La sensibilidad especial que cualquier institución pública debe tener con las víctimas de violencia de género vuelve a quedar en entredicho con la historia de una profesora de instituto sevillana que solicitó hace un año a la Consejería de Educación un traslado de centro y a día de hoy nadie le ha dado una respuesta a su solicitud, ni tan siquiera el propio consejero Javier Imbroda (Ciudadanos), al que esta mujer dirigió una carta personal el pasado 5 de febrero, hace ya un mes, contándole todos los pormenores de su caso, de necesidad prioritaria dada su situación y con el objetivo de evitar la revictimización como contempla la ley vigente. De momento, la callada por respuesta.

Varias directivas estatales y autonómicas otorgan este derecho prioritario a todas las funcionarias víctimas de violencia de género que así lo reclamen

Cuando esta profesora acudió hace un año a la Delegación de Educación de Sevilla para informarse sobre el procedimiento a seguir nadie sabía cómo actuar al respecto con un caso así de una víctima directa de violencia de género. Dos inspectores del centro donde ella trabaja, Manuel del Pozo y Manuel Naranjo, se desentendieron completamente del tema. Los muros que siguió sorteando esta mujer no acabaron aquí. También acudió a los sindicatos, que tampoco supieron darle respuesta alguna.

Posteriormente, en el mes de julio pasado, se entrevistó con Teresa Barrera, entonces jefa de Servicios de Gestión de Personal Docente de Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial de la Consejería de Educación. Esta funcionaria admitió sin tapujos a esta docente víctima de violencia de género que desconocía la normativa vigente sobre estos casos particulares y le aconsejó en primer lugar que solicitara una “comisión de servicios sobrevenida”. En la siguiente reunión le dijo que esperara a la nueva colocación de efectivos y que en mayo próximo volviera a hablar con ella.

La odisea de esta docente continuó por los pasillos de la Consejería de Educación andaluza. Ya en noviembre pasado vuelve a recibir una llamada de la ya cesada alto cargo de Educación en la que le pregunta si ha participado en el Concurso de Traslados que se acababa de abrir, ya que es el procedimiento habitual entre profesores para solicitar un cambio de centro. Habían transcurrido seis meses desde que la alto cargo de Educación era conocedora de su situación especial como víctima de violencia de género y de toda la legislación vigente al respecto que le facilitó la propia profesora. Pese a todo, la jefa de Servicios seguía insistiendo en que la solicitante siguiera el procedimiento habitual de cualquier otro candidato, un claro caso de revictimización de las víctimas de violencia de género.

Tanto el BOE como el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) contemplan disposiciones para la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. El BOJA de 9 de marzo de 2018 recoge una disposición de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en la que se recogen las medidas relativas a la movilidad de funcionarias y funcionarios por razón de violencia de género.

En este sentido, resulta paradójico que la actual Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar firmó una resolución el pasado octubre para regular las medidas y actuaciones para la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo. Precisamente, es la misma Consejería de Educación la que mantiene a una profesora víctima de violencia de género en el limbo administrativo durante todo un año, sufriendo de este modo una revictimización que es precisamente lo que se pretende evitar con estas normas legales dirigidas a la protección de estas víctimas de la violencia machista.

A todo esto se suma que los datos personales de esta docente y los de su hija, también reconocida como víctima de violencia machista, circulan sin protección de ningún tipo entre los funcionarios de la Consejería de Educación, pese a la estricta protección legal que deben tener.

Imbroda no responde

Un año después de su primer intento administrativo, esta profesora sigue sin poder hacer valer su condición de víctima directa de violencia de género para poder ejercer como profesora de instituto en otro centro educativo. Además, un mes después de que el propio consejero de Educación recibiera toda la información al respecto de forma personal, a través de una carta con fecha de entrada en la Consejería de Educación del 5 de febrero, esta mujer sigue esperando y recibiendo la callada como única respuesta desde la Consejería de Educación.

En noviembre de 2013, la docente y su hija menor de edad entonces, sobrevivieron a las puñaladas que su ex marido y padre de su hija les propinó a ambos en su vivienda. La Sala de lo Penal número 4 de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó en diciembre de 2015 al agresor a una pena de 18 años y nueve meses de prisión y orden de alejamiento sobre sus víctimas de 15 y 20 años, respectivamente.

La condena que el agresor cumple en la actualidad en prisión es por un delito de intento de asesinato sobre su esposa y otro de intento de homicidio sobre su hija, aunque el tribunal absolvió al acusado de los dos delitos de maltrato habitual que también había solicitado la acusación particular.

Tanto la joven como su madre siguen desde los hechos hasta la actualidad en tratamiento psicológico por las secuelas que este caso de violencia de género les causó. El departamento que dirige Imbroda ya protagonizó en julio del pasado año otro acto de insensibilidad con esta familia víctima de violencia de género al dejar a la hija de esta profesora sin la plaza académica solicitada y sin ofrecerle ningún tipo de solución al respecto pese ser también víctima directa de violencia de género.

Educación dice que solo solicitó “información”

A través de un comunicado, la Consejería de Educación asegura que esta profesora víctima de violencia machista no ha solicitado en ningún momento un cambio de centro sino sólo “información” sobre el procedimiento de traslado, bien para el curso 2019-2020 o para el 2020-2021, “con distintas hipótesis, que en el caso de una profesora víctima de violencia de género es automático”.

Además, Educación niega que la profesora lleve un año esperando el cambio de centro sino que el registro de escrito en la Delegación de Educación es de septiembre, hace cinco meses. Del mismo modo, admite que el pasado 5 de febrero “registró en la Consejería de Educación una solicitud de entrevista con el consejero Javier Imbroda”.

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