El chavismo ha llevado al colapso al sistema sanitario público venezolano. Miles de pacientes esperan meses para recibir un medicamento que muchas veces no llega por el desabastecimiento y los hospitales están saturados al máximo. Así se refleja en el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) tras una serie de entrevistas con médicos, académicos, profesionales de la salud y defensores de los derechos humanos de aquel país. Todos ellos, sin excepción, dieron por hecho que los últimos años del Gobierno de Maduro y la grave crisis económica ha provocado la ruina del sistema de salud venezolano.
El ACNUDH concluye que ha habido una “inacción de las autoridades estatales” y una “ineficacia” en las medidas adoptadas para abordar lo que ya es un auténtico problema de salud nacional. “El agudo deterioro de las instalaciones y el equipo de atención médica, la falta de medicamentos, en particular para pacientes con enfermedades crónicas, y el repunte de enfermedades que ya habían sido erradicadas, constituyeron una violación del derecho a la salud de un gran número de personas en todo el país”.
Varios médicos señalaron al ACNUDH que las autoridades estatales no les habían proporcionado el equipo y los suministros necesarios para impedir que se produjeran “muertes evitables”. También informaron de que los pacientes tenían que comprar los medicamentos y suministros indispensables para su tratamiento fuera del hospital y que, si no podían encontrarlos o pagarlos, simplemente no podían ser tratados.
Las madres de niños aquejados de insuficiencia renal informaron al ACNUDH de que había una “escasez sistémica” de equipos para diálisis en el único hospital del país donde los menores de 12 años pueden recibir dicho tratamiento. También denunciaron que el citado hospital presentaba “déficits de medicinas y alimentos, así como de médicos”. Según la información recogida, al menos 10 niños murieron como consecuencia de las condiciones insalubres en ese centro sanitario entre mayo y diciembre de 2017.
A su vez, el ACNUDH observó que el Gobierno se había negado a divulgar la información necesaria para evaluar la dimensión y las consecuencias de la crisis de salud, por ejemplo, mediante los boletines epidemiológicos semanales y el anuario sobre mortalidad. Por el contrario, el Ejecutivo chavista ha amenazado, e incluso en algunos casos ha “detenido arbitrariamente”, a los médicos, pacientes y trabajadores de los medios de comunicación que denuncian la gravedad de la situación sanitaria en el país. “Los profesionales de la salud entrevistados se quejaron de la presencia de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, la milicia y los colectivos armados en los recintos hospitalarios para impedir que periodistas y otros observadores reunieran pruebas de las terribles condiciones imperantes”, según el informe de Naciones Unidas.
Según expertos entrevistados por el ACNUDH, como consecuencia de una combinación de políticas económicas y sociales implementadas por el Gobierno durante la última década, como el control estatal sobre el precio de los alimentos y los tipos de cambio de moneda extranjera, la mala gestión de las tierras cultivables confiscadas, el monopolio estatal de los suministros agropecuarios y la puesta en práctica de programas sociales sin objetivos nutricionales claros, se han generado niveles críticos de escasez alimentaria en un contexto en el que grandes segmentos de la población no tienen suficiente dinero para comprar los alimentos a precios de mercado. De acuerdo a la información disponible, la desnutrición de los niños menores de cinco años aumentó rápidamente y las familias se han visto obligadas a reducir drásticamente la cantidad y la calidad de los alimentos que consumían. Además, habían adoptado estrategias de supervivencia, como vender sus objetos de valor, enviar a un miembro de la familia al extranjero o buscar comida en las basuras. El ACNUDH también observó que la escasez de alimentos tenía un impacto desproporcionado en las mujeres. Los médicos se han visto en la incapacidad de tratar adecuadamente a los niños con desnutrición aguda, debido a la escasez de medicinas, suplementos nutricionales y leche infantil en el sistema público de atención sanitaria. Además, los programas sociales establecidos por el Gobierno se habían instrumentalizado para obtener beneficios políticos y reforzar el control social.
El ACNUDH constató que, dado que el Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis sanitaria y alimentaria, no se habían adoptado las medidas y las reformas normativas que se necesitaban con urgencia para hacer frente a la crisis y sus causas fundamentales, no cumpliendo así su obligación internacional de hacer todo lo posible para asegurar el ejercicio de los derechos a la salud y la alimentación, incluso recurriendo a la cooperación y asistencia internacionales.
