Ana Botín, presidenta del Banco Santander. Foto: Flickr.

En diferentes juntas de accionistas del Santander el abogado de la promotora inmobiliaria Inversión Hogar, y accionista del banco, Eduardo Martín Duarte, ha acusado a Ana Patricia Botín, Rodrigo Echenique e Ignacio Benjumea de un presunto delito societario en el que se habrían defraudado 50 millones de euros a los accionistas del banco.

Son ya varios los años en los que Martín Duarte ha solicitado la dimisión o remoción de todo el consejo de administración, acusándoles de inacción ante la denuncia de un delito societario presuntamente cometido por los miembros del comité ejecutivo, denunciado el verano de 2017 al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Secretaria General del Tesoro y comunicado a los consejeros independientes del banco, a su secretario general, Jaime Pérez Renovales, y los directores de cumplimiento, de auditoría y de comunicación sin que ninguno haya realizado, a día de hoy, actuación alguna de investigación o instado acciones judiciales para la restitución de los bienes al banco, inexplicable inacción que implicaría el amparo de unos hechos de presunta apariencia delictiva.

Se trata del Caso Finca de Mijas, ya publicado en Diario16, donde se produjo la venta por el Santander de una finca de 480.000 metros cuadrados en Mijas (Málaga) por 450.000 euros, cuando su valor real supera los 50 millones de euros.

Los presuntos beneficiarios de dicha venta serían los miembros del comité ejecutivo del Santander, entre ellos Ana Patricia Botín, Rodrigo Echenique e Ignacio Benjumea, que, según el accionista denunciante, presuntamente se ocultaron tras una sociedad testaferra, Vertientes de Calahonda SL, que fue constituida por un abogado del banco, Alberto Arrupe Ferreira, y testaferros del paraíso fiscal y bancario de Liechtenstein, los hermanos Batliner, muy conocidos por múltiples escándalos de evasión y blanqueo de capitales de narcotraficantes, mafiosos, dictadores y diversos banqueros europeos.

Eduardo Martín Duarte ha pedido en repetidas ocasiones a Ana Patricia Botín que explicase a los accionistas del banco:

En primer lugar, la razón por la que una finca urbanizable en Mijas, plena Costa del Sol, de más de 480.000 m2 se vendió, con la autorización de los miembros del comité ejecutivo del Santander, por 450.000€, es decir por menos de 1€/m2, cuando su valor supera los 50 millones de euros y cuando un tercio de la misma fue valorada por el Jurado Provincial de Expropiación de Málaga en más de 20 millones de euros

En segundo término, la razón por la que, casualmente, se vendió dicha finca, un día antes de que su expropiación fuese publicada en el BOE, a una sociedad testaferra, Vertientes de Calahonda, que no estaba inscrita en el Registro Mercantil cuando se otorgó la escritura pública de compraventa.

En tercer lugar, Martín Duarte ha preguntado insistentemente al Consejo de Administración del Santander si los beneficiarios del presunto fraude a los accionistas del banco fueron los miembros del comité ejecutivo del banco escondidos tras testaferros.

El abogado y accionista minoritario del Santander ha reclamado en múltiples ocasiones que esos 50 millones de euros de este presunto fraude fuesen restituidos tanto al banco como a sus accionistas. Además, ha instado también en repetidas ocasiones a la dimisión o remoción del actual Consejo de Administración.

Sin embargo, hasta el día de hoy, ninguna de las concretas preguntas del accionista ha sido respondidas por Ana Patricia Botín.

Según ha afirmado a Diario16 Eduardo Martín Duarte los «pretextos y evasivas, silencio aquiescente y falta de compromiso para restituir el dinero defraudado, podrían llevarnos a concluir que “el que calla otorga” y que, efectivamente, el fraude a los accionistas del Santander se habría producido y que los beneficiarios del mismo serían los miembros del comité ejecutivo que no están dispuestos a devolverlo, razón por la que no se ha llevado a cabo ninguna investigación de los hechos ni se han instado actuaciones judiciales para anular la fraudulenta transmisión y restituir los bienes al banco y sus accionistas».

Por otro lado, Ana Patricia Botín pudo haber faltado a la verdad, según comenta Martín Duarte, puesto que en la Junta de Accionistas de 2018 la presidenta del Santander afirmó la actuación del banco había sido correcta como habían reconocido sentencias judiciales. Sin embargo, no existe ninguna resolución judicial sobre el Caso Finca de Mijas.

Este abogado y accionista minoritario ha requerido por burofax a Ana Patricia Botín para que lleve a cabo las actuaciones necesarias para que se restituyan los 50 millones de euros al Santander. No se ha recibido respuesta lo que indicaría que existe algún motivo por el que la presidenta del Santander no quiere que se restituya ese dinero al banco.

Además, como ya hemos informado en Diario16, Martín Duarte solicitó a los máximos accionistas del Santander la apertura de una investigación «forensic sobre los múltiples fraudes y escándalos que rodean al Santander y que vienen siendo secretos a voces que cada día cobran mayor actualidad», afirma el documento que ha sido enviado a BlackRock, a The Bank of New York Mellon Corporation y a State Street Bank and Trust Company. En esta misiva también se hizo mención, entre otros escándalos, al Caso Finca de Mijas. Como suele ocurrir en este asunto, Eduardo Martín Duarte, tampoco ha recibido respuesta de los máximos accionistas.

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1 Comentario

  1. Solo esto ya sería suficiente para que la defraudadora de la lista Falciani fuera a prisión, pero es que ha hecho cosas mucho más graves y ahí sigue, paseándose por Groenlandia y comprando jueces mientras los políticos del cambio, los que iban a acabar con las castas e implantar la justicia, le hacen de palmeros. Este país es repugnante, ojalá hubiera más gente como los 4 jueces íntegros que pueda haber, los periodistas de Diario16 y Eduardo Martín Duarte, que no desfallecen en la lucha contra la escoria del país. Gracias a todos ellos.

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