La desaparición de periodistas en México, cuando no sus asesinatos, es una noticia que abre diariamente telediarios o llenan páginas de periódicos tanto tradicionales como digitales. Actualmente hay 27 reporteros desaparecidos que se suman a los 13 asesinados en lo que va de año: en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador son ya 63 periodistas los que han perdido la vida.
Vistas las dificultades que tienen los profesionales de la comunicación para desarrollar su trabajo en libertad, con seguridad y las consecuencias que pueden sufrir, sin que desde las instituciones públicas se lleve a cabo una investigación minuciosa que dé con el paradero de los profesionales que desaparecen sin dejar rastro o, que sus crímenes queden sin resolver, la organización Reporteros sin Fronteras ha tomado la iniciativa junto a su organización aliada en el país azteca , Propuesta Cívica, de presentar una denuncia contra el estado mexicano por su responsabilidad en los casos de los periodistas Mauricio Estrada Zamora y Ramón Ángeles Zalpa, desaparecidos en el estado de Michoacán en 2008 y 2010, respectivamente.
Denominadas “comunicaciones individuales” por el Comité de Derechos Humanos, las denuncias se presentan en nombre de las familias de los dos periodistas. En particular, las mismas demuestran que, debido a los graves fallos en las investigaciones, se han vulnerado los derechos de los dos periodistas a la vida, a la libertad y a la seguridad; su derecho a la libertad de expresión, la protección contra la tortura y la detención arbitraria, y su derecho a un recurso efectivo, tal y como se recoge en los artículos 2.3, 6.1, 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Una década de impunidad
Tras más de diez años sin avances en las investigaciones sobre los dos periodistas desaparecidos, Reporteros sin Fronteras y Propuesta Cívica se lanzaron a elevar la denuncia al Comité de Derechos Humanos de la ONU, basándose en un trabajo de más de un año de recopilación de pruebas y documentos que demuestran las graves deficiencias en las investigaciones.
Para los denunciantes, la falta de interés de las autoridades en dar con el paradero de los reporteros constituye una evidente violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) por parte del Estado mexicano. Por lo tanto, piden al Comité de Derechos Humanos que ordene a México que lleve a cabo investigaciones eficaces y exhaustivas sobre estos casos, que indemnice a las familias por sus años de sufrimiento y que garantice que estos casos no se repitan.
En un gesto simbólico, las denuncias se presentarán hoy miércoles, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, designado como tal por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2013.
Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica instan al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a que admita ambas denuncias, atienda las demandas de las familias y escuche los relatos de sus años luchando infructuosamente por tener acceso a la justicia y para que ésta actúe.
Desidia de las autoridades mexicanas
En ambos casos, las autoridades no han tomado, hasta ahora, ninguna medida eficaz para resolver estos presuntos crímenes, encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia. En palabras de los denunciantes “Este desinterés priva a los periodistas desaparecidos de la posibilidad de ser hallados y niega a las familias su derecho a conocer la verdad sobre el destino de estos dos hombres, que además eran padres”.
Ambas organizaciones, Reporteros sin Fronteras y Propuesta Cívica, insisten en que se han identificado numerosos fallos, tanto en las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Michoacán, primera autoridad que atendió los casos, como por las autoridades federales, que no explican por qué los casos siguen sin resolverse hasta la fecha. En este sentido añaden que “Ni las autoridades estatales, ni las federales llevaron a cabo una investigación adecuada de los presuntos crímenes y, no se han realizado esfuerzos serios para encontrar a los periodistas o sus restos, ni para identificar a los autores materiales e intelectuales”.
Por otro lado, en concreto, desde la dirección ejecutiva de Reporteros Sin Fronteras sostienen que “Durante más de una década, el Estado mexicano ha abandonado completamente a estas dos familias. Desgraciadamente, esta es la norma en México: nunca se ha resuelto un solo caso de desaparición forzada de un periodista. Este inexplicable grado de impunidad hace inevitable que los afectados busquen justicia mediante canales alternativos”
Dos desapariciones sin dejar rastro
Lamentablemente las desapariciones de los periodistas Zamora y Zalpa no son más que dos casos testigos de los tantos que ocurren habitualmente en el país azteca. Tampoco es causal que México ocupe el puesto 127 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF 2022, la cual considera el grado de libertad de prensa y el nivel de justicia para los periodistas víctimas de un delito y sus familias.
En términos generales, el hecho de que la mayoría de las familias mexicanas con miembros desaparecidos se vean obligadas a tomar la iniciativa, acudiendo a una institución tras otra e incluso realizando, a menudo, sus propias investigaciones, en un intento desesperado por encontrar a sus seres queridos con vida sitúan al país azteca en una posición de la que no puede presumir.
A Mauricio Estrada Zamora, periodista que cubría informaciones sobre el crimen para el diario La Opinión de Apatzingán, se le vio por última vez saliendo de la redacción del periódico por la tarde para ir a casa con su esposa y su hijo pequeño. Su vehículo fue encontrado vacío unas horas más tarde y su mujer denunció su desaparición ese mismo día, por lo que se inició una investigación por secuestro. Unos días después de su desaparición, el hermano de Estrada recibió una llamada telefónica en la que se le comunicaba que Estrada no había sido secuestrado, sino “detenido”, pero esta pista no se siguió. Tenía 38 años.
Por su parte, Ramón Ángeles Zalpa, de 46 años, era periodista del diario Cambio de Michoacán. Entre otros temas, cubría los problemas de las comunidades indígenas y las deficiencias del sector educativo. También ejercía como profesor de la Universidad Nacional de Ciencias de la Educación. La tarde del 6 de abril de 2010, salió de su casa, para dirigirse a unas instalaciones en obras en el campus universitario, pero nunca llegó.
En ambas desapariciones, las denuncias presentadas por los familiares a nivel estatal no fueron atendidas y la familia recibió un apoyo insuficiente y por un corto periodo de tiempo. Hoy, después de más de diez años, exigen a la ONU la justicia que se les negó por acción y/o omisión de las autoridades mexicanas.
