Policías mercenarios al servicio del poder, montajes para desacreditar y hundir la reputación de las personas, chantajes, coacciones, sobornos, maletines con dinero negro, oscuros grupos parapoliciales que funcionan al margen de la ley… Todo ese submundo propio del totalitarismo se está cocinando en el mismo lugar: las siniestras cloacas del Estado español. Un aluvión de asuntos inunda, hoy por hoy, los juzgados del país: caso Policía patriótica, caso Villarejo, caso Pequeño Nicolás, caso Corinna, caso Dina, caso Kitchen y otros muchos. Diferentes episodios o secuencias de una de las etapas más sórdidas de la democracia española.
¿Pero quién está detrás de las cloacas del Estado? Ya hay suficientes datos para concluir que al mando de esas prácticas criminales puede haber una camarilla de políticos y funcionarios sin escrúpulos que cierto día decidieron organizar una unidad de policías mercenarios a sueldo con la única misión de velar por intereses particulares. Para ese grupo salvaje no hay ley, ni límite, ni códigos éticos o valores democráticos que respetar. Todo les está permitido, tienen licencia para casi cualquier cosa y el único principio que inspira sus turbias actividades es aquello de que “el fin justifica los medios”, que dijo Maquiavelo. Habría que remontarse a los tiempos de los GAL y de los fondos reservados, durante la descomposición del felipismo, para encontrar una trama financiada desde los aparatos del poder que apeste tanto como las cloacas del Estado supuestamente organizadas por los recientes gobiernos del Partido Popular, un cáncer que ahora empieza a detectarse y que ha dejado metástasis en nuestra joven democracia corroída por múltiples casos de corrupción.
Hoy, las cloacas del Estado han estallado por los aires aireando toda una serie de sucesos a cada cual más sucio y repugnante. El entramado quedó al descubierto cuando, el 3 de noviembre de 2017, un policía enriquecido con sus negocios, encargos particulares y el oro de los mercenarios, el comisario José Manuel Villarejo, era detenido y acusado de delitos de blanqueo, cohecho y organización criminal. Había nacido la Operación Tándem, un escándalo en el seno de la Policía Nacional que iba a desmoronar todo el mecano ilegal que ha funcionado durante décadas, tanto con los gobiernos del PSOE como del PP. La Operación Tándem se desencadenó después de que un anónimo enviara a la Fiscalía Anticorrupción un dosier denunciando las presuntas actividades ilegales de Villarejo. Más tarde se supo que el confidente era David R. Vidal, un exagente del CNI que descubrió cierto informe para un alto cargo del Gobierno de Guinea Ecuatorial que destapaba los trapos sucios de uno de los hijos del dictador Teodoro Obiang. Por ese documento, bautizado como Proyecto King, Villarejo se embolsó más de 5 millones de euros canalizados a través de sociedades pantalla.
Poco a poco se fueron conociendo los negocios del policía supuestamente corrupto, su fortuna oculta, su relación con los personajes más poderosos de la vida política, económica y judicial española. Y por supuesto, sus misteriosas grabaciones. El comisario, furioso con su encarcelamiento por orden del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, empezó a difundir toda la porquería que había corrido por las entrañas del Estado. Y nadie que hubiera ostentado algo de poder en este país quedó a salvo de sus audios.
Ha sido tal el tsunami Villarejo que hay quien cree que la mayor parte de lo que ha ido saliendo últimamente sobre las cloacas estatales tiene que ver, de una forma o de otra, con el afamado comisario. Es el caso de la Policía o Brigada Patriótica. El 21 de junio de 2016 saltaron a las primeras páginas de los periódicos unas conversaciones entre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. De aquella entrevista celebrada en un despacho ministerial se dedujo la existencia de una red o complot organizado por una unidad parapolicial, es decir, al margen de la legalidad vigente, para desprestigiar y desacreditar a los adversarios políticos del Gobierno de Mariano Rajoy, en especial a los líderes nacionalistas catalanes que se encontraban a punto de iniciar el procés de independencia y en vísperas de unas elecciones autonómicas.
