Ayuso quiso hacer memorable el último día del hospital provisional de Ifema, por supuesto, siendo ella la protagonista indiscutible de una jornada que quiso convertir en festiva y donde se le fue la mano por invitar a mucha más gente de la que Sanidad y el confinamiento permiten desde que ese aprobara el estado alarma. Ahora, Ayuso se enfrenta a una investigación por saltarse las normas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Natividad Díaz Ayuso pretende liderar el regreso a las aulas en una de las comunidades más afectadas, al menos quince días antes de que finalice el curso escolar.
Una iniciativa que ya barajo la ministra de Educación hace más de un mes, pero que finalmente desechó. El presidente del Gobierno en rueda de prensa el pasado martes, tras el Consejo de Ministros, ya rechazó está posibilidad; “Con criterio general el curso académico será en septiembre», ha aseguró
La secretaria de Enseñanza de la Federación de empleados de servicios públicos de UGT, Teresa Jusdado, ha afirmado a Diario16, que han solicitado a la Consejería de Educación que reúna a la Mesa sectorial educativa para poder planificar la vuelta a las aulas, “no quince días, si no el próximo curso”.
Para Jusdado la propuesta de la presidenta madrileña no se sostiene, “necesitaría duplicar los recursos educativos, como son los espacios físicos. No es otra cosa que postureo para sacarse la foto, como ya hizo en Ifema”.
Isabel natividad Díaz Ayuso, planteó la propuesta al Gobierno central, durante la octava videoconferencia de presidentes autonómicos, celebrada este domingo con el presidente del Gobierno.
“Tenemos que intentar que los alumnos vuelvan a clase antes de terminar el curso, siendo flexibles y sensibles con la situación de la tercera evaluación”, ha indicado la presidenta madrileña, poniendo especial hincapié en la necesidad de abordar este asunto para los alumnos más mayores, de ESO y Bachillerato
Por su parte Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO ha manifestado su perplejidad y su oposición a la propuesta de desescalada y de “nueva normalidad” para el sector educativo.
“No se trata de que se abran los centros sin garantías para que los escolares tengan un lugar donde pasar el rato mientras sus progenitores trabajan –afirma Isabel Galvín. La escuela debe garantizar el derecho a la educación; no debe ser un instrumento para la conciliación”.
