El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha intentado que los agentes sociales den su visto bueno a este proyecto, sin conseguirlo, lo que complica la tramitación parlamentaria de cara a la negociación con los grupos políticos.
Los agentes sociales han decidido no respaldar el proyecto de José Luis Escrivá, a pesar de que admiten que los últimos cambios que se han realizado en el texto dan respuesta a algunas de sus reclamaciones.
Planes de pensiones públicos
Al principio se pretendía limitar los costes de gestión de los nuevos planes de empleo de promoción pública por debajo del 0,30% de los activos gestionados. En el nuevo texto, en cambio se lee: “Los planes de pensiones de empleo deben proporcionar a los partícipes el máximo valor de la gestión a los costes más eficientes posibles, dentro de los máximos normativamente establecidos para ello. Esta gestión debe poner su foco también en la transparencia de la información a los partícipes”. Se insiste en que “no excederá del máximo que se fije reglamentariamente”.
Los sindicatos recuerdan que “el proyecto no se acerca a lo que a nosotros nos gustaría”. Tanto la patronal, CEOE como los sindicatos, UGT y CCOO descartan plantear una batalla al Gobierno.
Este plan debería estar aprobado antes que acabe el primer semestre de 2022, ya que forma parte de los compromisos con la Comisión Europea dentro del Plan de Recuperación. El Congreso puede dar el visto bueno si un acuerdo con los agentes sociales.
Fondos de pensiones empresariales
Se pretenden crear 20 de fondos de pensiones de empleo de promoción pública que serían gestionados por una decena de grandes gestoras. Consistiría en fondos de pensiones empresariales promovidos por el Estado repartidos entre diez grandes entidades. Cada una de ellas tendría acceso un par de fondos que gestionaría con distinto perfil de riesgo (bajo, medio o alto) y ámbito geográfico.
Bajo un mismo fondo, elegible a petición propia, podrían adherirse decenas o cientos de planes de los distintos sectores y colectivos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que incluye 538 clases. Como dice el anteproyecto de Ley, “podrán integrarse en estos fondos, los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación que así lo establezcan en sus especificaciones y los planes de pensiones de empleo simplificados”.
Prestaciones
Las prestaciones se percibirán en forma de renta, “salvo que, por circunstancias excepcionales, y en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, puedan percibirse en forma de capital”. Además, establece que las gestoras deberán facilitar a los partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones, mediante el uso de medios telemáticos, la información legalmente establecida sobre la evolución y situación de sus derechos económicos en el plan, así como sobre otros extremos que pudieran afectarles. Y que, “excepcionalmente, podrá remitirse dicha documentación en papel”.
Más poder a los sindicatos
La Comisión de Control Especial, supervisará los nuevos fondos de pensiones empresariales. A principio su diseño era de 17 miembros con mayoría del Ejecutivo. Ahora se queda en 13 miembros: cuatro de las organizaciones empresariales, cuatro de las organizaciones sindicales y cinco designados por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Esta nueva concesión de poder a patronal y sindicatos, sin embargo, sigue siendo “más aparente que otra cosa, porque aunque estuvieran sus representantes 100% alineados, no podrían tomar decisiones importantes sin el visto bueno del ministerio, en aplicación del régimen de mayorías”, señalan fuentes de la negociaciones.
Rediseño de las aportaciones
El último texto incluye un rediseño de las aportaciones máximas con beneficios fiscales que pueden hacerse a los planes de empleo, para así dar más flexibilidad a los trabajadores. El tope anual es de 8.500 euros, pero “la aportación del empleado no tendría que ser igual o inferior a la de su empresa, sino que podría aportar más si las contribuciones empresariales se quedan cortas”.
Coeficientes
Si el importe anual de la contribución empresarial es igual o inferior a 500 euros, el trabajador podrá aumentar en 2,5 veces su parte. Para el tramo de 500,01 a 1.000 euros, el coeficiente será de dos veces. Entre 1.000,01 y 1.500 euros, el coeficiente será de 1,5 veces. Y para más de 1.500 euros, la contribución del trabajador será la misma, es decir, un coeficiente de uno.
En el documento, se explica que “se aplicará el coeficiente uno cuando el trabajador obtenga en el ejercicio rendimientos íntegros del trabajo superiores a 60.000 euros procedentes de la empresa que realiza la contribución”.
Incentivos fiscales
Las empresas aportaciones a los planes de pensiones de sus empleados, una parte quede exenta de pago a la Seguridad Social. “Hasta el importe resultante de multiplicar por nueve la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias comunes”.
Los planes de empleo en España
El porcentaje de personas cubiertas con planes de empleo en España es de un 10,2%, frente a una 48% de los asalariados del País Vasco, cubiertos por las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), según los datos del Ministerio. Para alcanzar esa cifra, se puede requerir una década o más, en función de la generalización de los planes de empresa en los próximos años.
El Gobierno observa que en las últimas décadas se ha acentuado el desequilibrio entre los fondos privados y los colectivos, debido a la falta de atractivos suficientes para participar en los últimos. Por esta razón, la reducción de las comisiones, en comparación con los fondos privados, es una de ventajas que los fondos de empresa pretenden ofrecer a sus partícipes.
