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El caso Kitchen airea las vergüenzas de la Justicia española

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El juez García Castellón ha dejado el caso Kitchen en nada. Es cierto que prosigue la investigación contra el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y su cúpula policial (diez altos cargos implicados en el espionaje al tesorero Bárcenas para eliminar pruebas sobre la contabilidad B del partido) pero las piezas mayores, Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal, se van de rositas. El magistrado de la Audiencia Nacional considera acreditado que todos los involucrados, “de común acuerdo y con conocimiento de la ilicitud de los hechos que estaban llevando a cabo”, pusieron en marcha la operación Kitchen, lo que sería constitutivo de graves delitos.

Así que todo el marrón, por decirlo de una manera rápida, se lo come Fernández Díaz, a quien el juez instructor sitúa en la cúspide del intrincado mecano delictivo. Sin embargo, algo tan grande, algo tan monstruosa y sórdidamente estructurado, no puede ser obra de un solo hombre. No tiene ningún sentido que un perfecto burócrata que no mueve un papel sin que se lo digan sus superiores tomara la decisión, por su cuenta y riesgo, de organizar semejante pastel. ¿Qué ganaba Fernández Díaz metiéndose en ese berenjenal? Nada. De ahí no sacaría ni más dinero, ni más poder, ni más reputación profesional. Al contrario, era un paso suicida que podría salirle mal, como así ha ocurrido finalmente.

Pero ese es el relato que construye el juez García Castellón. Una trama en la que un ministro meapilas y temeroso de Dios decide convertirse en un maquiavélico Nixon de la vida para orquestar operaciones de espionaje, mover ingentes cantidades en fondos reservados, coordinar sicarios y mercenarios de grupos parapoliciales, ordenar seguimientos ilegales a personas, planear registros domiciliarios, activar extorsiones y montajes con falsos curas y consumar otras trapacerías. Ese siniestro dispositivo no puede ser obra del ministro chupacirios, entre otras cosas porque el gran beneficiado de la persecución orquestada contra Bárcenas no era él sino otros que estaban por encima.

Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal, máximos responsables del PP y del Gobierno en aquellos años, ni siquiera se sentarán en el banquillo para que puedan ser interrogados por las partes, un hecho sorprendente cuando estamos hablando de delitos de Estado, de cloacas, de graves crímenes organizados. Una vez más, al igual que ocurrió con los GAL, nos encontramos con una equis poderosa que se interpone como un muro entre la Justicia española y la verdad. Esa equis sin despejar, esa equis que es una renuncia en la casilla a la hora de llegar al fondo de los asuntos de corrupción, está pasando factura, desde hace décadas, a nuestra debilitada y maltrecha democracia. Son ya demasiados carpetazos prematuros y tomaduras de pelo al pueblo español.

La decisión de García Castellón de echar tierra encima a este complot sorprende todavía más si tenemos en cuenta que la Fiscalía Anticorrupción estaba por la labor de tirar de la manta hasta sus últimas consecuencias. En el Ministerio Público consideran que existen indicios suficientes como para concluir que la Kitchen fue organizada por el Partido Popular desde sus más altos despachos. Ahí están las vergonzantes grabaciones del comisario Villarejo en sus reuniones secretas con De Cospedal. ¿Qué más prueba que esa necesita un juez para sospechar que todo esto parte de Génova 13 y no de una simple comisaría de barrio?

Kitchen, un GAL en pequeño

Por lo que respecta a Rajoy, García Castellón lo exonera de un plumazo con un juicio subjetivo al asegurar que “ninguna diligencia permite sostener que el señor Villarejo tuviera comunicación directa con ningún presidente o primer ministro”. Con la venia señor juez, no estamos de acuerdo. Su obligación es pedir todas las pruebas pertinentes, analizar hasta el último fleco, molestar a unos y a otros, escarbar bien hondo en el affaire. Recuérdese que en su día el singular comisario declaró ante el magistrado que alguien le dio un número de teléfono de Rajoy porque el entonces presidente no se fiaba de la información que le llegaba del Ministerio de Interior sobre el espionaje a Bárcenas y quería contar con un canal de comunicación mucho más directo.

Para probar que era verdad lo que decía, Villarejo puso en manos del juez hasta cinco números de teléfono de los que al menos uno correspondería al antiguo inquilino de La Moncloa, según el excomisario. Esa pista ni siquiera ha sido investigada pese a que lo solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, interesada en identificar a la persona del PP que usaba ese misterioso contacto telefónico. “Se trata de una diligencia impertinente, en cuanto que no guarda conexión con el objeto del presente procedimiento”, zanja la cuestión el magistrado. Es decir, la prueba de cargo más importante en miles de folios de instrucción, la clave para averiguar si entre Rajoy y Villarejo había hilo directo, y se lo ventila su señoría como quien se toma un café. Así las cosas, nunca podremos saber si el líder gallego le pedía novedades al comisario, personalmente, sobre el desarrollo de la operación Kitchen. Sencillamente escandaloso.

Hoy, el periodista Ignacio Escolar escribe al respecto de este escabroso sumario: “García Castellón lleva 38 años en la carrera judicial. De ellos, casi la mitad –17 años– los ha pasado en puestos muy bien pagados, en cargos donde fue promocionado por gobiernos del PP. Su primer nombramiento como magistrado de enlace en Francia lo firmó en el BOE Mariano Rajoy Brey. Es el mismo político que hoy duerme más tranquilo tras leer el auto que acaba de firmar García Castellón”. Eso explicaría, según Escolar, por qué el instructor se quita de encima este muerto.

Las partes en el proceso han mostrado su estupor ante la decisión de dar carpetazo a episiodios de tal gravedad. Gloria Pascual, abogada de una de las acusaciones particulares, asegura que el auto del juez les ha producido “enorme sorpresa” y confía en que el recurso en segunda instancia prospere y vuelva a abrirse la causa contra las personas que han sido exoneradas a las primeras de cambio y sin dar explicación alguna.

Todo lo que rodea a la Kitchen apesta. La luz del juzgado se apaga, los taquígrafos se van de vacaciones, la democracia vuelve a sufrir otro zarpazo irreparable. Aquí paz y después gloria. Por lo visto había prisa por acabar con un asunto que se había convertido en una patata caliente para Pablo Casado. Ayer mismo, el Partido Popular comunicaba que Fernández Díaz ha sido suspendido provisionalmente de militancia tras conocerse su procesamiento. Queda perfecto y muy típico el exministro anodino y gris en el papel de cabeza de turco comemarrones. Ahora bien, ¿será tan leal y obediente como para callarse todo lo que sabe y apechugar él solito con todo esto? Porque una cosa es ser patriota y otra ser tonto.

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