La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, se ha dirigido por carta al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y a la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cañí Fernández, “para que intervenga y eviten la especulación y el mercadeo con las mascarillas y productos sanitarios de primera necesidad para asegurar la protección sanitaria de la población, como guantes, gel hidroalcohólico, entre otros”.

Mari Carmen Barrera reclama que se intervenga “para frenar la especulación” en estos bienes de primera necesidad y, en particular, “de las mascarillas quirúrgicas, ya que, a pesar de que existe una mayor oferta, apenas se reducen los precios sobre el máximo fijado por la ley”. 

El Gobierno “no puede permitir que muchas familias tengan que elegir entre proteger su salud y comer”, ya que las familias que cobran el salario mínimo interprofesional “tienen que destinar el 24,1% de sus ingresos a costear las mascarillas”. En UGT reclamamos “reducir el IVA de estos productos desde el 21% actual, hasta el 4% superreducido”, ha denunciado la responsable de Políticas Sociales del sindicato.

UGT ya consiguió precisamente que se redujera el precio de las mascarillas en abril, con la aprobación del Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de abril, que establecía un precio máximo de las mascarillas en 0,96 euros. Mari Carmen Barrera, denuncia, “como países como Portugal las venden once veces más baratas que en España”.

Mari Carmen Barrera considera que “hay que sancionar a los que pretenden hacer negocio a costa de la salud de las personas, aprovechando esta pandemia y que el Gobierno tiene la obligación de controlar los precios para que efectivamente todas las familias pueden acceder en buenas condiciones a proteger su salud, sin necesidad de poner en riesgo sus ingresos y su economía”.

Controlar la especulación

La responsable de Políticas Sociales de UGT se ha dirigido a la presidenta de la CNMC al objeto de que investigue posibles prácticas monopolísticas y de fijación de precios, dado que, en la mayoría de las farmacias y comercios, el precio de las mascarillas se sitúa en el precio máximo de la ley, y solo algunas grandes superficies introducen rebajas sustanciales. 

Mari Carmen Barrera considera que hay que sancionar a los que pretenden hacer negocio a costa de la salud de las personas aprovechando esta pandemia, los que ocultan un número ingente de material de protección necesario ante las necesidades perentorias y pide una acción comunitaria para perseguir los mercados negros de estos productos.

Para UGT, resulta imprescindible acabar con la política monopolística de fijación de precios para estos productos sanitarios de primera necesidad. El Gobierno debe ser el encargado de realizar esta labor de seguimiento activo, para evitar que surjan tensiones en los precios de aquellos bienes y servicios que recobren un nivel de demanda relevante ante el rebrote que se está produciendo, y en especial los que afecten a consumos de primera necesidad o que tengan mayor incidencia sobre los grupos de población más vulnerables. 

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