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Piden al Ministro de Justicia y a la Fiscal General del Estado el fin del “confinamiento” de las víctimas del franquismo

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica afirma que desde 2010 todos los gobiernos han protegido la impunidad del franquismo o por acción o por omisión

Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), promotora de la denuncia ante la justicia del os crímenes del franquismo en el año 2010, se ha dirigido al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; y a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para exigirles que trabajen para garantizar los derechos de las víctimas del franquismo.

En la petición,  enviada por registro oficial,  la ARMH explica que desde el 14 de abril del año 2010 todos los gobiernos del Estado español, a través de diferentes instancias, han tratado de dificultad la investigación penal que tiene abierta la justicia Argentina sobre los crímenes de la dictadura franquista.

“Se trata sin duda de un incumplimiento de los acuerdos de colaboración de la justicia de los dos países y de un entorpecimiento político de la independencia judicial; ya que es desde la política desde dónde se están poniendo obstáculos a la actuación del juzgado argentino”, explica Emilio Silva, presidente de la ARMH.

El colectivo, que inició las exhumaciones de fosas de desaparecidos de la dictadura en el año 2000, denuncia que “la actuación del Estado, que trata de blindar la impunidad, es además un menosprecio a las víctimas de dictadura, que en 40 años de democracia no han podido ejercer sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Como dictaron en el verano de 2014, los informes de la ONU elaborados por el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada y el Relator Espacial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, el Estado español está obligado por acuerdos internacionales que ha ratificado a garantiza los derechos de las víctimas de la dictadura franquista”, explica Silva.

El escrito exige a la Fiscalía General del Estado que revoque la hoja informativa de obligado cumplimiento, remitida en septiembre de 2016 por Consuelo Madrigal, entonces titular de la fiscalía, en la que se instaba a los juzgados a no colaborar con las peticiones de la justicia Argentina con respecto a los crímenes de franquismo y a su investigación penal.

Asimismo, han exigido al ministerio de Justicia  que desde cualquiera de sus competencias facilite dicha investigación y colabore con las peticiones del juzgado argentino y de la jueza María Servini de Cubría, titular del Juzgado Federal de Buenos Aires número 1.

“Se trata de terminar con el confinamiento al que han sido sometidas las víctimas del franquismo durante 40 años de democracia a las que sea aislado de su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”, explica Silva, y añade: “No hay ningún argumento jurídico ni político en una democracia que justifique que las víctimas de la desaparición forzada, que es el delito más grave que se puede cometer contra un ser humano, no accedan al ejercicio de sus derechos”.

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