La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU emitió un durísimo informe sobre la situación política en Venezuela meses antes de la crisis institucional que se ha desatado en el país y que puede concluir con una intervención militar de Estados Unidos. El ACNUDH presentó a los Estados miembros de Naciones Unidas y al Gobierno de la República Bolivariana una serie de recomendaciones con el objetivo de que se aborden las “serias violaciones a los derechos humanos documentadas en este informe.
El ACNUDH exige que la Justicia venezolana prepare y publique un dosier completo sobre el progreso de las investigaciones relativas “a cada muerte ocurrida durante el periodo de manifestaciones masivas en 2017”. En sus contactos con el ACNUDH, los familiares de 19 de las personas muertas durante las protestas callejeras aseguraron que “habían perdido la confianza en el sistema judicial y que no esperaban que el Gobierno fuera a rendir cuentas de manera fehaciente sobre lo ocurrido”.
Desde julio de 2015, las autoridades de Maduro se han servido de las llamadas “Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)” como instrumento para demostrar sus pretendidos éxitos en materia de reducción de la criminalidad. El ACNUDH comprobó que existía un patrón de uso “desproporcionado e innecesario” de la fuerza por parte de los órganos de seguridad en dichas operaciones, las cuales se saldaron con “un gran número de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, según el informe del Alto Comisionado.
Entre julio de 2015 y marzo de 2017, las fuerzas de seguridad de Maduro mataron a al menos 505 personas en el marco de las OLP, entre ellas 24 niños. Las OLP, que se caracterizan por su alto nivel de impunidad, según la ONU, podrían estar encubriendo actos de represión contra un sector de la población civil. Paradójicamente, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela, que presuntamente era el responsable de la mayoría de los homicidios cometidos durante las OLP, también era el encargado de llevar a cabo los exámenes forenses en los casos de muertes violentas, según el informe de Naciones Unidas.
El patrón de las violaciones de derechos humanos identificado en el marco de las OLP también se observó durante la operación que se saldó con la muerte de 39 reclusos en el centro de detención de Amazonas, en agosto de 2017, así como durante la operación que concluyó con la muerte de siete miembros de un presunto grupo armado en la zona de El Junquito, en enero de 2018. La información reunida por el ACNUDH indicó que en ambos casos los agentes de seguridad utilizaron “fuerza excesiva” y “manipularon las escenas y evidencias para que las muertes parecieran haber resultado de los intercambios de fuego”.
La ONU recuerda al Gobierno de Caracas que debe adoptar medidas inmediatas para “detener las detenciones arbitrarias”, así como “la tortura, malos tratos y condiciones ilegales de detención”. Así mismo, las “autoridades de alto nivel” deberían condenar públicamente todos los casos de tortura y malos tratos, así como “tomar medidas inmediatas para poner fin a esta práctica”. “El Ministerio Público debería llevar a cabo investigaciones prontas, efectivas e independientes de todos los presuntos casos de tortura y malos tratos, así como llevar a los responsables ante la Justicia”, afirma el informe oficial.
Además, la ONU insta a las fuerzas de seguridad de Venezuela a que pongan en marcha medidas inmediatas para detener “el uso excesivo de la fuerza” e impedir otras violaciones de derechos humanos durante todo tipo de “operaciones de seguridad”, inclusive cooperando plenamente para llevar a los presuntos responsables ante la Justicia. Según el Alto Comisionado, el Ministerio Público debería reestablecer la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales a fin de recobrar su “capacidad de conducir investigaciones independientes” en los casos que presuntamente involucren a las fuerzas de seguridad.
“Las autoridades, en particular las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, deberían poner fin a todas las detenciones arbitrarias y liberar y compensar plenamente a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente”, recrimina el Alto Comisionado. La ONU exige que las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia de Venezuela “cumplan inmediatamente” con las órdenes judiciales de liberación y en particular garanticen “que los familiares y abogados de las personas privadas de libertad dispongan rápidamente de información precisa sobre su detención y localización”.
A su vez, Naciones Unidas reclama al régimen de Maduro que permita que las personas privadas de libertad tengan acceso a un abogado desde el momento de su detención, así como que se les provea de oportunidades, tiempo y lugar adecuados para recibir visitas y “comunicarse y consultar con un letrado en total confidencialidad”. Según el Alto Comisionado, las autoridades judiciales deberían tomar medidas urgentes para prevenir “retrasos injustificados” de los procedimientos judiciales, incluyendo los procesos de aprobación de los fiadores.
“El Gobierno, en particular el Ministerio del Interior, Justicia y Paz, debería tomar medidas urgentes para proteger a los abogados de intimidación, acoso o interferencias inapropiadas de cualquier tipo y para poner fin a la aplicación de la jurisdicción militar a los civiles, así como garantizar que los tribunales militares solo juzguen a personal militar activo acusado de delitos militares o de faltas disciplinarias militares”, añade el documento de la ONU.
El informe hace constar que dado que el Gobierno venezolano no permitió que el ACNUDH tuviera acceso a su territorio, la información se recopiló a través de observaciones realizadas desde fuera del país. Esto incluyó la “realización de 150 entrevistas con víctimas y testigos, así como con representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos y universitarios, y el examen detenido de numerosos informes y datos aportados por diversas fuentes”.
