Cada nuevo paso que dan los tribunales en la investigación de los sobrecostes del Campus Ciudad de la Justicia de Madrid, que se proyectó en tiempos de Esperanza Aguirre, revela una situación todavía más espeluznante. El informe que la Cámara de Cuentas del Campus de la Justicia rindió en el año 2018 sobre la fiscalización de la empresa pública constituida para ejecutar las obras durante el período 2005-2015 concluyó que no existió ningún tipo de control en las inversiones, gastos y sobrecostes. “Por lo que respecta al control interno ejercido a través de la Intervención General de la Comunidad de Madrid cabe señalar que, durante los ejercicios correspondientes al periodo fiscalizado, no se llevó a cabo un control financiero interno de carácter permanente al no preverlo los Planes de autoría de la IGCM [Intervención General de la Comunidad de Madrid]. La Intervención se limitó durante el periodo objeto de fiscalización a realizar una serie de informes puntuales sobre determinadas operaciones de la Sociedad. En cuanto a los mecanismos de control en el ámbito de la propia Mercantil Campus de la Justicia, es de significar que la misma carecía tanto de órganos internos de control económico financiero, como de protocolos de actuación en esta materia, lo cual refleja las debilidades de la Sociedad en el señalado ámbito”, asegura el citado informe.
Ayer mismo, la Fiscalía Anticorrupción avanzó un peldaño más en la investigación al solicitar penas de ocho años de cárcel para el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada y seis para otras cinco personas por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid. Se les acusa de los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos según informa Europa Press.
Esta empresa pública se constituyó en 2005 para desarrollar y ejecutar el proyecto de Campus de la Justicia de Madrid, que tenía por finalidad construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Finalmente no se acabó y quedó en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros.
Junto a Prada, presidente y consejero delegado del Campus de la Justicia de Madrid se encontraban los acusados Isabelino Baños Fernández (director general técnico), Mariano Sanz Piñar (subdirector técnico), Alicio de las Heras (director de Área Financiera), Félix García Castro (letrado asesor) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad). Este último está también imputado en el denominado caso Tándem sobre las actividades presuntamente irregularidades del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.
En relación con la responsabilidad civil derivada del delito de malversación de caudales públicos, la Fiscalía solicita la remisión de testimonio de la sentencia que se dicte al Tribunal de Cuentas, para su valoración.
RELATO DE LA FISCALÍA
Según el relato de la Fiscalía, el proyecto de la Ciudad de la Justicia tuvo por finalidad la construcción de un complejo de edificios en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Para la ejecución del proyecto se constituyó la sociedad anónima Campus de la Justicia, que comenzó a operar en enero de 2005 con capital cien por cien de la Comunidad de Madrid y cuyo objeto social era el desarrollo y ejecución de los planes, programas y actuaciones para la realización y gestión del Campus de la Justicia de Madrid.
La previsión monetaria de ingreso por venta de inmuebles judiciales era en torno a 200.000.000 euros. Sin embargo, solo dos operaciones llegaron a realizarse: la venta del inmueble ubicado en la calle Fernández de la Hoz número 35 de Madrid, en mayo de 2005 por 13.548.000 euros y la venta del inmueble ubicado en la calle Hernani, número 59 de Madrid, en octubre de 2006 por 62.100.000 euros.
Así, el capital con el que se constituyó la sociedad fue de 7.350.000 euros si bien en 2006 tuvo una ampliación por 37.289.000 euros y pasó a tener de capital social 44.639.000 euros cifra que se mantenía a finales de 2008.
Añade la Fiscalía que entre 2005 y diciembre de 2008 la capacidad financiera real del Campus de la Justicia no superaba los 121.657.728 euros, y pese a ello el total comprometido a través de contratos en ese mismo periodo fue muy superior. Entre 2005 y 2015 el importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Madrid ascendió a 355.577.355,92 euros.
VIAJES PAGADOS CON TARJETA
Además, la Fiscalía concreta que los gastos del Campus fueron efectuados por transferencia bancaria, pagos en efectivo y mediante tarjeta de crédito. Los pagos con tarjeta incluían los relativos a viajes en los que no había justificación de su finalidad institucional, al no existir documentación soporte de la realización de los desembolsos con cargo al erario público.
Tampoco en materia de contratación del personal se halló justificación documental de aspectos relevantes como el procedimiento para la elección de las personas, la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad o la publicidad de los procesos de contratación.
Junto a las consideraciones específicas respecto a gastos concretos la instrucción ha acreditado, según destaca la Fiscalía, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad o de rendición de las cuentas.
El plan para terminar con la dispersión de sedes judiciales de la Comunidad de Madrid concentrándolas en una sola sede, durante los dos años y medio de la primera etapa del Campus de la Justicia debía adecuarse a la normativa estatal y autonómica. Sin embargo, los acusados concertaron contrataciones “con deliberada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de contratación, afectando a todas las fases del procedimiento de contratación: toma de decisión del gasto, selección de procedimiento de adjudicación, tramitación del procedimiento, adjudicación y ejecución”.
De este modo se produjo una selección del adjudicatario al margen del procedimiento, apunta el escrito y, en numerosas ocasiones, previamente al mismo. Entre las conductas irregulares destaca la inexistencia de informes de necesidades a satisfacer, la incorrecta definición del objeto del contrato, criterios de valoración poco precisos o inexistencia de estudio sobre el coste del contrato salvo en los contratos de obra.
Igualmente se ha acreditado conocimiento de las ofertas económicas antes o simultáneamente al conocimiento de las ofertas técnicas, inexistencia de participación de la mesa permanente de contratación y la utilización sistemática de procedimientos negociados y menores con evidente fraccionamiento.
No creo que pase nada, se acuerdan del comentario del senador del PP ( excargo de responsabilidad en la seguridad del estado )que dijo que el tribunal lo controlarian por detrás, pues eso; haber donde están los defensores de la patria denunciando y exigiendo responsabilidades pues el de los chiringuito el protegido de la Señora Esperanza ,no tiene nada que decir o la otra que va perdiendo plumas en Catalunya, pura hipocresía por no hablar del Santander hay hay lo tapan todo con la bandera . Viva la republica