El consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, conoce personalmente el caso de esta profesora desde febrero y aún no le ha respondido.

Si todas las trabas burocráticas son como las que viene sufriendo desde hace más de un año una profesora sevillana de instituto a la que su marido intentó matar a puñaladas junto a su hija menor de edad en noviembre de 2013, algo sumamente grave está sucediendo en la Administración pública en su obligación legal de proteger y ofrecer una cobertura asistencial prioritaria a estas víctimas de la violencia machista. La Consejería de Educación ha adjudicado a otra candidata durante el estado de alarma la plaza que ella solicitó oficialmente para un traslado de centro alegando su condición especial de víctima de violencia de género.

Varios responsables de la Delegación de Educación de Sevilla se comprometieron personalmente a resolver este traslado, después de que Diario16 adelantara el pasado marzo la odisea sin resultados de esta docente, que prefiere preservar su identidad por motivos evidentes (su ex marido cumple desde 2015 una pena de 18 años y nueve meses de prisión por tentativa de homicidio y orden de alejamiento sobre sus víctimas de 15 y 20 años, respectivamente). Estuvo prácticamente un año sin que la Junta le resolviera el problema pese a los protocolos existentes en el tratamiento especializado y personalizado a estas víctimas.

Su ex marido, que cumple una condena de 18 años de prisión, la intentó matar en 2013 a puñaladas a ella y a su hija entonces menor

La legislación vigente al respecto es amplia y la docente ya la incluyó en su totalidad en la primera solicitud registrada en la Consejería de Educación cuando comenzó su odisea aún no resuelta. La Ley Orgánica 1/2004 del 28 de noviembre, en su capítulo III incluye el decreto de las funcionarias públicas. Tres años después, también se incluye en el Estatuto básico del Empleado Público (EBEP), aprobado por la ley 7/2007 de 12 de abril, en sus artículos 49, 82 y 89. También el artículo 82 del Real Decreto legislativo 5/2015 de 30 de octubre aborda la “Movilidad por razón de violencia de género”. Dentro del ámbito autonómico, se recoge en el Acuerdo de 6 de marzo de 2018 del Consejo de Gobierno el Protocolo de la Administración de la Junta de Andalucía para la protección de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.

Incluso el propio consejero de Educación, Javier Imbroda, tenía constancia de su problema, ya que la afectada le envió una carta personal con registro de entrada de 5 de febrero en la Consejería de Educación. No ha recibido hasta el momento respuesta alguna.

En marzo de 2019, esta mujer, que continúa en tratamiento psicológico junto a su hija por las secuelas que les generó el intento de asesinato de su ex pareja, comenzó los trámites para un traslado de centro. Cuando acudió hace un año a la Delegación de Educación de Sevilla para informarse sobre el procedimiento a seguir nadie sabía cómo actuar al respecto con un caso así de una víctima directa de violencia de género. Dos inspectores de Educación del centro donde ella trabaja, Manuel del Pozo y Manuel Naranjo, se desentendieron completamente del tema. Incluso a pesar de tener compañeros de trabajo del sindicato CSIF que tenían pleno conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo, “no movieron ni un dedo”, lamenta a este diario. Precisamente en esta información se incluye el acuerdo firmado por Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales (CSIF, UGT y CCOO) en Mesa General de Negociación Común de Personal Funcionario.

Protocolo de protección a las empleadas públicas de la Junta de Andalucía víctimas de violencia de género.

Los muros que siguió sorteando esta víctima de violencia machista no acabaron aquí. Después de acudir a los sindicatos de forma infructuosa, en julio se entrevistó con Teresa Barrera, entonces jefa de Servicios de Gestión de Personal Docente de Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial de la Consejería de Educación. Esta funcionaria le reconoció sin rodeos que desconocía la normativa vigente sobre estos casos particulares y le aconsejó en primer lugar que solicitara una “comisión de servicios sobrevenida”. En la siguiente reunión le dijo que esperara a la nueva colocación de efectivos y que en mayo próximo volviera a hablar con ella.

El pasado noviembre recibió otra llamada de la ya cesada alto cargo de Educación para preguntarle si había participado en el concurso de traslados que se acababa de abrir, ya que es el procedimiento habitual entre profesores para solicitar un cambio de centro, pese a saber que su caso es especial y prioritario. Habían transcurrido seis meses desde que la alto cargo de Educación era conocedora de su situación especial como víctima de violencia de género y de toda la legislación vigente al respecto que le facilitó la propia profesora. Pese a todo, la jefa de Servicios seguía insistiendo en que la solicitante siguiera el procedimiento habitual de cualquier otro candidato, un evidente ejemplo de revictimización de las víctimas de violencia de género.

