El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena finalmente ha decidido dar la orden de detención internacional contra el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. El anuncio, conocido esta misma tarde de 23 de marzo, supone la reactivación de una orden que el magistrado aseguraba no querer llevar a cabo. Al mandato que ya se conocía de arresto para los exconsellers Puig, Serret, Comín y Ponsatí se suma la petición de detención para Marta Rovira.

La Fiscalía sostiene que ha de actuarse «conjuntamente» respecto de todos los encausados. En el caso de Rovira, que sorprendía ayer al renunciar a su acta de diputada y no presentarse ante el juez en el día de hoy como se le ordenó, la Fiscalía solicita prisión incondicional, tal y como ha pedido para los diputados que sí se han presentado ante el Supremo. Al estar huida, reclama además una orden de busca y captura internacional.

En la situación del expresident Carles Puigdemont, se trata de la activación de la Euroorden de detención, un mecanismo más rápido que parte de la colaboración de los países receptores de la orden. El juez Llarena retiró el pasado 5 de diciembre la primera euroorden emitida contra los exconsellers en Bélgica por parte de la Audiencia Nacional en noviembre. Lo hizo un día después que los dirigentes independentistas registraran sus alegaciones ante los jueces belgas en contra de la extradición.

Tanto a Rovira como a los cinco ex miembros del Govern que se encuentran huidos se les atribuye delitos de rebelión, que llevan aparejadas penas de prisión de hasta 25 años de cárcel.

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