domingo, 25julio, 2021
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Carta abierta de una profesora víctima de violencia machista a Javier Imbroda: “El silencio de la Consejería de Educación es una forma de maltrato, ha sido cruel conmigo”

Andalucía vulnera todos los protocolos con una mujer a la que intentó matar su marido a cuchilladas, que aguarda un cambio de centro educativo desde hace casi dos años para evitar que la localice

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María (nombre supuesto para preservar su anonimato) no sabe qué hacer ya para conseguir lo que le pertenece por ley como víctima más que directa de la violencia machista. Desde hace casi dos años, lleva solicitando sin éxito a la Consejería de Educación que le conceda una plaza vacante en otro centro educativo, como así lo contempla la ley de forma prioritaria y urgente por su condición de víctima de violencia de género. En noviembre de 2013, ella y su hija, menor de edad entonces, salvaron la vida de forma milagrosa después de que su ex marido y padre de la joven intentara asesinarlas a cuchilladas en su domicilio. Las secuelas físicas y psicológicas aún perduran en ambas. Ahora, la revictimización que María está sufriendo por el departamento que dirige Javier Imbroda ha dado una última vuelta de tuerca.

Educación le ofrece verbalmente una “comisión de servicios”, aunque su condición excepcional no se ajusta en ningún caso a estos requisitos

Desde que el pasado marzo varias inspectoras de la Consejería de Educación se pusieran en contacto con ella tras la información adelantada por Diario16 solo una semana antes de decretarse el estado de alarma, María no ha vuelto a tener ninguna noticia más del departamento que dirige Imbroda, que personalmente conoce también su caso, ya que el pasado febrero la docente le remitió una carta personal donde le detallaba toda la odisea burocrática que llevaba sufriendo desde 2019, sin que nadie en la Administración autonómica le supiera indicar qué vía debía seguir en su petición como víctima directa de violencia de género.

Para colmo de despropósitos, una supuesta y anunciada carta certificada de la Consejería de Educación en la que se le informa de que se le ha concedido una “comisión de servicios” –que ella jamás ha solicitado porque no es la vía que le corresponde como víctima de violencia de género– nunca ha llegado a su remitente después de más de una semana esperando infructuosamente la respuesta por escrito del departamento que dirige Imbroda.

Harta, hastiada y tremendamente vulnerada en sus derechos fundamentales ante esta “nueva forma de maltrato” que asegura viene sufriendo ahora por la Administración autonómica, María le ha escrito directamente una segunda carta abierta al consejero, que Diario16 reproduce íntegramente para conocer de primera mano el sentimiento de frustración, abatimiento y profundo dolor que embarga a esta mujer que hace menos de siete años estuvo a punto de perder la vida junto a su hija menor por las cuchilladas que les propinó su ex marido en su domicilio. Las secuelas físicas y psicológicas aún están ahí presentes, y ni siquiera el temor cada vez más presente a que el condenado a 18 años de prisión obtenga próximamente un primer permiso penitenciario y pueda localizarla ha sensibilizado al equipo de Javier Imbroda con este caso único en su departamento al que, por el momento, sigue sin dar una respuesta adecuada.

Carta abierta a Javier Imbroda

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“Sr. Imbroda:

Esta es la segunda que vez me dirijo a usted. En la primera carta, con fecha de entrega 5 de febrero de 2020, le solicitaba una entrevista personal para solucionar el problema que llevo arrastrando desde hace casi dos años: el limbo laboral e institucional en el que me encuentro como víctima de violencia de género que solo solicita un cambio de centro. Un cambio de centro que me corresponde por ley y cuyo procedimiento desconoce la totalidad de sus altos cargos en la Consejería de Educación y en la Delegación Territorial de Sevilla.

