro Empresarial. Para estas asociaciones, Lamela reclamará indemnizaciones al Estado por los daños que supuso el cierre de empresas y establecimientos durante el estado de alarma.

Fue el propio Lamela quien se aproximó a ellos para ofrecerles sus servicios. El presidente de la Confederación de Comercio de Madrid y vicepresidente de Madrid Foro Empresarial, Armando Rodríguez, señaló que “lo va a llevar Acountax Madrid porque ellos mismos nos hicieron el ofrecimiento y porque tienen a personas muy preparadas que nos dan mucha tranquilidad”, asegura.

El presidente de la Confederación de Comercio de Madrid y Vicepresidente de Madrid Foro Empresarial, Armando Rodríguez, explicó ya en 29 de julio, según la cuenta de Twitter de Acountax Madrid que “se pueden reclamar los gastos y costes fijos inherentes a la actividad, como es el caso de los alquileres de los locales comerciales o la pérdida de beneficio motivada por la merma o nula facturación durante el Estado de Alarma”.

Según este empresario “el ordenamiento jurídico español establece una obligación genérica a las Administraciones Públicas de indemnizar los daños y perjuicios causados por sus actuaciones, con independencia de que haya existido negligencia o no en el cumplimiento de sus funciones”. 

Además, el despacho de Lamela insiste en que “ante un Estado de Alarma, la Constitución y la Ley Orgánica de 1981 reconoce expresamente el derecho a ser indemnizados con arreglo a las leyes, por el efecto lesivo de las normas dictadas, sin necesidad de que se produzca un mal funcionamiento de los servicios públicos”.

Lamela se embolsaría el 8% de las compensaciones económicas

Es el propio Armando Rodríguez explica que la oferta que les propuso el despacho Acountax Madrid de Lamela, les pareció solvente ya que les ofrecieron una estrategia judicial perfectamente planificada y “el hecho de que ofreciesen cobrar a éxito (una comisión del 8% de lo obtenido) denotaba que tenían expectativas ciertas y claras sobre la posibilidad de obtener indemnizaciones”.

Varios expertos de la Marea Blanca consultados por Diario16, apuntan a que en realidad la demanda no se puede formular contra el Estado central, si no que será la propia Comunidad Autónoma de Madrid, la que debería hacerse cargo de las indemnizaciones si las hubiera.

Esta maniobra no es otra cosa que una rapiña, durante lo peor de una crisis que ha dejado más de 40.000 muertos. La peor parte del partido popular, intentando sacar dinero del sufrimiento de los españoles tras la pandemia de la Covid-19.

Exconsejero de la privatización sanitaria

Manuel Lamela fue nombrado por el Consejo de Ministros, el 26 de septiembre de 1997 es y a propuesta de Loyola de Palacio, entonces Ministra del ramo, Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación. Allí permanece hasta enero de 2003, cuando es nombrado Director del Gabinete del Ministro de Economía, Rodrigo Rato.

Tras la imprevista derrota del PP en las elecciones de 2004Lamela se quita de en medio y el 21 de noviembre de 2003, es Esperanza Aguirre, a la sazón presidenta de la CAM, quien lo ficha para formar parte de su Gobierno, atribuyéndole la cartera de Sanidad y Consumo, sin experiencia previa en temas sanitarios.

Allí estará durante casi 4 años con tiempo, medios y agenda disponible para planificar su futuro laboral. Se descubrieron todo tipo de escándalos especialmente tras sus acusaciones falsas de supuestas sedaciones irregulares a enfermos terminales en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, contra el doctor Luis Montes, al que le constó el cargo, la reputación y hasta la salud.

Tras su salida del gobierno de Aguirre, Lamela pone en marcha un complejo entramado de sociedades mercantiles relacionadas con la asistencia sanitaria privada.

El 31 de octubre el juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ratificó la imputación que pesaba sobre los exconsejeros de Sanidad madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamela por su gestión en la primera época de la externalización sanitaria relativa al Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz.

El 14 de octubre de 2019, el exconsejero Lamela declara que Aguirre les «invitó» a contratar con la trama Púnica, dejando un muy mal lugar a la que fuera su mentora.

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