El informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la fiscalización de la empresa pública Campus de la Justicia de Madrid S.A. (CJM) correspondiente a los ejercicios 2005 a 2015 encontró graves deficiencias en la gestión de la faraónica obra, el gran sueño de Esperanza Aguirre que finalmente fue abandonado pese a que costó 350 millones de euros. Así, el informe constata que la sociedad «no sigue ningún criterio de racionalidad económico-organizativo». En efecto, como figura en el cuerpo del Informe, CJM presenta un «claro desequilibrio» que se manifiesta en la existencia de un «potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil». Este desequilibrio se acrecienta durante los ejercicios 2008 a 2014, periodo en donde la mercantil entra inequívocamente en “una situación de declive empresarial pues en este periodo es fácil observar que la estructura directiva de la sociedad no solo no disminuye sino que, por el contrario, se incrementa en el seno organizativo”.

El informe concluye que todos los edificios generaron costes durante el periodo objeto de fiscalización. Los mayores importes fueron los atinentes a la urbanización de la Fase I, que ascendió a 35 millones de euros, y la construcción del Instituto de Medicina Legal, que ascendió a 22 millones de euros. En lo que a esto afecta, resultan llamativos los casos del Tribunal Superior y de la Audiencia Provincial que, sin tener una sola piedra colocada, generaron unos costes de casi 19 millones de euros. Esa notable falta de diligencia en la custodia y buena gestión del patrimonio de la entidad pudo originar pérdidas que, hoy por hoy, no es posible cuantificar dada la insuficiencia de la documentación soporte de las operaciones reseñadas.

Además, el incremento exponencial de cargos directivos en el proyecto supone una «vulneración de los principios de economía, eficiencia y eficacia», según el informe. Así, desde el ángulo organizativo, debió revisarse por el accionista único esta inflación estructural mucho antes de que se adoptara la decisión de extinguir la sociedad, “máxime si en los últimos tiempos de vida de la misma su gestión no solo era inoperativa sino que era, sobre todo, antirrentable, con la consiguiente repercusión negativa en el erario público de la Comunidad de Madrid”.

En materia de rendición de cuentas de la Sociedad el informe destaca que “las cuentas correspondientes al ejercicio 2005 no fueron rendidas ante esta Cámara; las cuentas anuales de los ejercicios 2007, 2008 y 2009 fueron rendidas todas ellas fuera de plazo; las cuentas anuales concernientes a los ejercicios 2010 a 2014 fueron objeto de rendición conjunta, con fecha 14 de enero de 2016, y todas ellas fuera del plazo legal previsto; las cuentas correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013 no incorporaron los informes de gestión exigibles por la Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid”

Tampoco los registros contables salen bien parados. “En el requerimiento originario de información que se dirigió a la Sociedad Campus de la Justicia se solicitaban los balances de comprobación a 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios objeto de fiscalización, así como los libros mayores de cuentas de todos los ejercicios a fiscalizar. Pues bien, el coordinador designado por la Consejería de Justicia informó de las dificultades para obtener esta información, y puso a disposición de la Cámara el ordenador en el que estaba cargada la aplicación con la contabilidad de Campus. Y tuvieron que ser los informáticos de esta Cámara quienes obtuvieron la aplicación en donde se encontraban los archivos Excel para cada ejercicio con los diarios de operaciones”. Sobre estos diarios, el informe destaca que se tuvo que trabajar para poder obtener los mayores de cuentas y los balances de comprobación. Del análisis de los citados archivos se comprobó que la contabilidad de Campus no se llevó en varios de los ejercicios de conformidad con los principios generales establecidos en el título III del Código de Comercio en las versiones vigentes para cada uno de los mismos. En particular, la llevanza contable de la Mercantil contradice lo establecido en los artículos 25 (en cuanto al seguimiento cronológico de las operaciones), 28.2 (en cuanto a la contabilización en 2008) y 29.1 (en cuanto al orden de fechas y los espacios en blanco).

En materia de inmovilizado también se hallan irregularidades graves. La principal vía de financiación del proyecto parael que se creó CJM era la enajenación de una serie de edificios que albergaban las distintas sedes judiciales repartidas por la ciudad de Madrid, y que su propietaria, la Comunidad, debería ceder a la empresa para lograr la referida finalidad de autofinanciación. En total, se trataba de seis edificios cuyo valor estimado, en base a las tasaciones realizadas, rondaba los 200 millones de euros. “En realidad solo llegaron a traspasarse a CJM dos de ellos, cuyo valor de tasación ascendía a 44 millones de euros, obteniendo en su venta unas plusvalías de 31,5 millones de 206 euros. El resto de los edificios, por diversos motivos, no llegaron a traspasarse a la Sociedad. No hay indicios de que existiera en su momento un inventario de elementos de inmovilizado de ningún tipo, lo que, evidentemente, impidió conocer el control efectivo que se realizaba sobre los inmuebles”, asegura la Cámara de Cuentas.

El coste incurrido por la Sociedad en la ejecución de las nuevas sedes judiciales alcanzó la cifra de 80 millones de euros entre los años 2006 a 2010. En este último ejercicio, el proyecto se paralizó ya definitivamente, con lo que se dio de baja la totalidad del inmovilizado en curso, llevándose la mayor parte directamente a pérdidas, y traspasando a construcciones el valor estimado del único edificio que, aun a falta de finalizar, pudo llegar a levantarse. “Así, las únicas obras que llegaron a realizarse de todas las previstas fueron las relativas a la construcción del edificio del Instituto de Medicina Legal, y, parcialmente también, las obras de urbanización de la fase I, que incluía la infraestructura concerniente a los túneles de intercomunicación de los edificios proyectados”.

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid es el órgano de control externo al que corresponde el control económico presupuestario de la Comunidad de Madrid. Fue creada por Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en virtud del mandato contenido en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Región.

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