Protesta de los alumnos del IES José de Churriguera de Leganés por el 8 M.

UGT ha solicitado a la Consejería de Educación y Juventud que remita a los centros educativos un protocolo claro de actuación contra las solicitudes de pin parental.

La Federación de Enseñanza del sindicato en Madrid, denuncia que la organización ultracatólica y de extrema derecha Hazte Oír, (los mismos de los autobuses de la muertes que recorrieron algunas ciudades españolas en 2019), se concentraron frente al IES José de Churriguera de Leganés, para tratar de impedir la proyección de un corto amparándose en las supuestas denuncias de cinco madres, que el centro, sin embargo, niega.

Junto a la protesta de la organización hermana del partido de ultraderecha VOX, “Hazte Oír”, esta remitió un burofax para impedir que varios alumnos asistieran a la proyección de un corto en horario lectivo y dentro de la programación, sin que la dirección del centro pudiera contactar con la Dirección de Área Territorial Madrid Sur y que provocó que la directora decidiera “sacar a los alumnos afectados de la clase, en previsión de consecuencias que no podía determinar en ese momento”, han señalado.

Detrás de la exigencia de la organización para la cancelación de la actividad estarían las supuestas protestas de cinco madres. En su texto de denuncia, “detallan su intención fallida de implantar el ‘pin parental’ en el José de Churriguera”, para que los menores pudieran ausentarse de lo que han llamado como “taller de adoctrinamiento obligatorio”.

Sobre el contenido de la grabación, la organización de extrema derecha, que está emparentada con grupos ultracatólicos norteamericanos, dentro de la plataforma CitizenGO o El Yunke, mantiene que divulga “meterse en cuestiones morales sobre las que tú tienes tu propio criterio”.

Teresa Jusdado, secretaria del Sector de Enseñanza de FeSP UGT Madrid, señala “la necesidad de que la administración tome medidas para impedir que se pueda ejercer el veto parental, como de hecho ha sucedido en este caso”, y lo considera “lamentable”.

La dirección del instituto ha negado la existencia de quejas de las madres o padres. Han dejado el caso en manos de los inspectores de la Comunidad de Madrid antes de pronunciarse públicamente. Además, afirman que “las mentiras del colectivo ultraconservador están haciendo mucho daño al centro y esperan que se esclarezca su caso cuanto antes”.

El coronavirus ha frenado en seco este tipo de protestas, pero solo por quince días, a la vuelta, esta organización misógina de extrema derecha y ultraconservadora volverá a sacar su artillería para que el Gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid, del PP y Ciudadanos, dé su brazo a torcer, aprobando el veto parental, para salvar su debilidad y con los votos de la formación de ultraderecha, aprobar los presupuestos.

En muchas localidades de la comunidad de Madrid, Hazte Oír ha difundido su mensaje en forma de publicidad en las marquesinas de autobuses. En ambos casos, los ciudadanos han mostrado su rechazo a las propuestas mediante reproches dialécticos y pintadas.

La secretaria del Sector de Enseñanza de FeSP UGT Madrid exige que a la Consejería de ecuación, “tomar decisiones al respecto y dar órdenes expresas a los centros educativos para poder actuar contra este tipo de actuaciones que vulneran los derechos del alumnado a una educación integral y transgrede los principios constitucionales y los Acuerdos Internacionales sobre Derechos Humanos firmados por el Estado, protegiendo a quienes han de tomar las decisiones finales ante la presentación del conocido como ‘pin parental’”.

A juicio de UGT no se puede dejar a las direcciones de los centros sin las herramientas jurídicas necesarias para impedir el ejercicio del veto parental. “No se puede aceptar que cualquier familia niegue a su hijo o hija la asistencia a una clase por la etnia, religión o inclinación sexual del docente, que quiera la separación por etnias en diferentes aulas o se niegue a que estudien la II República por diferencias ideológicas con el planteamiento que de la misma se hace en el currículo, por ejemplo”, ha denunciado Jusdado.

Teresa Jusdado, secretaria del Sector de Enseñanza de FeSP UGT Madrid exige a la Consejería que “dote de protocolos de actuación a los centros educativos para que puedan actuar y estén cubiertos jurídicamente ante el ejercicio del veto parental en defensa de los equipos directivos, el profesorado y el alumnado. No hacerlo pone a la comunidad educativa en situación de riesgo y consideramos que se podría tratar de una dejación de funciones. Asimismo, creemos que el veto parental puede crear situaciones de conflicto dentro de los centros educativos, por ello es importante y urgente tomar medidas legales y homogéneas que garanticen la seguridad jurídica de todos los afectados”.

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