Las mascarillas quirúrgicas se han convertido en un bien de primera necesidad como consecuencia de la pandemia del COVID-19 pero también se han convertido en un producto de lujo para muchas familias trabajadoras.
Ante la afirmación de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, del Gobierno español “no puede reducir el IVA del 21% a las mascarillas en España por la regulación europea”, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez se ha dirigido al secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Luca Visentini, para que exija a la Comisión Europea para que “regule para toda la Unión Europea (UE) el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas y que les aplique el IVA superreducido del 4%”.
Hace tres semanas, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera se dirigió por carta al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y a la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cañí Fernández, “para pedir la reducción del precio de las mascarillas y otros elementos fundamentales con el fin de asegurar la protección sanitaria de la población, como guantes, geles hidroalcohólicos, etc., y que intervinieran para frenar la especulación en estos productos de primera necesidad y, en concreto, de las mascarillas quirúrgicas, ya que, a pesar de que existe una mayor oferta de los mismos, apenas se reducen los precios sobre el máximo fijado por la ley”.
UGT ya consiguió precisamente que se redujera el precio de las mascarillas en abril, con la aprobación del Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de abril, que establecía un precio máximo de las mascarillas en 0,96 euros, lo que suponía una disminución muy sustancial frente a lo que se estaba cobrando en las farmacias (en algunos casos, pedían hasta 12 euros por una mascarilla quirúrgica), pero vemos como otros países, como Portugal, las venden 11 veces más baratas que en España. Las personas están viviendo una crisis sanitaria sin precedentes en nuestro país, muy prolongada en el tiempo, y muchas familias no pueden afrontar el elevado gasto que supone cambiar de mascarillas cada cuatro horas, como se recomienda desde las autoridades sanitarias.
Para una familia de cuatro integrantes, el coste total de dos mascarillas al día se eleva a 230 euros mensuales (más de 7,50 euros al día por familia). Si una familia vive con el SMI de 950 euros, tiene que dedicar el 24,21% de sus ingresos a costear dichas mascarillas. Para el sindicato, el Gobierno no debería permitir que algunos hogares tengan que desprevenir su salud para poder comer. La garantía a la salud no debe depender de la capacidad económica de las personas para acceder a las mascarillas.
Reducir el IVA y controlar la especulación
Por estas razones, Mari Carmen Barrera se dirigió al ministro de Consumo para exigirle que redujera el precio máximo de estos productos hasta situarlo a niveles similares a los de nuestro país vecino y que, además, redujera el IVA de estos productos de primera necesidad, desde el 21% actual hasta el 4% superreducido, con el fin de que disminuyan su precio y no haya margen a ninguna especulación.
Del mismo modo, se dirigió a la presidenta de la CNMC al objeto de que investigue posibles prácticas monopolísticas y de fijación de precios, dado que, en la mayoría de las farmacias y comercios el precio de las mascarillas, por ejemplo, le sitúa en el precio máximo de la ley, y solo algunas grandes superficies introducen rebajas sustanciales.
El sindicato considera que hay que sancionar a los que pretenden hacer negocio a costa de la salud de las personas aprovechando esta pandemia, los que ocultan un número ingente de material de protección necesario ante las necesidades perentorias y pide una acción comunitaria para perseguir los mercados negros de estos productos.
Para Pepe Álvarez “resulta imprescindible acabar con la política monopolística de fijación de precios para estos productos sanitarios de primera necesidad”. El Gobierno debe ser el encargado de realizar esta labor de seguimiento activo, “para evitar que surjan tensiones en los precios de aquellos bienes y servicios que recobren un nivel de demanda relevante ante el rebrote que se está produciendo, y en especial los que afecten a consumos de primera necesidad o que tengan mayor incidencia sobre los grupos de población más vulnerables”.
Asimismo, insta a mejorar la distribución de estos productos para que lleguen a las farmacias, tiendas y a muchas empresas en todo el territorio español, especialmente en pequeños núcleos rurales y en lo que conocemos como la España vaciada.
