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Se acumulan las denuncias para el presidente del PP en Castilla y León

Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca, sigue recibiendo denuncias por diferentes casos de corrupción y prevaricación, siendo el último el cierre de un ático para un amigo íntimo

Jorge Martín
Jorge Martín
Graduado en periodismo y con un Máster en Locución. Creador y escritor de Rebobinando el cine. Cinéfilo y fotógrafo.
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análisis

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A la última denuncia admitida por la Fiscalía, se suman las acusaciones por prevaricación contra Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca y presidente del PP en Castilla y León. Ganemos Salamanca ha denunciado que Mañueco les está impidiendo “de forma deliberada” acceder a un expediente de cierre de un ático en la ciudad, que fue propiedad de un amigo íntimo del alcalde.

Un amigo íntimo del alcalde, Manuel Borrego, que parece competir con el propio Mañueco en denuncias y casos abiertos. Alto funcionario de la Diputación, el ex director del Área de Fomento de Salamanca ha sido investigado en los Juzgados por las adjudicaciones de contratas a cinco empresas por valor de 12 millones de euros desde el año 2007. Está además a la espera de la posible apertura de juicio oral, por “pagarse con hasta 7.000 euros comidas, cenas, copas y viajes a Madrid con dinero de caja de la corporación provincial”, tal y como denuncia el concejal de la formación granate Gabriel de la Mora.

Según Ganemos Salamanca, han solicitado en diversas ocasiones poder acceder al expediente de cierre del ático entregado a Manuel Borrego, sin éxito. Y avisa De la Mora al alcalde de Salamanca: “Si no nos entrega el expediente, acudiremos al Juzgado de forma inmediata por la vía penal, pues usted estaría cometiendo un delito de prevaricación y vulneración de los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

Se acumulan así los frentes para el presidente del PP en Castilla y León, después de la denuncia admitida a trámite por el Juzgado Nº1 de lo penal de Salamanca, en la que se informa de que Mañueco gastó hasta 3 millones de euros en un contrato caducado en 2015, y que se siguió abonando hasta 2017. Todo ello, siempre a la sombra de la posibilidad de verse imputado en el caso Lezo.

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