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El Consejo de Ministro aprueba anteproyecto del fondo público de pensiones para competir con la banca

Estará supervisado por una comisión que contará con 17 miembros cuatro los elegirán los sindicatos, cuatro las patronales y nueve el ministerio

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de impulso a los planes de pensiones de empleo, según han confirmado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en rueda de prensa.

“Hay que enmarcar el anteproyecto de ley en una reforma de modernización de nuestro sistema de pensiones. Queremos fomentar las pensiones públicas, de acuerdo al IPC, así como fomentar la sostenibilidad del sistema. Dentro de este plan se pretende propiciar a muchísimos asalariados y autónomos un producto de ahorro, orientado a sus pensiones complementarias”, ha señalado Escrivá antes de realizar el anuncio.

Presupuestos Generales del Estado

Ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se contemplaba su creación. Con esta medida el objetivo del Gobierno es que la mayor parte de trabajadores tengan un plan de empleo de pensiones, algo que ahora es una excepción.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca ampliar el número de españoles que tienen un plan de pensiones que complemente su pensión, ofreciendo menores comisiones que los planes privados, que serán castigados fiscalmente durante dos años seguidos.

Eliminar los obstáculos que han bloqueado la extensión de los planes colectivos

El Ministro de Seguridad Social ha recordado que “las rentas altas y muy altas se encontraba el incentivo fiscal, mientras que los planes colectivos; orientados a la gran mayoría de ciudadanos, han quedado estancados. El Real Decreto Ley busca eliminar los obstáculos que han bloqueado la extensión de los planes colectivos”.

“Incidimos en la creación de un fondo de empleo impulsado desde el sector público. Esto ayudará a que puedan inscribirse muchos trabajadores de pequeñas y medianas empresas, autónomos… (…) Va a ser muy importante aquí la política de inversión. Y finalmente va a haber una vigilancia muy exhaustiva”, ha recordado Escrivá.

Malestar en el sector bancario

Se ha acrecentado el malestar en las filas empresariales, sobre todo en la banca, que denuncian que esta medida no tenía que estar lista hasta junio de 2022, según se comprometió el Gobierno con Bruselas en el Plan de Recuperación.

Vamos a reforzar la negociación colectiva

José Luis Escrivá ha señalado que con el anteproyecto de Ley en primera lectura, se pretende el “reforzamiento de la negociación colectiva. Ahora hay que hacer hasta siete pasos que dificultan a las PYMES y a partir de ahora bastará con uno; va a haber una plataforma común… El producto será verdaderamente asequible. La Fiscalidad va a ser diferenciada, ya hemos dado un paso en esta línea, pero vamos a profundizar en ello”.

El documento no establece la retribución que recibirán estos miembros, aunque sí fija que podrá tener un componente variable. “La retribución de los miembros se determinará reglamentariamente y podrá tener un componente variable en función de la valoración externa de calidad del servicio y de los resultados de rentabilidad a largo plazo y del riesgo asumido”.

Límite de comisiones

Escrivá plantea un límite en la comisión que se lleve la entidad gestora que se encargará de invertir los ahorros de los trabajadores para que disfruten de un extra en su jubilación -y que se adjudicará por concurso público-: nunca podrá cobrar más del 0,4% por gestionar un presupuesto que podría ascender a 100.000 millones de euros. Así consta en el borrador del anteproyecto de ley reguladora al que ha tenido acceso este periódico.

“En ningún caso las comisiones devengadas por la entidad gestora, incluyendo las retribuciones correspondientes a las entidades en las que se hubieran delegado funciones, podrán resultar superiores, por todos los conceptos, al 0,4 por ciento del valor de las cuentas de posición a las que deberán imputarse”, explica el texto.

En la actualidad la comisión de los planes de empleo se sitúa en el 0,3%, mientras que la de los planes individuales se eleva hasta el 1,2%.

Además, el límite que corresponda resultará aplicable diariamente, tanto a cada plan de pensiones integrado, como al fondo de pensiones en su conjunto, e, individualmente, a cada partícipe y beneficiario.

¿Cuánto pagas por el rescate de un plan de pensiones privado?

Los planes de pensiones individuales, los garantizados y los no garantizados, que ofrecen todos los bancos, han perdido rentabilidad. Pero ahora se van a ver mermados en el IRPF, al desgravar menos el año que viene.

El rescate del plan de pensiones tributa como mínimo al 19% y como máximo al 45% para cuando las rentas superen los 60.000 euros anuales.

El año 2021 comenzó con la reducción del 75% de la aportación máxima con derecho a deducción en los planes de pensiones, concretamente, el importe total que el ahorrador podía desgravar del IRPF ha disminuido desde los 8.000 hasta los 2.000 euros.

Patrimonio mínimo fondo público pensiones

Otra obligación que contraerán las entidades gestoras es alcanzar un patrimonio mínimo en los términos que se establezcan en el proceso de selección.

A su vez, tendrán que utilizar una plataforma digital común que permita el acceso remoto y por medios telemáticos tanto a las empresas como a sus representantes, dando servicio a partícipes y beneficiarios.

Es decir, la plataforma digital común permitirá la trazabilidad del histórico de movimientos económicos de los partícipes y de los promotores independientemente de los traslados de plan que se hayan registrado.

Concurso libre cada tres años

Con una periodicidad máxima de tres años, el Ministerio de Seguridad Social convocará un procedimiento abierto entre entidades gestoras de fondos de pensiones para la constitución y gestión de nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública.

Se les impondrá una serie de requisitos que deben cumplir, como tener un volumen de patrimonio bajo gestión en fondos de pensiones al cierre del ejercicio anterior superior a 1.000 millones de euros, o estar constituida como mutualidad de previsión social cuyas provisiones matemáticas del ejercicio anterior superen los 1.000 millones de euros, así como presentar un máximo de tres propuestas.

Rentabilidad y riesgo

El Ejecutivo vigilará que los activos de los fondos de pensiones sean invertidos exclusivamente en interés de los partícipes y beneficiarios tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones.

La estrategia de inversiones del fondo de pensiones se hará constar en escritura pública y no podrá ser modificada, salvo con su autorización y tendrá un carácter estable y a largo plazo. Asimismo, deberá ser revisada al menos cada cinco años.

Funcionamiento

El funcionamiento y control de este fondo público recaerá en una comisión que se creará específicamente para tal fin y -según consta en el texto- estará compuesta por diecisiete miembros: cuatro serán propuestos por las organizaciones sindicales más representativas (UGT y CCOO), cuatro por las organizaciones empresariales más representativas (CEOE y Cepyme) y nueve serán designados por el Ministerio.

Los sindicatos en desacuerdo

CCOO y UGT se mostraron hace semanas en desacuerdo con lo que consideran “un desarrollo parcial de su compromiso de fondo público que no aborda cuestiones esenciales en esa materia en relación de los derechos de las personas trabajadoras y que supone cambios sustanciales sobre la regulación actual”.

Además, para los sindicatos, el texto “contiene muchas controversias, entre ellas, que no detalla de dónde se va a sacar el dinero para financiarlo”. Critican que se cree una comisión con personas retribuidas.

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