“Queréis comprar mi silencio con una comisión de servicios que me ofrecéis de manera fraudulenta para tapar vuestra ineptitud y desconocimiento de la ley”

Soy un minúsculo grano de arena en todo este engranaje institucional de leyes, normativa y altos cargos administrativos, que no va a parar hasta que no consiga lo que le corresponde por ley. Después de varias misivas; después de llevar casi dos años yendo de la Delegación a la Consejería, de la Consejería a la Delegación; después de pasearme por despachos de altos cargos de su institución (jefas de Servicio, Servicios de Inspección…), después de varias noticias en Diario16 y otros medios de comunicación, después de todo este calvario institucional, sigo esperando su respuesta.

No sé qué diablos os traéis entre manos, pero después de todo lo que llevo pasado no voy a desistir en mi intento de conseguir lo que es mío: mi derecho a la movilidad interadministrativa como empleada pública víctima de violencia de género.

Llevo más de dos semanas esperando una respuesta a la noticia que salió en Diario16 con fecha 27 de mayo. Habéis guardado silencio, esperando que me agotara, que desistiera, y tan solo he recibido una llamada telefónica de una tal Josefina Mintegui, jefa de sección de Secundaria, en la que me aseguró que “la comisión de servicios que usted ha solicitado es favorable”. ¡Yo no he solicitado ninguna comisión de servicio, señor Imbroda!

“Ustedes han desertado, han abandonado el barco, han traicionado el código moral (si lo tenéis, que lo dudo). ¡Señor Imbroda, suba a bordo, no sea cobarde, tenga la deferencia de dar la cara!”

¿Usted sabe los motivos por los cuales un funcionario docente solicita comisión de servicios? Se lo explico, aunque usted debería saberlo puesto que la Orden de 20 de febrero de 2020 por la que se regulan las comisiones de servicio del personal funcionario docente ¡está firmada por usted! Pero como ha tenido que solicitar ayuda en alguna rueda de prensa cuando le han preguntado algo y no sabía qué contestar, se lo recuerdo aquí. Las comisiones de servicio en atención a razones especiales del profesorado son las siguientes:

  • Por razones de enfermedad que impliquen gravedad.
  • Por razones de conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
  • Por razones de ocupación de un cargo electivo en las corporaciones locales.

Ninguno de estos tres supuestos es mi caso. Mi caso es algo excepcional, para el que existe una normativa específica que ustedes desconocen y que, por supuesto, no me voy a molestar en facilitársela. Preocúpese usted de buscarla, leerla y, sobre todo, aplicarla. Y de camino le dice usted a todas estas personas que le voy a citar aquí que también la lean y, a ser posible, que la apliquen. Vamos primero a la Consejería de Educación y Deporte, con Teresa Barrera (anterior jefa de Servicios de Secundaria), Pilar Maldonado (actual jefa de Servicios de Secundaria), Isabel Durán (desconozco qué cargo ocupa)… Más una serie de cargos cuyos nombres han quedado en el olvido después de tanto tiempo. Todos ellos no tenían ni idea de la normativa en estos casos.

Pasemos a la Delegación Territorial de Sevilla. En primer lugar con Manuela Jiménez de Cisneros (inspectora), que me mantuvo en vilo todo el verano pasado con toda la parafernalia burocrática habida y por haber para que mi hija, también víctima directa de violencia de género, pudiera seguir con sus estudios de Grado Superior en el centro solicitado (también tuve que pedir ayuda a los medios de comunicación y sólo entonces solucionaron el problema a la primera). Seguimos con Manuel del Pozo y Manuel Naranjo (inspectores), a los que también les solicité información y se les olvidó darme respuesta; Begoña Velilla (inspectora), que me prometió que no iba a tener que pasar por más calvario institucional y que tras el período de confinamiento me dejó en la estacada. Aún recuerdo sus ojos vidriosos cuando me decía, en una reunión personal que mantuve con ella, que había leído mi sentencia y que no había dejado de pensar en el sufrimiento que habíamos pasado mi hija y yo. También Helena Prieto, secretaria general de Educación, que conoce personalmente mi historia y que estaba directamente en contacto con Begoña Velilla. En un caso tan especial como este, lo mínimo que podría haber hecho esta señora es ponerse en contacto conmigo.

