El Consejo de Ministros dará luz verde en segunda vuelta al Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal y el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, con las que se pretende dar respuesta a las necesidades estructurales de la Administración de Justicia.
El secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, ya adelantó en su última comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado que la ministra de Justicia, Pilar Llop llevaría los textos al Consejo de Ministros esta semana.
Proyecto de Justicia 2030
Tanto él como Llop han manifestado en reiteradas ocasiones que lo que pretenden estas leyes, dentro del proyecto de Justicia 2030, es “transformar el modelo actual en un servicio ágil, eficaz, accesible e igualitario”.
Para Pilar Llop, estas normas “van a suponer un cambio absoluto del modelo de Justicia, y que junto a la Ley de Eficiencia Digital, supondrán una auténtica evolución de nuestro modelo de Justicia”.
La cartera dirigida por Pilar Llop ha dedicado importantes esfuerzos en este año que concluye a sentar las bases de Justicia 2030. Será un ambicioso plan con un horizonte a diez años, que persigue configurar la Justicia como un servicio público orientado al bienestar en derechos. A mejorar las condiciones profesionales y laborales de todas las personas que trabajan en el sector Justicia y, a contribuir desde el ámbito de la Justicia a la transformación del país. Se quiere hacer lo posible para lograr una sociedad más democrática, igualitaria y cohesionada a nivel social y territorial.
Tres leyes fundamentales
La base de Justicia 2030 son tres leyes que ya están en marcha: la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia organizativa, orientadas a dar respuesta a la necesidades organizativas, procesales y estructurales de la Administración de Justicia; y la ley de eficiencia digital, con la que se pretende establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización. Las dos primeras irán próximamente en segunda vuelta al Consejo de Ministros y, la tercera, ha sido aprobada en primera vuelta hace poco más de dos meses.
Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público
el proyecto Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia contempla la creación de tres figuras fundamentales para poner al día el ámbito de actuación de la Justicia: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio. Estas tres piezas de la nueva norma contribuirán a una gestión y organización más eficientes, y reducirán la brecha territorial, digital y ecológica, en línea con los objetivos marcados por el propio Gobierno.
La Oficina de Justicia en el municipio acercará a la ciudanía los servicios públicos, independientemente del lugar en el que habiten, con especial atención a mujeres víctimas de violencia, personas mayores -que necesitan un acompañamiento personalizado para realizar sus gestiones con la Justicia-, niños y jóvenes. Asimismo, los Tribunales de Instancia darán más flexibilidad a la planta judicial, para simplificar el acceso de la ciudadanía a la Justicia y para mejorarla en términos de especialización.
Ley de Eficiencia Procesal
En cuanto al Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, contempla medidas para potenciar los medios adecuados de solución de controversias y, de esta forma, reducir el conflicto social y evitar la sobrecarga de los tribunales con medios que resulten satisfactorios para todas las partes implicadas, ahondando en la cohesión social.
Digitalización
Por su parte, la ley de eficiencia digital promueve la digitalización, regulando los servicios tecnológicos accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia.
La norma hará estructurales medidas como la celebración de vistas y actos procesales telemáticos, que se implantaron durante la pandemia y que después se han consolidado. En total son más de 700.000 los juicios telemáticos celebrados durante la pandemia, que han supuesto un ahorro estimado en desplazamientos de más de 14 millones de euros y han evitado la emisión de más de 6.825 toneladas de CO2.
La Administración de Justicia española se sitúa entre los países pioneros en el empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea, poniendo el foco en la ciudadanía y estableciendo la obligación de las administraciones competentes en materia de Justicia de garantizar la prestación de un servicio público de Justicia de calidad por medios digitales en todo el territorio del Estado.
El texto está, además, en línea con la Carta de Derechos Digitales promovida por la Vicepresidencia Primera, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, junto con el Ministerio de Justicia.
