La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha investigado gastos y balances de acreedores en la sociedad Campus de la Justicia, el proyecto faraónico de Esperanza Aguirre que se hundió como el Titanic dejando tras de sí un inmenso agujero económico. El importe total de los gastos en los que incurrió la sociedad en los ejercicios fiscalizados (excluidos los gastos de personal) alcanzó la cifra de 95,3 millones de euros. Esta cifra incluye 61,6 millones que provienen de la inversión en las obras del proyecto que se dan como pérdidas tras la paralización del mismo. Además, en materia de utilización de tarjetas de crédito no se ha podido disponer de los datos completos referidos a la operativa de una tarjeta Visa Platino, a pesar de los diversos requerimientos efectuados a la entidad bancaria correspondiente. «Con esta limitación, en las actuaciones fiscalizadoras se han podido detectar gastos de la citada tarjeta por un importe que asciende al menos a 15.647,20 euros, que no se encuentran debidamente justificados», asegura el informe.
Para “Otros gastos de explotación”, que sumaron 13,5 millones de euros, se seleccionó una amplia muestra del 74% de las operaciones realizadas (que alcanzaron los 10 millones de euros). De esta muestra, los justificantes correspondientes a 2,5 millones de euros no pudieron ser localizados. Con respecto a los justificantes que sí fueron encontrados, un 48,6% correspondían a gastos de publicidad y promoción (3,6 millones), un 19,47% a asesorías y consultorías, y un 15,43% a premios de concursos. Es de notar, en lo que a esto concierne, que un importe que asciende a 3,4 millones de euros correspondía a gastos que deberían haberse formalizado mediante contrato, «pero la existencia de dichos contratos no ha podido confirmarse, al no haberse localizado los mismos en los archivos de la sociedad. En cuanto a los gastos de publicidad hay que señalar que, pese al gran volumen contabilizado, no consta ni el contrato ni la copia de las inserciones concretas, «lo que ha imposibilitado determinar qué era lo que se publicitaba». Cuando se trata de gastos de comidas y viajes, es significativo que no aparece documentalmente justificado, en general, ni los participantes en esas actividades ni el motivo de las mismas, que permita claramente determinar la justificación de su abono por parte de la sociedad.
En el ejercicio 2008 la contabilización de las operaciones se realizó mediante un apunte global mensual, por lo que la contabilidad no aporta ninguna información sobre las operaciones individuales que se registran, y tampoco se ha dado ninguna justificación al cambio de criterio efectuado.
Los gastos contabilizados durante el período comprendido entre septiembre de 2009 y diciembre de 2010 carecen de documentación que los soporte, afectando dicha carencia tanto a gastos en servicios exteriores (por un importe de 901.175 euros) como a la falta de certificaciones de obra (por un importe de 19.100.546,3 euros). En lo que concierne a las muestras de saldos acreedores analizados, también hay que advertir que no se ha podido conciliar un importe que asciende a 2,15 millones de euros, según el informe.
En la agrupación de “Otros resultados” se recogen a partir de 2009 los gastos ocasionados como consecuencia de la finalización anticipada de los contratos con diversas empresas constructoras (indemnizaciones e intereses de demora), debido a la paralización de las obras de la mercantil por un montante total que asciende a 11.890.131 euros. De esta manera, en los ejercicios 2006 y 2007 se firman dos contratos de patrocinio con una fundación para sendas exposiciones (“La justicia en el Arte”, e “Imágenes de la Justicia”) cuyo objetivo parece escaparse de los fines de Campus de la Justicia de Madrid. Los contratos fijan unas aportaciones de 200.000 y 250.000 euros respectivamente, pero los gastos acaban ascendiendo a 383.000 y 400.000 euros. En el primer caso sin soporte documental alguno; y, en el segundo, se firmó una ampliación, pero no se ha encontrado ninguna factura justificativa de la operación aunque sí del pago de la misma.
En el ejercicio 2008, con prórroga al ejercicio siguiente, un determinado fotógrafo empieza a percibir un sueldo de 3.500 euros mensuales sin que exista ningún tipo de justificación sobre la efectividad de los servicios prestados a la sociedad. No se ha localizado ningún contrato en los archivos de Campus que diera cobertura legal al citado pago.
En el ejercicio 2011 se abonó una factura de 60.000 euros a una empresa de consultoría por un informe denominado “Análisis de distintos modelos de funcionamiento de una muestra representativa de juzgados de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de identificar las mejores prácticas y emitir recomendaciones para la mejora de los modelos de funcionamiento actuales”. A este respecto llama la atención que además de que este tipo de informe no encaja en el objeto estatutario de la sociedad, en la memoria de este ejercicio. Ya se indica que la actividad principal de la mercantil consistió en practicar todas las acciones necesarias para su liquidación, disolución y posterior entrega del patrimonio resultante al accionista único, esto es, a la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, es evidente la innecesaridad de encargar un informe cuando la sociedad se encontraba en fase liquidatoria.
En el ejercicio 2012, aparecen dos facturas ascendiendo cada una de ellas a 71.645 euros, que se abonan en base a un convenio previo de colaboración entre la Consejería de Justicia y una fundación para el desarrollo del proyecto Ciudad de la Justicia, que se firmó el 20 de junio de 2012. En este sentido resulta que no es la propia sociedad quien lo encarga y firma, por lo que no parece que la misma tuviera que haber hecho frente a los gastos. Además, cabe recordar que, a la fecha de la firma de convenio, ya se había decidido la disolución de la sociedad. A su vez, los ingresos contabilizados por la sociedad durante el período comprendido entre los ejercicios 2005 a 2014, ascendieron a 35.523.889,67 euros, de los cuales el 89% corresponde a beneficios procedentes del inmovilizado. En concreto, la citada cantidad se deriva de las operaciones de enajenación de los dos inmuebles aportados por la Comunidad de Madrid que supusieron unos ingresos totales de 31,6 millones de euros.
La siguiente partida en importancia es la relativa a los ingresos financieros, que supusieron un montante total de 3.742.690,73 euros, que se generaron casi exclusivamente durante el trienio comprendido entre los años 2006 a 2008, momento en el que se produce la venta de los dos inmuebles referidos.
Pero seguro, seguro que la persona que disfrutaba de esa tarjeta platino se merecía eso, y mucho mas. Consecuencia de cosas como ésta es el desastre ocasionado por la nevada de estos días. Ahí tiraban el dinero del contribuyente en lugar de estar mejorando los servicios públicos. O en el «almacén Zendel» de la loca IDA.