“Una mañana, un redactor me sube el correo y entre esos sobres hay uno que tiene un pendrive dentro. Al abrirlo, anónimo, se lo llevé inmediatamente al informático para ver si aquello era un virus que nos iba a destruir el sistema o no”, asegura Carlos Enrique Bayo, uno de los periodistas de Público que destaparon el escándalo político. “Al escuchar los audios nos damos cuenta de que los interlocutores son el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, que se presenta. En esa presentación sale además un nombre que para nosotros es reconocible, que es José Ángel Fuentes Gago, jefe de Gabinete, que es el que intermedió para que se produjeran las reuniones entre Daniel de Alfonso y el ministro del Interior”, relata Patricia López, redactora de investigación del mismo medio.
Los testimonios de ambos periodistas constan en el documental Las cloacas de Interior, una joya periodística filmada por Mediapro y que recoge las andanzas de los perversos personajes que han pululado en los últimos años por los oscuros pasillos ministeriales. Los periodistas de Público creen que los audios eran la prueba concluyente de las maquinaciones secretas en el Ministerio del Interior. A aquello se le llamó Operación Cataluña, una de las múltiples ramificaciones o cañerías de las cloacas del Estado. Las conversaciones entre los dirigentes del PP tuvieron lugar en octubre de 2014, unas semanas antes del 9N, día de la consulta sobre la independencia en Cataluña. Sin duda, el objetivo era desacreditar a los organizadores de la encuesta popular sobre el derecho a la autodeterminación, pero el montaje tuvo una víctima colateral: Xavi Trias, alcalde de Barcelona entre 2011 y 2015, a quien se atribuyó cuentas bancarias en el extranjero, concretamente en Suiza y Andorra, con alrededor de 12 millones de euros. “Yo ministro, soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe vaya a acabar con el animal”, asegura en las cintas el interlocutor de Fernández Díaz. Poco tiempo después de aquella conversación, la prensa de la derecha se hacía eco de la supuesta noticia en grandes titulares. De inmediato, el banco suizo desmintió la información al asegurar que Trias jamás había tenido una cuenta en ninguna de sus oficinas financieras.
De alguna forma, las grabaciones venían a demostrar la existencia de un grupo fuera de la ley asignado directamente al Ministerio del Interior que se encargaba de llevar a cabo investigaciones prospectivas para sacar todos los trapos sucios posibles de los adversarios y políticos incómodos para el Gobierno del PP. Si después de esas pesquisas no se podía encontrar nada turbio en la vida pública o privada de los investigados, el siguiente paso era fabricar un informe ad hoc donde “supuestamente se avala eso que no se ha podido demostrar”, explica Bayo en el documental elaborado por Mediapro. “Ese informe apócrifo de la UDEV, con membrete, pero sin firma, es el que a continuación se filtra a los medios de comunicación afines para que estos levanten un escándalo de grandes titulares; y después el mal llamado sindicato Manos Limpias a continuación lo judicializa planteando una querella en base a esas informaciones viciadas, esas intoxicaciones periodísticas”, añade.
Por tanto, el modus operandi del “grupo salvaje” quedó al descubierto con la Operación Cataluña. Primero la cloaca policial buscaba pruebas debajo de las piedras para desacreditar al enemigo y si no se encontraban se fabricaban. Después todo el material confeccionado en la sala de máquinas se remitía a los equipos jurídicos afines para que pusiera en marcha la cloaca judicial. Finalmente, la prensa amiga se encargaba de airear la noticia fake: eran las cloacas periodísticas. Los bufetes ultraderechistas de Madrid recopilaban todos los recortes de prensa que iban saliendo para después acudir a los juzgados. ¿Pero cómo llegaban esos informes a manos de los periodistas? ¿Quién los filtraba? La respuesta a esa pregunta se iba a encontrar en el sumario de otro caso de gran impacto mediático: el Pequeño Nicolás. Francisco Nicolás Gómez Iglesias, aquel joven estudiante de Derecho que se hacía pasar por agente del CNI y por emisario de Moncloa, tenía en sus manos la llave de muchas puertas. Durante un tiempo, este misterioso personaje entró y salió de los despachos del poder, como Pedro por su casa, y tuvo acceso a secretos de alto voltaje del Estado. ¿Cómo lo hacía? ¿Quién era en realidad este muchacho protegido por las altas esferas? Son preguntas que a fecha de hoy siguen sin respuesta. El caso es que Gómez Iglesias fue detenido el 14 de octubre de 2014. Unos días más tarde, agentes de Asuntos Internos y del CNI celebraban una gran cumbre ministerial para hablar de aquel joven inquietante que manejaba información altamente comprometedora para personas poderosas e influyentes de la política y el mundo empresarial.
