La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha señalado que “UGT ha iniciado una campaña de información y reclamación para restituir un derecho, que afecta a pensionistas que en su día trabajaron a tiempo parcial, y que han visto reducida su pensión como consecuencia de que les aplicaron un coeficiente reductor (coeficiente de parcialidad) a la hora de calcular la cuantía de su prestación”.

“Luchar contra la discriminación laboral es luchar contra la precariedad”

El sindicato ha informado del contenido y desarrollo de esta campaña en una asamblea celebrada en Pamplona, que ha contado con la presencia además de Mari Carmen Barrera, de la secretaria de Política Sindical de UGT de Navarra, Marisol Vicente y de una representación de la Unión de Jubilados y Pensionistas del sindicato, a cargo de Rafael Pérez Rivas.

Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) anuló el 3 de julio de 2019, por discriminación indirecta por razón de sexo, la reducción que se aplica para el cálculo del periodo de cotización de las trabajadoras y trabajadores a tiempo parcial, que reduce el número efectivo de días cotizados por estos trabajadores y trabajadoras a efectos de prestaciones, entre otras, la de jubilación.

Discriminación por razón de sexo

Según ha explicado la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, “aunque la demanda procede de un varón (profesor asociado universitario), la razón de la inconstitucionalidad se vincula estrictamente a una discriminación indirecta por razón de sexo. Por lo tanto, lo que se cuestiona realmente es la brecha de género en pensiones, en este caso, de jubilación, que perjudica a la mujer, más si trabaja a tiempo parcial, ya que, añadido a la brecha salarial, produce una discriminación múltiple. Esta cuestión es relevante a estos efectos, porque el Tribunal Constitucional no cuestiona, sin embargo, la brecha salarial, que tanta incidencia tiene también en la brecha de pensiones”.

La responsable de UGT ha recordado que la sentencia del TC sigue el criterio marcado por otra sentencia anterior, la del Tribunal de Justicia de la UE del 8 de mayo de 2019, que declaró tal coeficiente de parcialidad discriminatorio y, por lo tanto, contrario al artículo 4.1 de la Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre.

Efectos de la sentencia del tribunal constitucional

De acuerdo con la sentencia del TC, la medida sólo afectará a las personas trabajadoras a tiempo parcial vulnerables, esto es, a aquellas personas con un porcentaje de parcialidad a lo largo de su vida laboral inferior al 67% de la jornada a tiempo completo.

También quedan excluidas aquellas personas que, como resultado del cálculo de su pensión, tienen derecho a percibir el complemento hasta la cuantía mínima garantizada. En esos casos, la revisión del cálculo de la pensión derivada de la Sentencia y la elevación de la cuantía será absorbida en todo o solo en parte por la reducción correspondiente del complemento a mínimos.

Aunque la Administración está aplicando ya de oficio este derecho a las nuevas pensiones, la UGT ha iniciado este procedimiento judicial para que se repare este derecho a las viejas pensiones, las ya existentes. Así como la correspondiente revisión y pago de todo lo que deberían haber cobrado.

“Hay que hacer justicia con los jubilados y jubiladas que han trabajado a tiempo parcial (más de la mitad de ellos además de forma involuntaria, al no ser capaces de encontrar un trabajo a tiempo completo) y que han sido castigados en su vejez con un recorte en la cuantía de su pensión por la aplicación del coeficiente de parcialidad”, ha afirmado la dirigente de UGT.

La secretaria de empleo del sindicato ha puesto un ejemplo concreto para visualizar los efectos de esta nueva regulación y se ha referido a “una persona que haya trabajado 20 años, con una jornada a tiempo parcial del 50% y una base media de cotización de 700 euros, con la anterior regulación cobraría una pensión de 350 euros y tras la sentencia tendría una pensión de 429,8 euros”.

Barrera ha señalado que “esta sentencia es de aplicación inmediata, sin esperar a ninguna reforma legal. Sin embargo, la Seguridad Social, de acuerdo con lo que dice la Sentencia, limita su aplicación solo a las nuevas pensiones. Así, la nueva fórmula de cálculo, que prescinde del coeficiente reductor, se aplica solo desde el 12 de agosto de 2019 (fecha de publicación de la sentencia) y a las situaciones jurídico-administrativas no firmes”.

“Desde UGT defendemos la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que no se pueden limitar temporalmente los derechos de los afectados por esta discriminación. Esta doctrina prevalece sobre lo que digan los tribunales nacionales, incluido el TC español. Por tanto, se deben revisar, a demanda de los beneficiarios, también las pensiones anteriores a la sentencia del TC”, ha concluido Mari Carmen Barrera.

El 23% DE LOS PENSIONISTAS ESTÁN AFECTADOS

De acuerdo con los datos barajados por la propia Seguridad Social, el 23% de los pensionistas han cotizado en alguna ocasión por trabajar a tiempo parcial, y ha dicho que “esta sentencia puede beneficiar en nuestra Comunidad a más de 45.000 personas que trabajan a jornada parcial”.

UGT defiende la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece que no se pueden limitar temporalmente los derechos de los afectados por esta discriminación. Por tanto, el sindicato considera que se deben revisar, a demanda de los beneficiarios, también las pensiones anteriores a la sentencia del TC, y ofrece sus servicios jurídicos para que puedan reclamar todos los pensionistas afectados por el coeficiente de parcialidad, que ha reducido la cuantía de sus prestaciones.

Mejorar la protección social

La responsable de pensiones del sindicato ha afirmado que esta sentencia del TC “no va a resolver, totalmente, los problemas reales que tienen los trabajadores a tiempo parcial en materia de pensiones: cuantías bajas, limitaciones en el complemente de mínimos, acceso tardío a la jubilación anticipada y a la ordinaria, ya que la mayoría tendrán que hacerlo a los 67 años. Y ha reclamado al nuevo Gobierno “que asuma la obligación de corregir esas injusticias impulsando nuevas normas legales, consensuadas y en el marco del diálogo social”.

UGT defiende una reforma en profundidad para mejorar la protección social en nuestro país. Se trata de dar respuesta a estas formas de atipicidad en el empleo – más bien de precariedad laboral, en este caso, parcialidad- y desde un enfoque de género. Seguiremos denunciando estos problemas hasta conseguir una legislación adecuada. Se trata de dar una solución mínima a un sistema profundamente desigual y, a menudo, discriminatorio”, ha concluido. Mari Carmen Barrera.

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