El informe que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha preparado sobre la situación política en Venezuela, y al que ha tenido acceso Diario16, documenta al menos 90 casos de personas que fueron arbitrariamente privadas de libertad “antes, durante y después” de la ola de protestas masivas de 2017, y que estando detenidas fueron sometidas “a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, muchas de las cuales podrían constituir formas de tortura”. Según este documento, los agentes de seguridad del SEBIN, la DGCIM y la GNB recurrieron a tales medidas para intimidar y castigar a los detenidos, así como para “extraer confesiones e información”.

Los casos más graves tuvieron lugar por lo general en locales del SEBIN, la DGCIM y del Ejército en todo el país. Algunas personas fueron retenidas en lugares de detención no oficiales. Entre las prácticas de malos tratos y tortura documentados se incluyen la aplicación de “descargas eléctricas, golpes fuertes, violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ejecución y privación de agua”.

“No soy el único: hay muchas más víctimas en toda Venezuela”, asegura un hombre que había sido detenido arbitrariamente y violado por agentes de seguridad cuyo testimonio consta en el informe de Naciones Unidas. El ACNUDH también ha documentado casos de trato cruel, inhumano o degradante impuesto a familiares de los detenidos.

El ACNUDH observó que las condiciones de detención de las personas privadas de libertad no cumplían las normas internacionales básicas para el trato humano de los detenidos y que a menudo constituían en sí mismas un “trato cruel, inhumano o degradante”. El hacinamiento es generalizado y las infraestructuras son insalubres. En muchos centros de detención de todo el país, los detenidos tenían un acceso limitado a los alimentos y el agua, incluida el agua potable, y sus familiares debían ocuparse de proporcionárselos. Además, el ACNUDH tuvo conocimiento de que a varios detenidos que se encontraban en malas condiciones de salud se les denegó la atención médica necesaria, lo que constituía una violación de sus derechos a la salud, a la integridad física y a ser tratados con humanidad.

Según pudo determinar el ACNUDH, la impunidad de las fuerzas de seguridad era “predominante” y las autoridades “no han investigado de manera rápida y efectiva las denuncias verosímiles de tortura y malos tratos que recibían, lo que hubiera permitido procesar a los presuntos autores y proporcionar reparaciones a las víctimas”. Los casos documentados por el ACNUDH, junto con la información recogida, indican que los malos tratos y la tortura infligidos a personas privadas de libertad por haber expresado ciertas opiniones políticas o por haber ejercido sus derechos humanos “no son incidentes aislados”.

Por el contrario, se ha documentado que las mismas formas de malos tratos han sido cometidas por agentes de distintas unidades de seguridad en todo el país, en diferentes centros de detención y con el “presunto conocimiento” de oficiales superiores, lo que demuestra claramente “la existencia de un patrón de conducta” en la represión del régimen de Maduro.

El informe hace constar que dado que el Gobierno venezolano no permitió que el ACNUDH tuviera acceso a su territorio, la información se recopiló a través de observaciones realizadas desde fuera del país. Esto incluyó la “realización de 150 entrevistas con víctimas y testigos, así como con representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos y universitarios, y el examen detenido de numerosos informes y datos aportados por diversas fuentes”.

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