“En esta reunión que tenemos el día 20 de octubre estamos informando al CNI de que hemos detenido a Nicolás y que le hemos ocupado documentación firmada, entre comillas firmada, es decir, falsificada, con la firma del director del CNI, y que se ha utilizado para una estafa”, explica Marcelino Martín Blas, jefe de Asuntos Internos entre 2012 y 2015, en el documental Las cloacas de Interior. La reunión entre Martín Blas y los responsables del CNI fue grabada ilegalmente y publicada en diversos medios de comunicación. Un nuevo escándalo “cloaquero” estaba servido. En teoría, los audios aireados no tenían otro objetivo que “acusarles de manipular pruebas, de hacer operaciones alegales y conseguir así que se archive la causa contra el Pequeño Nicolás”, asegura la periodista Patricia López. De inmediato, se abre una exhaustiva investigación para tratar de averiguar de dónde ha partido la filtración. Además, los teléfonos móviles de todos los mandos policiales asistentes a la reunión sobre el peligroso muchacho son rastreados. Y vuelven a temblar los cimientos del Estado.
El sumario del caso Nicolay –así fue bautizado el expediente por los investigadores–, reveló estrechos contactos entre algunos mandos policiales y medios de comunicación en los días previos a la publicación de la noticia que afectaba al alcalde Xavier Trias. Fue así como se supo que la cúpula policial había estado en contacto con los medios de comunicación que difundieron la noticia. Entre el 20 de octubre y el 23 de diciembre se registran más de 200 comunicaciones entre los cargos policiales y dos conocidos periodistas que después firmaron noticias sobre los sumarios abiertos.
Finalmente, el diario El Mundo publicó la noticia sobre las supuestas cuentas de Trias en el extranjero. Y se hizo pocos días antes de la consulta popular sobre la independencia en Cataluña, el 9N, la iniciativa soberanista que le costaría la inhabilitación al presidente de la Generalitat, Artur Mas, por un período de un año y un mes. El ánimo de reventar o boicotear a los líderes soberanistas que movía a los agentes de las cloacas estaba más que acreditado. Curiosamente, ABC recibió la misma información sobre la supuesta cuenta de Trias y negocios de otros dirigentes soberanistas y no la publicó al no considerarla fiable. “Desde que Xavier Trias dice que votará independencia y desde que Xavier Trias se va a Nueva York y se encuentra con el señor Bloomberg, y el señor Bloomberg hace un editorial, no a favor de la independencia, pero sí diciendo que no entiende la actitud del Gobierno central con Cataluña, yo creo que comienza una cierta persecución”, asegura el ex alcalde de Barcelona en el documental de Mediapro.
A mediados de noviembre de 2016 el juez que instruye la querella de Xavier Trias contra El Mundo reactiva el sumario y los periodistas que firman el artículo aseguran que su noticia procede directamente del Ministerio del Interior. Efectivamente, las informaciones partían del departamento dirigido por Fernández Díaz, un complejo entramado burocrático con múltiples cargos operativos donde algunos funcionarios empezaban a sentirse asqueados y hartos de las cosas que estaban ocurriendo en esa casa, de modo que decidieron tirar de la manta recurriendo a medios de comunicación no afectos al “régimen” del PP como Público. Un funcionario anónimo del ministerio llega a relatar que su decisión de airear los trapos sucios en la Dirección General de la Policía se debe a la “manipulación política que dicha institución ha hecho últimamente”. Pero lo hace ante las cámaras de Mediapro con la cara cubierta por una máscara y la voz distorsionada. Una vez más, se demuestra que los denunciantes de la corrupción en el Ministerio del Interior tienen miedo porque la caza de brujas que se ha desatado para silenciar a todo aquel que cuente la verdad sobre las cloacas del Estado ha sido intensa y feroz.
