UGT y Confedetel piden al Gobierno eliminar las reducciones a las pensiones de más de 40 años de cotización

La Unión de Jubilados y Pensionistas del sindicato (UJP-UGT) y la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Prejubilados y Jubilados de Telefónica (CONFEDETEL), piden al Gobierno eliminar las reducciones a las pensiones de más de 40 años de cotización. Ambas organizaciones reclaman una modificación de la ley para la actualización de las pensiones de jubilación de los afectados por ERE’s y despidos masivos.

En un comunicado conjunto señalan que “a partir de mitad de los 90, Telefónica y otras muchas empresas con importantes beneficios en su cuenta de resultados, pusieron en marcha ajustes de plantilla con el fin de hacer frente, según su versión, a la liberalización de los distintos sectores, que un nuevo marco competencial establecía”. 

La secretaria de Empleo, Políticas Sociales y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, trasladó a Escrivá, la necesidad de no aplicar coeficientes reductores en las pensiones de las personas con largas carreras de cotización, en una reunión de UJP-UGT y CONFEDETEL, con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En la reunión, Mari Carmen Barrera trasladó al Gobierno, como ya hiciera el pasado mes de julio a la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, la exigencia de “que las carreras de cotización por encima de los 40 años generen una pensión digna y sin recortes”.

La reducción de empleo se tradujo en reestructuraciones de plantilla, mediante numerosos despidos colectivos con extinción de contratos por “causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”. Consecuencia de ello fueron decenas de miles de trabajadores afectados que se jubilaron o se jubilarán de forma anticipada con coeficientes reductores injustos. Estos son impuestos a trabajadores con largas carreras de cotización, procedentes de dichos despidos colectivos y sucesivos Expedientes de Regulación de Empleo, “ERE´s”, siempre a iniciativas de las empresas de sectores como la naval, la siderúrgica, la banca, etc.

Estos trabajadores pasaban a situación de prejubilados con una edad que iba desde los 52 a los 61 años, obligados a extinguir su relación contractual con la empresa, sin expectativas de ingresar de nuevo en la vida laboral activa, y quedando a la espera de percibir una pensión de jubilación a la edad reglamentaria. 

Esta penalización fue del 8% por cada año adelantado, para aquellos mutualistas que se tuvieron que jubilar con 60 años de edad y una reducción total de su pensión de un 40% sin que se tuvieran en cuenta sus largas carreras de cotización, mientras que varía entre un 7,5% y un 6% anual para los que fueron despedidos por ERE’s, según sea su cotización acreditada menor de 38,5 años o mayor de 44,5 años.  

CONFEDETEL, junto con la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT defienden que se tenga en cuenta “que son trabajadores que en la mayoría de los casos han cotizado más de 40 años, por lo que estamos hablando de una gran injusticia”.  

Ante esta injusticia, “piden que se realicen las modificaciones necesarias en la  Ley de la Seguridad Social con el fin de que a todos los trabajadores ya jubilados  anticipadamente, procedentes de despidos colectivos por ERE’s, despidos  involuntarios masivos a iniciativa e instancias de las empresas, y no por voluntad ni  libre demanda de los afectados, y que ya han cumplido 65 años con cotizaciones  iguales o superiores a 40 años, se le actualice la pensión sin coeficientes  reductores, y se contemple una reducción progresiva de los mismos cuando  los años cotizados sean entre 35 y 40 años”. 

Ambas organizaciones quieren subrayar que en ningún caso piden “la retroactividad de atrasos”. Lo que sí exigen “es que se actualice la nueva pensión de jubilación de los afectados a partir de la promulgación de la modificación de la normativa”. Será un acto de justicia largamente reclamado.

Por último, piden también “la eliminación definitiva de la limitación temporal para el acceso a la jubilación involuntaria de la Cláusula de Salvaguarda, referida en la Disposición Transitoria 4ª, punto 5 de la Ley General de la Seguridad Social, para  los trabajadores despedidos por Expedientes de Regulación de Empleo o acuerdos  colectivos aprobados antes del 1 de abril de 2013. Pues a dicha Cláusula de Salvaguarda, contemplada en la ley 27/2011, se le puso fecha de caducidad 31/12/2018 por RDL 05/2013 de 15 de marzo, y que tras dos prórrogas anuales sucesivas por el gobierno actual sigue estando dicho límite en el 1 de enero de 2021”, señalan ambas organizaciones.