Desde hace muchos años y ante el desafío separatista, algunos ciudadanos de Cataluña han estado gritando: “El lobo, que viene el lobo”. Pero, ante este aviso de peligro y este grito de petición de ayuda, la reacción de los sucesivos Gobiernos de España fue la de la liebre de la fábula: prepotente, soberbia y sobrada, ésta se tumbó a la sombra de un árbol, mientras que la tortuga, despacio pero sin pausa, llegó a la meta y le ganó la carrera. Del mismo modo, los independentistas catalanes pueden llegar a la meta, si los Presidentes del Gobierno de España, continúan sin reaccionar y sin seguir el ejemplo y los pasos de Cicerón, que denunció illico e hizo fracasar, con sus catilinarias y con sus actos en el Senado Romano, el golpe de estado planificado por Catilina contra la República romana.
Todos los Presidentes del Gobierno de España, en mayor o menor medida, han traicionado el juramento/promesa que hicieron, en su día, de “guardar y hacer guardar las leyes”. Y esto denota, por parte de los poderes del Estado, una dejación de funciones y un mirar para otro lado, que han llevado al Estado de derecho en España al borde del abismo.
Durante sus últimas vacaciones estivales en Galicia, siendo aún Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy no sólo se dedicó al dolce far niente y a sestear. Además, rizó el rizo con unas declaraciones pusilánimes, que no son de recibo en un responsable político al que los ciudadanos españoles le entregaron el poder para gestionar la res pública y la responsabilidad para hacer guardar las leyes.
En efecto, el 9 de agosto de 2017, Mariano Rajoy participó, en Chantada (Lugo), en la celebración del 40 aniversario de la cadena hotelera catalana Hotusa. En este contexto fue donde hizo las citadas declaraciones, que no tienen desperdicio y que justifican los apelativos de “maricomplejines” y de “Manso de la Moncloa”, con los que solía tildar F. Jiménez Losantos a Rajoy.
Ante las leyes de “Referéndum” y de “Transitoriedad”, que eran los instrumentos que iban a utilizar los Catilinas independentistas catalanes para dar el jaque mate a la soberanía nacional y al imperio de la ley, Rajoy confesó que estas leyes iban a ser recurridas por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, tanto él como su Gobierno eran conscientes de que este recurso no sería suficiente para acabar con la hoja de ruta planificada y seguida, erre que erre, por el Gobierno de la Generalidad. Esta confesión fue un reconocimiento explícito de que el imperio de la ley y el Estado de derecho han dejado de existir en España y no son moneda de curso legal. En efecto, los “Catilinas independentistas catalanes” estaban y están haciendo de su capa un sayo y andan como Pedro por su casa, sin que nadie les lea la cartilla y les pare los pies. ¿Para qué le pagamos el sueldo?
Por eso, en Chantada, Rajoy hizo además un llamamiento a los ciudadanos catalanes “con sentido común, sensatez y mesura”, para que “den un paso adelante”, salgan a la calle y “aíslen a los extremistas y radicales que condicionan el Gobierno de la Generalidad y están llevando a una situación límite a más de siete millones de personas”. Esta invitación a tomar la calle por parte de aquellos catalanes que no están dispuestos a comulgar con las ruedas de molino independentistas constituyó un reconocimiento explícito de impotencia y de que Mariano Rajoy no estaba dispuesto a meterse en harina y coger el toro independentista por los cuernos. Y, por este motivo, pidió a los ciudadanos que le sacaran las castañas del fuego. Esto denota que Rajoy no estaba dispuesto a mover ni un dedo y parece indicar que tenía el síndrome del torero Joselito, que dejó de torear, después de dos graves cornadas, “porque le falló la bragueta”. ¡Qué ejemplo para la ciudadanía la actitud “maricomplejinesca” y cobarde del “Manso de la Moncloa”! ¿Para qué le pagamos el sueldo?
Unos semanas después de las declaraciones de Rajoy, el Presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y Marta Rovira (Secretaria General de ERC), el 3 y el 4 de septiembre de 2017, invitaron y convocaron también a los partidarios de la independencia para que ocupasen los espacios públicos y estratégicos, con el fin de impedir que se impidiera (valga la redundancia) la realización del referéndum, a pesar de que con éste se inculcase la legalidad vigente. ¡Qué nuevo ejemplo para la ciudadanía el comportamiento de los responsables políticos independentistas que empujan a los ciudadanos a hacer caso omiso de la legalidad vigente y a delinquir! ¡Vivir para ver! ¿Para esto les pagamos el sueldo?
Esta doble invitación a ocupar la calle y los espacios públicos estratégicos sólo puede conducir a una convergencia espacial y a un enfrentamiento físico y violento entre los ciudadanos de Cataluña: los que están por el respeto a la legalidad vigente y aquellos que se pasan por el arco de triunfo las leyes, las sentencias judiciales, la paz social y la consideración hacia los que no piensan como ellos.
Estas dos invitaciones, por parte de los poderes del Estado, para que los catalanes salgan a la calle son un craso error y algo muy grave, ya que pueden conducir a enfrentamientos físicos y agresiones con resultados letales. Hasta ahora, no ha sucedido nada de esto y no se han tenido que lamentar desgracias personales. Ahora bien, si estas previsiones nefastas se producen en el futuro, habrá que pedir responsabilidades a aquellos a los que los ciudadanos entregaron el poder para que gestionen los asuntos públicos y cumplan y hagan cumplir las leyes democráticas pero que, en vez de ocuparse de esto, se han dedicado a enfrentarlos. Si los miembros de la casta política no respetan la promesa/juramento que hicieron cuando tomaron posesión de sus cargos, debemos preguntarnos una vez más: ¿Para qué coño les pagamos el sueldo?
