Solicitar el voto rogado para poder ejercer el derecho a votar fuera de España es un asunto del pasado. En la última sesión del jueves, el pleno del Congreso aprobó la eliminación del farragoso sistema del voto rogado que desde hace más diez años limitó los derechos políticos de los españoles residentes en el extranjero y provocó un desplome, sin precedentes en la participación electoral fuera del país, al obligarles a sortear un laberinto burocrático que hacía misión casi imposible votar fuera de España.
La reforma
La modificación de la normativa electoral arrancó con una proposición de ley presentada en febrero de 2021 por los dos partidos de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, pero se mantuvo paralizada en varias ocasiones hasta el pasado mes de abril. Tras transaccionar enmiendas con el PP y otros grupos de la oposición, los socialistas y los morados ven cumplir otro punto pactado en su acuerdo de coalición.
El nuevo procedimiento para los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) elimina el requisito de «rogar» el voto, y permitirá que esos electores puedan descargarse las papeletas de Internet como así también adelantar el envío tradicional de la documentación electoral, con lo que tendrán abiertas las dos opciones.
Para facilitar la participación, los residentes fuera de España podrán votar no solo en embajadas como hasta ahora, sino también en consulados y en centros oficiales habilitados para la jornada electoral. Asimismo, se extenderán los horarios y días de votación.
Sin embargo, la opción del voto telemático y del voto por delegación defendido por los partidos independentistas catalanes, fue rechazada: el resto de la Cámara no vio garantías suficientes para su implantación.
Para asegurar la fiabilidad del recuento, los votos emitidos en el extranjero llegarán a España por valija diplomática. De esta manera, se amplía en dos días el plazo del escrutinio para que incluir las papeletas que provengan del exterior del país.
La nueva ley electoral para el voto de los españoles redientes en el extranjero obliga a la Junta Electoral Central a emitir informes de las medidas que adopte con el voto exterior, como así también a la actualización del registro CERA cada cinco años para, de esta manera, tener localizados fácilmente a los electores.
Por otro lado, durante la tramitación parlamentaria se descartaron todos los asuntos ajenos al voto rogado: algunas formaciones políticas pretendían una reforma de la Ley electoral más amplia que incluyera la rebaja de la edad de voto a 16 años, o la revisión de la proporcionalidad del sistema electoral, asuntos que, finalmente serán tratados más adelante por la subcomisión creada en el Congreso para explorar la posibilidad de una reforma más amplia de la ley electoral (LOREG).
Repercusiones políticas
En palabras de la diputada andaluza de Unidas Podemos, Marina Velarde, “Hoy se acabó rogar el voto porque los derechos no se ruegan, se ejercen con dignidad”
Asimismo, desde Podem Valencia en su cuenta de Twitter con el hastag #Adiosvotorogado comentaron las declaraciones de su ponente y poniendo en valor los “muchos años de lucha” para su derogación.
Por su parte, para la diputada socialista Belén Fernández ha enmarcado esta decisión como muestra de calidad democrática en “días que emocionan”.
Además, el diputado popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha reconocido los efectos de estos meses de trabajo que ha permitido que la ley haya sido aprobada por consenso.
Desde ERC, en cambio, la diputada Marta Rosique ha reprochado a los socios del Gobierno el rechazo a sus propuestas y haber optado por un acuerdo con el PP.
Por su parte, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en un mensaje publicado en sus redes sociales ha insistido en la promesa cumplida de otro punto de su programa electoral al afirmar “Prometimos y cumplimos”.
En la misma línea que el presidente Sánchez y de la ponente de Unidas Podemos, Marina Velarde, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho que es «un día especial, en el que los derechos vuelven a ganar espacio y pierde terreno la exclusión a la participación política» y ha añadido “En democracia los derechos no se ruegan, se ejercen, y los poderes públicos deben garantizarlos».
Bolaños ha indicado que la reforma busca que se pueda ejercer el derecho al voto «con los mismos derechos y garantías dentro y fuera del país» y que la administración sea «un aliado y no un muro».
Las consecuencias
Con esta decisión del Congreso, las organizaciones de españoles en el exterior logran su gran objetivo 11 años después: Votar en las mismas condiciones que los residentes en el país. De esta manera, ven cumplido el anhelo de emitir su sufragio en libertad, sin trabas burocráticas que se lo impidan. De hecho, la reforma del 2011 había creado ciudadanos de primera y segunda clase al facilitar el derecho de voto, garantizado constitucionalmente a todos los españoles, solo a los residentes y poniendo un sinnúmero de trabas administrativas y burocráticas para los residentes fuera del país.
Las cifras hablan por sí solas: del hasta ahora récord histórico de 382.568 papeletas del extranjero de 2008, se pasaron a 145.908 votos en las Generales del 2019.
Con la reforma aprobada el pasado jueves se estima que, para los próximos comicios, previstos en principio para finales del año próximo, se puedan alcanzar los 300.000 o 450.000 votos.
Si bien en 2008 se cifró la participación en un 31,7% del censo, para las próximas generales se calcula que podría reducirse a un 15 o 20%, pero partiendo con un millón más de electores que entonces, hasta los 2.266.187 actuales.
Debido a que la eliminación del voto rogado fue aprobada hace tan solo unos días, el cambio de normativa no será válido para las próximas elecciones a la Junta de Andalucía del domingo 19: los andaluces que quieran hacer uso de su derecho a voto para elegir presidente de su comunidad debieron rogar su voto con antelación siguiendo en el enredado procedimiento vigente desde 2011 y que, para alegría de muchos, ya ha sido derogado.
En su momento, las motivaciones oficiales para la restricción del voto a los residentes en el extranjero fueron, entre otras, la reducción de los costes electorales y algunas sospechas de fraude. Sin embargo, desde los sectores más progresistas y desde formaciones políticas como Unidas Podemos, insisten que la causa real fue frenar la llegada de “votos protesta” del exterior de españoles, en su mayoría jóvenes, que a consecuencia de la crisis iniciada en 2008 tuvieron que emigrar a otros países, principalmente de Europa, en búsqueda de un empleo que les era imposible conseguir en España.
