En lo que va de año 2020, 40 periodistas y 3 colaboradores de medios de comunicación han sido asesinados. Están encarcelados 258 periodistas, 122 periodistas ciudadanos y 12 colaboradores, según los datos de Reporteros sin Fronteras (RSF). Por países, los asesinatos se han producido en: México (7); Irak (4); Honduras (3); India (3); Paquistán (3); Filipinas (3); Siria (3); Afganistán (2); Nigeria (2); Somalia (2); Arabia Saudita (1); Bangladesh (1); Colombia (1); Egipto (1); Paraguay (1); Rusia (1); Venezuela (1); Yemen (1).

Junto a esta violencia extrema, la censura, las detenciones arbitrarias, la difusión sistemática y deliberada de noticias falsas, el acoso a los periodistas realizado incluso desde las presidencias de algunos Estados democráticos, el desarrollo de leyes restrictivas y represivas contra la libertad de información en 38 países, están poniendo en riesgo no solo el derecho a la información y la libertad de expresión, sino la propia democracia.

Como se señala en la Declaración internacional sobre la Información y la Democracia, “el control político de los medios de comunicación, el sometimiento de la información a intereses individuales, la creciente influencia de actores corporativos que escapan al control democrático, la desinformación masiva en línea, los actos violentos contra reporteros y editores, y el debilitamiento del periodismo de calidad, amenazan el ejercicio del derecho al conocimiento. Cualquier intento abusivo de limitarlo –a través de la fuerza, la tecnología o la legislación– constituye una violación del derecho a la libertad de opinión.”

Todo lo anterior, se ha visto agravado durante la pandemia. Por tanto, hay que rechazar las noticias falsan, aunque vengan de los despachos de presidentes de naciones poderosas. Hay que rechazar cualquier tipo de restricción indebida al acceso a una información fidedigna y a la libertad de expresión. Ya que éstas, constituyen una respuesta arbitraria y desproporcionada que limita ilícitamente el discurso cultural, social y político de los ciudadanos. Y también ponen en peligro nuestras vidas.

Ante semejante barbarie, la primera reacción que surge es la indignación y el instinto de hacer algo. Hay que movilizarse para evitar que se amenace, secuestre o mate a unas personas por el mero hecho de informar. Es preciso, reaccionar y proteger a los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación para que puedan hacer su trabajo con libertad, y sin temer por su integridad. Al tiempo, que se persigue y condena a los culpables. No pueden quedar impunes tantos asesinatos que se producen, año a año, para silenciar la barbarie, la brutalidad y la impunidad.

El peligro es real y frente a él hay que respetar y hacer respetar no solo la Convención de Ginebra, sino también el artículo diecinueve de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se señala que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Los Estados y las instituciones internacionales deben ser los guardianes de estos derechos, sea quien sea el que los infringe. Pero también los ciudadanos tenemos que ser activos, porque el derecho a la información y la libertad de expresión es un bien común de la Humanidad y debe ser protegido. La responsabilidad es de todos y debe materializarse a través de nuestras instituciones democráticas.

Como afirma la declaración internacional sobre la Información y la Democracia, se tiene que facilitar una verdadera comunicación entre individuos, culturas, pueblos y naciones, y contribuir al respeto de los derechos humanos, la concordia civil, la paz, la vida y la preservación del medio ambiente.

Debe preservarse y fortalecerse nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de nuestra época, prever nuestro destino común y ayudarnos a trazar un desarrollo sostenible mundial que tenga en cuenta los derechos e intereses de las generaciones futuras. Debe garantizarse la libertad, la independencia y el pluralismo de la información. 

En lo que va de año 2020, 40 periodistas y 3 colaboradores de medios de comunicación han sido asesinados. Para que el derecho a la información y a libertad de expresión existan, debe protegerse a los periodistas de toda forma de violencia, presión o discriminación, de procesos judiciales abusivos y de cualquier intento de erosionar su capacidad de cumplir su función.

El periodista solo puede cumplir con su función si se garantiza su libertad y su seguridad. Y esto es una cuestión de todos.

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