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El presidente del PP en Castilla y León gastó tres millones de euros en un contrato caducado

Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca, incluyó en la liquidación del presupuesto de 2017 pagos ilegales a un contrato que lleva caducado desde mayo de 2015

Jorge Martín
Graduado en periodismo y con un Máster en Locución. Creador y escritor de Rebobinando el cine. Cinéfilo y fotógrafo.
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Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca, y posiblemente futuro presidente de la Junta de Castilla y León, realizó pagos ilegales en un contrato caducado con una empresa de señalización. Así se lo ha contado a Diario16 Gabriel Risco, edil de Ganemos Salamanca. Asegura que el contrato de la empresa denominada Aceinsa, caducó en mayo de 2015, a pesar de lo cual se siguió abonando en los años posteriores la cantidad adjudicada de 1 millón de euros al año. Algo que además el PP ha incluido en la liquidación del presupuesto de 2017.

Una prórroga ilegal en un contrato que asegura el edil Gabriel Risco, implica que se “metieron hasta 3 millones de euros en un contrato caducado”, y por el que “Ganemos tiene interpuesta una denuncia penal contra el alcalde Mañueco”. Denuncia admitida a trámite por el Juzgado de lo Penal Nº1 de Salamanca, y ante el que tendrá que responder tanto el futuro presidente de la Junta de Castilla y León, como el concejal de Fomento, Carlos Manuel García Carbayo; el edil de Hacienda, Fernando Rodríguez, y el jefe de la Policía Local, José Manuel Fernández Martín.

Mañueco se encuentra actualmente acusado de participar en el caso Lezo, algo de lo que de momento ha conseguido librarse solicitando que se le reconozca su condición de aforado.

Fernandez Mañueco, al que Risco acusa de llevar “años aprovechándose de la gestión del Ayuntamiento de Salamanca para hacer campaña política en beneficio personal” es alcalde de Salamanca desde 2011. Y el edil de Ganemos asegura que “no esperamos ningún tipo de respuesta ante la denuncia”, porque “el PP ha planteado la liquidación de los presupuestos de 2017 como una victoria”.

La agrupación provincial Ganemos Salamanca, ha denunciado que durante el año 2017 el Ayuntamiento de Salamanca aumentó el presupuesto municipal en 17 millones “sobre la marcha”, algo que el edil de la formación granate, Gabriel Risco, tacha de nuevo caso de “despilfarro del PP”.

Asegura además Risco que el alcalde Mañueco, a la cabeza del Ayuntamiento, el Partido Popular ha dejado “sin tocar” una parte muy importante de ese mismo presupuesto, en particular 22 millones de euros.

En el capítulo de inversiones, aseguran desde Ganemos Salamanca que la actuación del alcalde de Salamanca es “sangrante”, y dan cifras: según la formación, el PP dejó sin ejecutar el 55 por ciento del presupuesto (prácticamente 17 millones de euros). Algo que supone que el partido que lidera Mariano Rajoy solo ha llevado a cabo el 45 por ciento de las inversiones previstas para 2017 en la provincia, y hace que la liquidación del presupuesto presente un aparente superávit.

Desde el Partido Popular, justifican la falta de uso del presupuesto asegurando que “en caso de haber ejecutado más importe del presupuesto el año pasado, se habría incumplido la regla de gasto”. Así lo anunciaba el pasado 2 de marzo en un Pleno el concejal delegado de Hacienda, Fernando Rodríguez. Desde Ganemos aseguran directamente que eso “es mentira, pues se podrían haber ejecutado los más de 9 millones que se incorporaron del superávit del año 2016 realizando proyectos como inversiones financieramente sostenibles”.

Una “incapacidad de gestión” que asegura el edil Gabriel Risco, se debe a la “falta de planificación” del equipo del alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, “que en ningún momento ha fijado unos objetivos sobre la ciudad y sus problemas”, sino que “va a salto de mata y pensando solo en las elecciones”.

Desde Ganemos Salamanca ponen sin ningún reparo ejemplos del “despilfarro” del Partido Popular: 308.000 euros en la compra de coches antiguos para el Museo de la Automoción, 591.715 € para la compra “a dedo” de cinco naves a la Cámara de Comercio; y el caso más flagrante de todos: pagos ilegales, aseguran. Concretamente 1 millón de euros para la empresa de señalización Aceinsa, actualmente en prórroga ilegal desde hace más de dos años y medio.

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