Nadia Calviño protege al Santander

En las últimas fechas se han publicado infinidad de artículos sobre la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño Santamaría, los supuestos enfrentamientos con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias Turrión, su presunto amago de dimisión, sus buenas relaciones con las instituciones europeas, sin olvidar su relación con Ana Patricia Botín y el Banco Santander.

Cuando Nadia Calviño pasó de directora general de Presupuestos de la Comisión europea a ministra de Economía, con su nombramiento el 6 junio de 2018, la primera que la felicitó fue Ana Patricia Botín en Twitter el 5 de junio antes de que el nombramiento fuese publicado en el BOE. Desde entonces muchos han dicho que la presidenta del Santander maneja a la ministra de Economía y los más benévolos que tan sólo le hace recomendaciones. A ambas se les ha visto juntas en multitud de actos. Algunos incluso afirman que el nombramiento de la ministra fue impuesto/recomendado por la presidenta del Santander y que podría su «topo» o «caballo de Troya» en el consejo de ministros.

Ana Patricia Botín va dando lecciones de política económica y recomendaciones de cómo gobernar el país en la junta de accionistas, en simposiums, a los que acude para mitigar su mala imagen y riesgo reputacional, o en editoriales periodísticos de El País. Los accionistas minoritarios ven con mucha desconfianza esta actividad de la presidenta del Santander porque esperan de ella que se dedique a administrar y gestionar el banco, porque el valor de las acciones está por los suelos habiendo perdido el 70% de su valor desde que se hizo con la presidencia. Cada vez es mayor el número de accionistas «está que trinan» y «juran en arameo», mientras comprueban que si se mantiene en la presidencia es, solamente, por el beneplácito de los grandes accionistas que la manejan a su antojo, sabedores de que su presidencia depende de que ellos, como el emperador en el Coliseo romano, dirijan su pulgar hacia arriba o hacia abajo.

Lo que parece indiscutible es que Calviño y Botín mantienen una fluida relación que, según la documentación a la que ha tenido acceso Diario16, podría llegar hasta el punto de que la ministra de Economía habría podido proteger a la presidenta del Santander. Según dicha documentación, un abogado accionista del Santander habría denunciado, en varias ocasiones, ante la ministra, que Ana Patricia Botín y miembros de la comisión ejecutiva del Santander habrían cometido un fraude de más de 50 millones de euros con la venta de una finca en Mijas de la promotora Inversión Hogar con utilización de testaferros de paraísos fiscales, aprovechándose de las oportunidades de negocio del banco y en claro perjuicio de los accionistas del Santander, pudiéndose haber incurrido, incluso, en un delito de administración desleal.

El accionista del Santander puso en conocimiento de la ministra, hasta en tres ocasiones, que la presidenta del Santander y los consejeros, Rodrigo Echenique e Ignacio Benjumea, habrían podido cometer una presunta «infracción muy grave de la normativa de práctica bancaria, de la normativa contable, la Ley del Mercado de Valores, los códigos de buen gobierno de las entidades de crédito cotizadas, normativa complementaria y reglamentación comunitaria e internacional aplicable y posiblemente de delito de administración desleal o apropiación indebida» en «una operación vinculada en la que se incurriría en posible conflicto de intereses y presunto uso de información sensible y utilización de personas interpuestas fiduciarias radicadas en paraísos fiscales, con vulneración de los deberes de sana, fiel, leal y diligente administración».

Pese a la denuncia Calviño no habría ordenado una investigación para verificar los graves hechos denunciados presuntamente cometidos por Ana Patricia Botín y subsanar la inacción de los responsables de los organismos supervisores y reguladores, CNMV y Secretaria General del Tesoro, dependientes de su ministerio de Economía, a los que anteriormente se les denunciaron los hechos, sin que tampoco hubiesen desplegado la más mínima actuación de investigación ocultando los hechos y haciendo dejación de sus funciones como supervisores y reguladores.

En una de las comunicaciones, el abogado y accionista denunciante deseó a la ministra que pudiera llevar a buen puerto la regeneración de las instituciones y le pidió que terminase «con la protección y los privilegios que algunos pocos vienen recibiendo de las instituciones del Estado desde hace demasiado tiempo y en perjuicio de todos los ciudadanos». Sin embargo, dicha petición parece que, hasta la fecha, no se ha cumplido y que «la familia Botín sigue siendo protegida por el Estado y, en este caso, por la ministra de Economía, Nadia Calviño, el presidente de la CNMV, Sebastián Albella y la entonces directora general del Tesoro, Emma Navarro, pudiendo haber incurrido en una omisión punible del deber de perseguir delitos», indica el accionista a Diario16, para añadir que «tanto la ministra como el presidente de la CNMV aún están a tiempo para denunciar los hechos, abrir una investigación e impedir que casos similares se vuelvan a repetir, para que España no ocupe en Europa el puesto más alto en el ranking de la corrupción sistémica con el Santander destacado a la cabeza con el caso Banco Popular y tantos otros escándalos por todos conocidos».