“No soy una pobre diabla, que es como me ha tratado la Administración”

Cuando Diario16 dio a conocer su situación a comienzos del pasado marzo, poco antes de decretarse el estado de alarma, la Delegación de Educación en Sevilla, a través del Servicio de Inspección, se puso en contacto con ella. En concreto, Begoña Velilla se personó en su centro educativo para tomar nota de lo sucedido y elaborar un informe del que no sabe ni dónde está ni dónde llegó. Según la afectada, esta inspectora se  comprometió en todo momento a hacer un “seguimiento exhaustivo” de todo el procedimiento. Ella misma fue la que entregó en el Registro su solicitud y en ningún momento le habló “nada” de concurso de traslados. Ella estaba en contacto directo con Helena Prieto, la secretaria general de Educación en Sevilla, que acababa de ocupar este cargo y, por eso, la estaban sustituyendo Begoña Velilla y Luis D. Rodríguez González, jefe de Servicios de Recursos Humanos. Además, en esos momentos contactó con la víctima de violencia de género la jefa de Servicios de la Consejería de Educación, Pilar Maldonado, sustituta de Teresa Barrera.

Pavor a ser localizada por el hombre que intentó matarla

La solicitud de traslado de centro educativo de esta funcionaria tiene un motivo claro: como víctima de violencia de género que es, teme que su ex marido pueda localizarla cuando obtenga un permiso penitenciario pese a la contundente condena que cumple en prisión en la actualidad por tentativa de homicidio sobre ella y la hija de ambos, entonces menor de edad.

El rosario de altos cargos de Educación que han seguido ‘asesorando’ a esta mujer ha continuado después de los primeros intentos para cambiar de instituto. La secretaria General de Educación en Sevilla, Helena Prieto, el jefe de Servicio de Recursos Humanos, Luis D. Rodríguez, y finalmente la inspectora Begoña Velilla se ofrecieron rápidamente a tramitar su reclamación tras la información aparecida en este diario.

El resultado final ha sido demoledor, ya que la docente ha constatado que la plaza solicitada ha sido adjudicada a otra persona. Fuentes de la Consejería de Educación han asegurado a Diario16 que “la plaza sobre la que mostró interés estaba ya comprometida en el concurso de traslado, en el que ella no participó. Si hubiese participado hubiese tenido preferencia absoluta, como así se le informó”.

Preferencia absoluta puesta en duda

La afectada niega rotundamente esta versión y asegura que, según la ley, ella no debe participar en ningún concurso de traslado porque su vía es excepcional y sólo debía presentar una solicitud de movilidad por violencia de género, que es lo que ha hecho. Incluso le facilitó la labor a la propia Consejería de Educación al indicarle la vacante que le interesaba para su traslado, por lo que tenía preferencia absoluta sobre todos aquellos que concursaban en el procedimiento habitual de concurso de traslados. “No puedo participar en la próxima adjudicación de destinos provisionales si no he participado en el concurso de traslados. Ellos mismos se contradicen. Esos destinos provisionales se solicitan para aquellos que no han obtenido la plaza en el concurso de traslados. Y por conciliación familiar, enfermedad, cargo público, etc. se les adjudica un destino provisional y también ahí entrarían los interinos. Y volvemos a lo mismo ¿dónde dice que yo estoy obligada a participar?”, se pregunta la afectada.

“Las mujeres víctimas de violencia de género no somos escoria, que es como yo me he sentido tratada por los organismos públicos”

A este respecto, no solo existe un protocolo especial para estos casos sino también una comisión de seguimiento del protocolo. Esta funcionaria asegura que nadie se ha puesto en contacto con ella ni le han ofrecido ninguna vacante. “¿Por qué los cargos de la Consejería de Educación que se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que estaba todo solucionado y no había ningún problema no me facilitaron antes esta información que ahora aportan como excusa?”, se pregunta.

Es más. A pesar del estado de alarma, mantuvo una conversación telefónica con la inspectora Begoña Velilla a mediados de abril y le volvió a confirmar que todo iba según lo previsto y que precisamente esa misma mañana había estado hablando con Helena Prieto sobre su tema, algo que se contradice por completo con la versión oficial dada ahora por la Consejería de Educación.

