“La dependencia se para”. Así al menos lo destaca el Observatorio Estatal para la Dependencia, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicio Sociales. Y es que 30.000 mayores mueren al año en España, de una intensa lista de espera, sin haber recibido la ayuda a la Dependencia que les correspondía. Ayudas que, en muchos casos, no llegan nunca.
Llama la atención que este toque al Gobierno, en general, y a la Vicepresidencia de Pablo Iglesias en particular, venga de la misma entidad, la de directivos de Servicios Sociales, a la que también pertenece el actual director del Imserso, Luis Alberto Barriga, nombrado para el cargo el pasado 20 de enero por el equipo del líder de Unidas Podemos. Unos datos duros y que alarman y de los que, al menos, en esta ocasión, el máximo responsable del Instituto de Mayores es consciente.
Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicio Sociales, “el nuevo gobierno debe aprobar por urgencia social un Decreto que aumente la financiación de la dependencia o asumir la ignominia de que en este año fallezcan más de 30.000 personas en situación de dependencia, sin recibir las atenciones a las que tienen derecho”.
Ralentización del sistema
Dos años con PGE prorrogados, y el incumplimiento del Gobierno de España de incorporar 459 millones más de financiación en el Nivel Mínimo, están teniendo como consecuencia una ralentización del Sistema, que se evidencia en los siguientes datos, según esta asociación de directivos de Servicios Sociales:
Por primera vez, desde 2016, aumenta el número de personas en espera de atención.
De hecho, el saldo de 2019 presenta 20.000 personas más en una lista de espera, que ya alcanza a 266.000 personas, el 19,2% de las personas con derecho. A ellos hay que añadir 160.000 expedientes -personas- que están pendientes de valoración, 30.000 más que hace un año. Con lo cual, la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza a 426.000 personas (50.000 más que a final de 2018), según datos del Observatorio Estatal de la Dependencia.
El 42% de las personas desatendidas (113.275, 15.000 más que el año anterior), son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.
Menos personas atendidas
El incremento de personas atendidas fue un 39% menos que el año anterior (99.444 beneficiarios más en 2018 y 60.904 en 2019. El plazo de tramitación es de 426 días de media (con grandes variaciones territoriales). Al ritmo de incorporaciones de beneficiarios de 2019 se tardarían casi cinco años para lograr la plena atención. Dos comunidades terminaron el año con menos beneficiarios que cuando empezó: Asturias -966, y Extremadura -952.
Ayudas más pequeñas
2019 registró un incremento de 60.000 servicios y prestaciones (sin contabilizar teleasistencia y prevención), 38.000 menos que el año anterior.
Más de la mitad de las nuevas prestaciones o servicios en 2019 corresponden a prestaciones económicas para cuidados familiares, y a servicios como teleasistencia y de prevención (55,5% del total). Servicios de bajo coste, insuficientes para las personas en situaciones de dependencia, especialmente de grado II y III.
Así la cuantía media de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar es de 247 € mensuales (140 € para el grado I, 245 € para el II y 340 € para el III).
La Ayuda a Domicilio, esencial para la permanencia en el hogar, tiene una intensidad media de 17 horas mensuales para el Grado I, 35 horas para el II y 54 horas para el III. Un número de horas totalmente insuficientes. Los servicios de mayor intensidad y coste (residencias, centros de día y asistente personal), para personas de grado II y III, sólo suponen, en conjunto, el 7,7% de las nuevas prestaciones o servicios en 2019.
Sin viernes sociales
No hubo PGE en 2019, no hubo “viernes sociales” para la dependencia, y “ahora parece que tampoco se prevee nada hasta los todavía inciertos PGE 2020”.
A juicio de estos profesionales de Servicios Sociales, “esta situación, el deterioro del Sistema, se puede agudizar si no se aprueba con carácter de urgencia los 500 millones que se frustraron en los PGE de 2019”.
Para la Asociación, “ No hay tiempo para esperar a la aprobación de los PGE 2020, ya que con ello no estarían disponibles hasta el último cuatrimestre, lo que impediría su ejecución efectiva en este ejercicio, dejando sin atender a 450.000 personas, y condenando a más de 30.000 de ellas a fallecer sin recibir la atención a la que tienen derecho reconocido, mientras que al final del año quedaría presupuesto sin ejecutar”.
“El nuevo gobierno, y el anterior en funciones, exhiben una palabrería progresista en esta materia, pero seguimos con presupuestos en dependencia del año 2012”, denuncian estos profesionales.
De hecho, 459 millones de euros permitirían atender a 70.000 personas más, y generaría 16.000 empleos directos, según esta asociación de expertos en servicios sociales.
