La banca es un verdadero sumidero de dinero público. El rescate de 2012, del que Luis de Guindos afirmó que lo pagarían en su totalidad las entidades financieras, ya le ha costado al Estado más de 100.000 millones de euros. Las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy aún siguen vigentes y de eso se aprovechan los bancos.
La paralización de la economía a consecuencia de las medidas adoptadas para frenar la propagación del Covid-19 también afectaron al sector financiero. Sin embargo, muchas entidades aprovecharon para aflorar resultados negativos pasados a través del saneamiento del fondo de comercio. Uno de ellos fue Banco Santander.
Tal y como advertimos en Diario16 en julio de 2020, las pérdidas de 10.789 millones presentadas en el primer semestre de ese año no eran el resultado de un enjuague contable, como lo pretendieron vender.
Santander achacó ese resultado a la actualización del valor de sus filiales en Reino Unido, Polonia y Estados Unidos por medio del fondo de comercio y de los créditos fiscales. Por otro lado, se culpó a la gestión de Emilio Botín y a sus inversiones históricas. No obstante, ¿estaba diciendo el Santander que las compras de Abbey, Sovereign o Zachodni WBK estaban infladas en 12.000 millones de euros? Si así hubiera sido, se trataría de un hecho muy grave que habría requerido de la intervención de las autoridades supervisoras nacionales y europeas.
La crisis del Covid-19 nada tuvo que ver con las pérdidas del banco presidido por Ana Patricia Botín. La situación es histórica y ahí se fundamentaron las cuentas presentadas en el primer semestre de 2020 que afloraron 10.789 millones de euros.
Sin embargo, esas pérdidas que el Santander hizo públicas, ya coleaban desde hacía años y se mantuvieron ocultas gracias a diferentes factores que van desde los juegos contables en las cuentas (los 8.000 millones de pérdidas de 2017 derivadas del cambio de divisas no se incluyeron en la cuenta PyG sino en patrimonio), hasta la venta de productos tóxicos para cubrir los quebrantos provocados por operaciones como la compra de Sovereign o ABN Amro, productos como Valores Santander e, incluso, la compensación con acciones a clientes preferenciales por las pérdidas sufridas y que fueron publicadas desveladas en exclusiva por Diario16.
Más de 640 millones de dinero público para el Santander
Según ha publicado El País, citando un documento de la Intervención del Estado, Banco Santander ha recibido de Hacienda 642 millones de euros por las pérdidas afloradas en 2020, lo que les permitía reclamar una parte de los créditos fiscales que acumulan y que estaban avalados por el Estado desde el año 2013. Sólo la entidad presidida por Ana Patricia Botín y el BBVA han pedido cobrar los créditos fiscales. En total, más de 1.200 millones.
Casualmente, tras la pandemia, Banco Santander pasó de perder 8.771 millones en 2020 a obtener beneficios de 8.124 millones de euros en 2021 y de 9.605 millones de euros en 2022. Estas cifras demuestran que se aprovechó la crisis provocada por el Covid-19 para hacer limpia y aflorar pérdidas que presuntamente se ocultaron durante años.
Por otro lado, el comportamiento de la entidad presidida por Ana Patricia Botín es la mejor muestra de que el Santander dispone del dinero público como y cuando quiere y, sobre todo, cuando lo necesita. No es sólo el pago de los 642 millones de créditos fiscales, sino los rendimientos que obtiene del mantenimiento de las cuentas de diferentes administraciones públicas. Además, el Santander sabe que, si tiene problemas judiciales, siempre contará con la colaboración de la Abogacía del Estado o de jueces y fiscales que saben perfectamente lo que tienen que hacer.
Eso sí, cuando hay que pagar impuestos, entonces sacan todo el armamento contra el gobierno. Cobrar sí, pagar, ni un pavo. Banco Santander, junto a Bankinter (el otro banco de la familia Botín), ha sido el más beligerante con el nuevo impuesto de solidaridad a los bancos aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez. La propia Ana Patricia Botín amenazó con una reducción del crédito por un valor de 50.000 millones de euros si se obligaba a pagar al sector bancario 3.000 millones.