Desde el departamento que dirige Javier Imbroda no se le ha informado de nada en todo el proceso y ni siquiera le han comunicado las vacantes disponibles para poder tramitar su traslado. Ha tenido que ser ella con sus propios medios la que ha obtenido el listado de las plazas disponibles y la que ha comunicado la plaza que le interesaba. Esta plaza en cuestión no está comprometida hasta que no se adjudica definitivamente. En caso de que hubiera sido adjudicada provisionalmente, en ese intermedio la plaza no estaba aún “comprometida” como argumenta la Consejería de Educación para no otorgarle la vacante solicitada.

Educación asegura que esta víctima de violencia machista “quería una reserva a futuro (septiembre) de una plaza que formaba parte del concurso de traslado en la que no participaba”, algo que ella niega rotundamente ya que viene reclamando el traslado desde comienzos de 2019. La Consejería de Educación la invita ahora a participar ya en la próxima adjudicación de destinos provisionales, donde tendrá “preferencia”. En este sentido, Educación ‘olvida’ que esta mujer lleva más de un año reclamando el traslado por motivos de seguridad y nadie ha sabido atenderla adecuadamente.

Educación la invita al “próximo” concurso de traslado

“Puede participar en la adjudicación de destinos provisionales próxima y tendrá preferencia. Si lo prefiere, podría participar también en el próximo concurso de traslados, donde también seguirá teniendo preferencia como las demás profesoras en sus mismas circunstancias. La adjudicación del verano le da derecho a un destino provisional para el año próximo. Todo ello sin que, de considerarlo necesario, pueda pedir movilidad en cualquier momento y tendrá preferencia sobre cualquier vacante que exista en ese momento”, apuntan desde Educación.

Esta funcionaria no puede reclamar un destino provisional por la sencilla razón de que no es interina y, por tanto, solo puede ocupar una plaza “definitiva”, ya que no puede acceder a una plaza inferior a su rango. Además, el ofrecimiento de la Administración andaluza se le hace para el próximo año, conociendo el riesgo extremo al que se enfrenta esta víctima de violencia machista si mantiene la plaza donde está en la actualidad. “¿Espero a que el hombre que nos intentó matar a mí y a mi hija salga de la cárcel y me localice para pedir el traslado?”, le pregunta a los máximos responsables de la Consejería de Educación.

Continuo desgaste físico y emocional

La profesora sufre un continuo desgaste físico y emocional desde que su ex pareja la intentó matar y también tras su ingreso en prisión. Además, lamenta la “continua exposición pública” a la que se están viendo sometidas tanto ella como su hija, reconoce a Diario16. “Cada vez que salimos en prensa exponiendo la ineptitud y la crueldad de estos organismos, le estamos dando pistas al enemigo”, añade.

No es la primera vez que esta familia se expone en este sentido, ya que también su hija fue excluida de los estudios de grado superior de formación profesional que deseaba cursar pese a su condición de víctima de violencia de género. Tanto madre como hija sufren el constante temor a que su agresor se beneficie más pronto que tarde de algún permiso penitenciario y pueda intentar localizarlas.

También lamenta cómo se está vulnerando continuamente la protección y confidencialidad de los datos personales tanto de ella como de su hija, legalmente protegidos en teoría. En la propia Consejería de Educación le comentaron que el programa informático no lo tienen aún actualizado, y en el caso de alumnos víctimas de violencia de género lo hace manualmente el director del centro. A día de hoy no tiene constancia de la existencia de algún documento oficial que certifique que tanto sus datos como los de su hija están correctamente protegidos.

Además, esta docente siente que la Administración la ha mirado como “una pobre diabla a la que se le pueda tratar con la punta del pie”. Después de esta nueva experiencia traumática, esta vez con la Administración educativa como protagonista, denuncia que “las mujeres víctimas de violencia de género no somos escoria, que es como yo me he sentido tratada por los organismos públicos”. Y añade: “Somos mujeres valientes y luchadoras que hemos vivido situaciones extremas. Somos mujeres. Da igual nuestra condición social, nuestra formación cultural, nuestra profesión. Somos amas de casa, cocineras, abogadas, limpiadoras, profesoras… Somos mujeres y, curiosamente en todo este periplo, quienes han demostrado menos sensibilidad y empatía con mi historia han sido mujeres”. Y las cita a todas y cada una de ellas: Teresa Barrera, Begoña Velilla, Pilar Maldonado, Helena Prieto…

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