Banco Popular: querella criminal contra Luis de Guindos por estafa, defraudación y prevaricación

Diario16 ha tenido acceso a una querella presentada en los Juzgados de Madrid en los últimos días contra Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), José María Marín Quemada, expresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Tomás Burgo Gallego, exsecretario de Estado de Seguridad Social, Juan Bravo Rivera, expresidente de ADIF, Jaime Echegoyen Enríquez de la Orden, presidente de la SAREB, Ana Isabel Solorzano Hernández, exsecretaria general de Hacienda de la Comunidad  Autónoma de Canarias, Gerardo Pisarello, exteniente de alcalde de Barcelona y Engracia Hidalgo, exconsejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la comisión de los presuntos delitos de infidelidad la custodia de documentos y violación de secretos, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, delitos relativos al mercado y a los consumidores, sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural, defraudación y estafa, tráfico de influencias y prevaricación. Todos estos presuntos delitos están relacionados con la supuesta utilización de información privilegiada a la hora de retirar depósitos que provocó la crisis de liquidez que llevó a Banco Popular a la resolución.

Según se indica en la querella, que centra su plano de actuación en la solvencia demostrada del Popular y en la crisis de liquidez que lo llevó a la resolución, la propia Elke König, presidenta de la JUR, afirmó que «hasta cierto punto, la banca es un negocio en el que los clientes y otras terceras partes implicadas deciden si creen en una entidad o no. Así pueden retirar fondos y secar toda la liquidez haciéndolo caer inmediatamente». Eso fue lo que ocurrió con el Banco Popular, que una retirada masiva de depósitos lo hizo caer y es la única causa de resolución.

«Lo que ocurrió en los días anteriores al 7 de junio de 2017 fue que se produjo una retirada masiva de depósitos de la entidad, como consecuencia de la información que de forma privilegiada circuló en determinados círculos y que significó la retirada de 5.742 millones de euros los días 1, 2 y 5 de junio (según consta en la página 234 del informe pericial del Banco de España), lo que provocó una súbita falta de liquidez. Dicha retirada de depósitos se produjo en gran medida por parte de entidades públicas que disponían de dicha información privilegiada», afirma la querella.

Esa retirada masiva de depósitos llegó a provocar que la presidenta de la Junta de Supervisión del BCE, Daniele Nouy, afirmara ante el Parlamento Europeo que «ciertamente hay margen para que la justicia española investigue esos movimientos (retiradas de efectivo de ayuntamientos y CCAA) para ver si información privilegiada ha ayudado a ciertas personas a intentar protegerse mejor que los pequeños depositantes».

Las retiradas de liquidez por parte de organismos públicos más importantes fueron:

Sorprende sobre todo la retirada de 1.000 millones de euros realizada por la CNMC, organismo independiente pero adscrito al Ministerio de Economía de Luis de Guindos, y cuyo órgano decisorio, el consejo, está formado por 10 miembros sugeridos por su gabinete entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en sus ámbitos de actuación, designados por seis años no renovables con objeto de evitar la injerencia política. «Gente preparada que sabe bien la dinámica de la mayoría de los mercados y, por supuesto, del financiero. Expertos a los que no se les escapan las consecuencias de una decisión como esa que, tal vez, debiera haber sido sometida a su consideración. En efecto, en una decisión sorprendente por las implicaciones a corto y medio plazo que podría tener, la CNMC retiró de golpe toda su tesorería del Popular 1.000 millones de euros, transfiriéndola a otras entidades en el mes de junio de 2017. Es evidente que esta acción, por sí sola, no supuso la caída del Popular, pero formó parte del desencadenante. Así, Europa decidió intervenir a la vista de lo que había sucedido con los depósitos de los clientes del Popular entre el viernes 2 de junio y el martes 6 de junio y lo que se preveía para el miércoles 7 de junio de 2017. Una actuación de este tipo pudiera estar legitimada si se tratara de una empresa privada, pero en el caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es más que cuestionable no sólo por ser una institución pública, sino, sobre todo, porque su consecuencia final no fue garantizar la libre competencia entre entidades financieras sino eliminarla», afirma la querella.

Según se indica en el informe de los peritos del Banco de España «las salidas de depósitos de abril a junio habían sido superiores a los 16.000 M€, concentrados en aquellos depósitos no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos y que son los que la normativa de resolución considera aptos para asumir pérdidas. En los 5 primeros días de junio las salidas de depósitos eran de más de 5.700 M€. Este volumen de salidas de depósitos y en tan escaso tiempo hace que, para una entidad del tamaño del Banco Popular, sea prácticamente imposible cumplir con sus obligaciones con sus propios medios».

En consecuencia, las salidas de depósitos durante el mes de junio de 2017 fueron de 7.040 millones de euros, de los cuales las instituciones que dirigían las personas contra las que se dirige la querella retiraron 4.093 millones, es decir, un 58%.  Sin embargo, el porcentaje total de retirada de depósitos por parte de instituciones públicas es mayor, pues muchas de ellas retiraron fondos por importes menores de 100 millones de euros.

Además, con la ELA, el Estado en su conjunto sólo prestó a Banco Popular el 54% del dinero que le retiró y, en consecuencia, ayudó a colapsar su liquidez. Además, las administraciones públicas, a 31 de marzo de 2017, debían 4.702 millones de euros a Banco Popular en créditos y los activos fiscales eran de 5.198 millones, según consta en el informe de resultados del primer trimestre de 2017. Todo ello representa una deuda neta de 9.900 millones de euros que las administraciones públicas debían al Popular.

«La retirada de 1.000 millones de euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, en definitiva toda su tesorería, en aquellos momentos, junio de 2017, no podía ser debida más que a información que tuviera su cúpula. Información privilegiada evidentemente porque no la tenían otros depositarios ni disponían de ella los 305.000 tenedores de acciones y bonos que vieron reducidos sus ahorros de toda una vida a 0 euros. ¿O se va a mantener que la retirada de los 1.000 millones de euros se produjo en el momento en que se hizo, por casualidad? Y, ¿quién podía informar a la cúpula de la CNMC de la inminencia de la resolución de Popular y de su venta al Santander por un euro? Evidentemente, el ministro Luís de Guindos ya que, como se ha dicho, la CNMC estaba dirigida por el ministro y los 10 consejeros eran sugeridos por el mismo Ministerio. Y no sólo eso, sino que la información privilegiada se trasladó a otras entidades públicas que se apresuraron, merced a dicha información, también a transferir su tesorería del Popular a otras entidades. ¿Qué se pretendía con ello?», se señala en la querella.

Por otro lado, la propia querella señala a las personas contra las que se dirige «hicieron uso de dicha información privilegiada y retiraron los fondos que tenían depositados en el Banco Popular provocando la falta de liquidez del mismo y, en consecuencia, la resolución de dicha entidad bancaria y su venta al Banco Santander por un euro, con el evidente perjuicio para […] accionistas del Banco Popular, y que vieron reducido a cero euros el valor de sus acciones. El montante de la defraudación que se cometió con ello es fácil de contabilizar. Como ya se ha dicho, los fondos propios de Banco Popular a 31 de marzo de 2017 eran de 11.364 millones de euros, y su patrimonio neto era de 11.087 millones de euros (página 8 del informe del primer trimestre de 2017). Por otro lado, en la resolución de Banco Popular se amortizaron bonos por un importe de 2.030 millones de euros. En total, representa una aportación neta de 13.394 millones de euros al capital de Banco Santander».