“Os pregunto: ¿Cuándo vais a “bajaros del burro”? ¿Cuándo pensáis poner en práctica todo lo que la ley dice? El silencio es una forma de maltrato psicológico”

Pero como usted habrá podido comprobar, señor Imbroda, la sensibilidad, empatía y profesionalidad brillan por su ausencia en su equipo. Luego bombardeáis a los centros educativos con maravillosos proyectos contra la violencia de género, con partidas de dinero incluidas que deberían ser empleadas en otros menesteres más urgentes, y usted y su organismo os colocáis la “medallita” de rigor.

Recuerdo también que los sindicatos están ahí para defender los derechos de los trabajadores. CSIF tenía pleno conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo. Existe un acuerdo firmado por Junta de Andalucía y organizaciones sindicales -CSIF, UGT y CCOO- en la Mesa General de Negociación Común de Personal Funcionario sobre protocolo de protección a las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Estos, también mutis por el foro.

Ojalá alguien lea esta carta y le conmueva de verdad y empatice con nosotras, las víctimas. Pero de verdad, no de “mentirijilla” como hacéis vosotros. No estaría mal que todo esto llegara a algunos organismos expresamente relacionados con la violencia de género: Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Dirección General de Violencia de Género… Ya me conocen.

Os pregunto: ¿Cuándo vais a “bajaros del burro? ¿Cuándo pensáis poner en práctica todo lo que la ley dice? El silencio es una forma de maltrato psicológico. Los maltratadores maltratan a sus víctimas sometiéndolas al más absoluto y completo silencio, creando en ellas un sentimiento de culpa, inseguridad y temor ante lo desconocido. Usted y la consejería que dirige han actuado con silencios, con “dimes y diretes”, con crueldad. Esos silencios son un claro reflejo de la inseguridad, inoperancia y cobardía del maltratador. El silencio es violencia. Es una violencia invisible que delata al maltratador. Casi dos años de silencio, de querer ignorar lo que es obvio. Ya no me voy a remitir a la legislación, ni a los decretos ni a nada que no sea el hecho de que me habéis hecho sentir como si no fuera nada, como si no existiera, porque no os interesa enfrentaros a vuestras debilidades, a vuestras inseguridades y a vuestra cobardía. Igual que el maltratador. Así me habéis hecho sentir durante todo este tiempo: yo la víctima, ustedes los maltratadores y verdugos. He vuelto a sentir esa frialdad emocional e indiferencia de nuevo.

“Señor Imbroda, la sensibilidad, empatía y profesionalidad brillan por su ausencia en su equipo. Luego bombardeáis a los centros educativos con maravillosos proyectos contra la violencia de género”

Me habéis maltratado en una situación tremendamente complicada para todo el mundo: después de casi dos años, tres meses de confinamiento, tres meses de espera, me salís con la “milonga” de una comisión de servicios. Queréis comprar mi silencio con una comisión de servicios que me ofrecéis de manera fraudulenta para tapar vuestra ineptitud y desconocimiento de la ley. Repito: no es ese el procedimiento. Mi procedimiento es excepcional y pido que se aplique la ley de forma correcta.

Todo esto me trae el recuerdo del famoso capitán Schettino. ¿Lo recuerda, señor Imbroda? “¡Suba a bordo, joder!”, le decían desde tierra cuando había abandonado el barco con todos sus tripulantes dentro. “Suba a bordo e informe de la situación. Abandonar el barco es más que desertar, es traicionar el Código Marítimo”. Ustedes han desertado, han abandonado el barco, han traicionado el código moral (si lo tenéis, que lo dudo). ¡Señor Imbroda, suba a bordo, no sea cobarde tenga la deferencia de dar la cara!”.

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